En un reciente documento público, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) alertó sobre el país de un “industricidio”, producto de las políticas libertarias que afectan al sector productivo. Este espacio, formado por gremios como la UOM o el SMATA, recalcó que esta tendencia genera “la pérdida masiva de empleos y pone en riesgo la soberanía económica” del la Argentina, con efectos “devastadores” en el futuro inmediato.
El duro panorama que plantea esta entidad puede constatarse en los constantes conflictos que se producen, con plantas paralizadas, cesantías y baja en el consumo, alimentado por la apertura indiscriminada de las importaciones. Si bien las medidas del gobierno de Javier Milei son las responsables de este declive, el proceso no es nuevo, y según un reciente estudio es parte de la “segunda desindustrialización” que enfrenta el país, que comenzó en 2011 y está llegando a niveles de la última dictadura militar, el punto más profundo de la crisis de las últimas décadas.
Una de las características distintivas de la “nueva desindustrialización” respecto a la del último cuarto del siglo XX reside en que “se trata de un fenómeno que involucró políticas antagónicas –o, al menos, sustancialmente distintas– respecto a los estímulos (o desestímulos) a la expansión sectorial y de la economía en general”.
El estudio del Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores analiza las políticas industriales de las últimas cinco décadas, y marcó que el actual proceso es la “segunda desindustrialización” que vive el país. El paper, que fue elaborado por el investigador Pablo Manzanelli, recalcó que “una característica saliente de la desindustrialización de la economía argentina en el período 1976-2001 fue que no se trató, como en algunos países centrales, de una desindustrialización relativa”.
Las evidencias empíricas “corroboran esta afirmación para ambas oleadas de desindustrialización”. Respecto a la segunda, aclaró, “el valor agregado industrial exhibió una contracción absoluta del 19 por ciento entre 2011 y 2024”.
De este modo, “la nueva desindustrialización que lleva 13 años tuvo una contracción superior a la primera que perduró 26 años abordando el período 1976-2002”. De hecho, “en la primera oleada el valor agregado industrial se redujo en 10 por ciento”. Esta superioridad en la caída de la producción fabril se mantiene al excluir “el decenio de 1990 que tuvo una etapa de expansión sectorial tras la crisis hiperinflacionaria de 1989-90”.
Tal es así que entre 1976 y 1990 la contracción del PIB industrial “fue de 16,9 por ciento”. Se trata, por lo tanto, “de una segunda oleada de desindustrialización que no solo se sustenta en una larga crisis sectorial como fue expuesto en investigaciones anteriores sino también en un destrucción profunda de su entramado productivo, superior en su magnitud al de la primera variante de la valorización financiera”.
Para el trabajo de CIFRA, al que tuvo acceso Data Gremial, la “considerable magnitud de la crisis industrial actual se explica fundamentalmente por lo ocurrido en las administraciones de Cambiemos (2016-2019) y del primer año de la Libertad Avanza (2024)”, lo que no significa que “no haya habido descensos en la producción sectorial durante el último gobierno del ciclo kirchnerista y durante algunos años de la presidencia de Alberto Fernández, sino que en esos períodos la caída fue cuantitativamente inferior”.
En este período, el PIB industrial tuvo una caída de 1,6 por ciento anual acumulativo entre 2011 y 2024 y del 0,4 por ciento anual entre 1976 y 2002, y si se evalúa esa evolución per cápita “las contracciones anuales ascienden a 2,5 y 1,7 por ciento anual, respectivamente”.
Una segunda observación de importancia es que durante la segunda oleada de desindustrialización se verifica “una mayor contracción del producto manufacturero en el primer año de Milei (-9,2 por ciento y -10 por ciento per cápita) y durante la gestión de Macri (-3,6 por ciento y -4,5 por ciento per cápita anual)”. Estos niveles de reducción del valor agregado manufacturero son “efectivamente superiores a los del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (-1,6 por ciento anual y 2,5 por ciento anual per cápita), en tanto que en el Frente de Todos, pese a las caídas de la producción en 2020 y 2023, se registró una expansión sectorial en el período de 2,3 por ciento anual acumulativo (y de 1,3 por ciento anual per cápita)”.
