La difusión de los datos de pobreza enfrentó el optimismo del gobierno nacional, que aseguró que los datos son los más importantes desde el año 2018, y la advertencia de varios sectores, concluyendo los trabajadores del INDEC que pidieron “cautela” a la hora de analizar los números. Es que muchos de los especialistas aseguran que la cantidad de personas que salieron de la pobreza sigue siendo materia de controversia, al punto que muchos gremios y sus dirigentes pusieron en duda los valores anunciados. Es que detrás de los análisis, como pasa con el tema desempleo, lo que hay es una especie de “manipulación metodológica”, usada para disfrazar de alguna manera los datos. Un reciente estudio elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares revela que “casi el 85 por ciento de los trabajadores del quintil más bajo de ingresos se desempeña en condiciones de informalidad laboral”.
Esta dramática situación de “inseguridad laboral” se refuerza con las decisiones del gobierno de Javier Milei de eliminar definitivamente programas sociales como Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo. La profundidad de la crisis puede verse con otros datos, como el retroceso de casi un 40 por ciento del salario mínimo, que este mes mejoró su valor pero sigue siendo muy bajo respecto de la inflación y la suba de precios.
De acuerdo con el análisis de la UBA, al que tuvo acceso Data Gremial, entre los trabajadores con peores salarios (un 20 por ciento del total), “la tasa de informalidad alcanza al 84,8 por ciento, lo que significa que ocho de cada diez personas de ese segmento trabajan sin aportes, sin cobertura social y sin derechos laborales básicos”. En términos generales, agregaron, “la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores del país, con un aumento de un punto porcentual en la comparación interanual, al pasar del 42 al 43 por ciento de la población ocupada”.
El informe también desmonta algunos “prejuicios generalizados”, confirmando que las personas en situación de pobreza trabajan en promedio más horas semanales que quienes no lo están: 41,8 horas frente a 40,2. Y que apenas el 7,9 por ciento de las personas pobres en edad laboral se encuentra desocupada, mientras que el 59 por ciento tiene empleo en sectores como la construcción, el comercio o la industria, aunque esos ingresos no alcanzan para salir de la pobreza. La precarización —y no la falta de empleo— es el factor central para explicar la pobreza estructural. Las brechas se profundizan por tipo de ocupación, género y edad: entre los trabajadores por cuenta propia, la informalidad llega al 63,4 por ciento; entre las mujeres, al 44,4 por ciento y entre los jóvenes, al 67,4 por ciento.
Por eso, muchos especialistas afirman que detrás de los datos festejados por el gobierno hay una “manipulación de la forma de medir muchos indicadores”. “Es contradictorio, que baje la pobreza y el desplome del consumo de leche”, le dijo a Data Gremial un dirigente sindical, que prefiere ser prudente a la hora de analizar los datos. En este punto, coincidió con el análisis de la UBA que alerta sobre el aumento de la informalidad como dato destacado de este momento, más allá de la pobreza.
“La forma de