Crecen los conflictos
Los datos detrás de este proceso de desindustrialización muestran que la combinación de recesión y apertura de las importaciones sigue golpeando las distintas industrias del país. Cada día, aparecen nuevos conflictos por despidos, suspensiones y protestas, incluyendo la crisis en el sector alimenticio. Esta semana, por ejemplo, la planta de Mondelez en Pacheco está en alerta.
La empresa advirtió al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sobre una “situación crítica” y busca un ajuste laboral, a días de vencer un acuerdo de estabilidad. La empresa culpa a la importación de productos similares y a la baja del consumo, que elevaron sus “costos de producción”. Ante esto, busca implementar ajustes en ausentismo, relevos y horarios de descanso para ser competitiva.
A esto se le sumó la realidad que viven otras empresas como Georgalos, donde se están reclamando por los despidos arbitrarios, y Molinos Río de La Plata, que está en conciliación obligatoria por el despido de al menos 10 operarios en la planta Esteban Echeverría.
La crisis industrial no sólo golpea a las empresas que se ubican en el conurbano o los grandes centros urbanos, sino que está llegando a todo el país.
Esta semana, la Unión Industrial de Tucumán emitió un comunicado sobre la crítica situación que enfrentan las empresas del calzado, textiles y alimenticias, como también los ingenios azucareros. Aseguran afrontar “serias dificultades para la continuidad de las operaciones y el sostenimiento de los puestos de trabajo”. Tras los casos de Scania, Topper Argentina y Papelera Tucumán, donde se ha registrado cesantías, reducción de salarios y suspensión de producción o cambios en las jornadas laborales, se conoció que más empresas decidieron adoptar o analizan medidas similares al no poder sostener la “delicada situación”.
“La industria tucumana atraviesa un proceso de crisis, resultado de múltiples causas del ámbito internacional y nacional”, advirtió la cámara privada, haciendo hincapié en la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la suba de aranceles de exportación, el tipo de cambio “poco competitivo” y los altos costos logísticos e impositivos. A esto se suman la caída del consumo a nivel mundial y una sobreoferta de países con alta producción.
Datos complementarios
El análisis de CIFRA coincide con la alerta de la CSIRA, que de acuerdo con el informe difundido la semana pasada, en 2024 la actividad manufacturera cayó un 9,4 por ciento, la construcción se desplomó un 27 por ciento y sectores clave como la minería también se retrajeron.
Desde 2023, más de mil empresas cerraron sus puertas y se perdieron cerca de 100 mil empleos formales. La CSIRA señala como principales causas “la apertura indiscriminada de importaciones, la falta de financiamiento, un tipo de cambio poco competitivo y la parálisis del mercado interno. Advierten que, de continuar este rumbo, se debilitarán las pymes, se destruirá la capacidad productiva nacional y se profundizará la dependencia del exterior”.
También cuestionan “la desregulación del cabotaje nacional, que permite a buques extranjeros operar en el transporte interno”.
Según los gremios, esto afectará el empleo y generará fuga de divisas. En materia laboral, exigen paritarias libres y denuncian la pérdida del poder adquisitivo, la precarización y las reformas que buscan debilitar derechos adquiridos. También repudian la “proscripción” de Cristina Fernández de Kirchner y alertan que “sin justicia independiente no hay democracia real”.
Finalmente, el documento reclama un cambio de rumbo. “La Argentina tiene los recursos, la infraestructura, el talento humano y el conocimiento científico para liderar una nueva etapa de desarrollo industrial. Lo que falta es decisión política, y el convencimiento de que sin industria no hay Nación. Y sin Nación, no hay futuro digno”, concluyó.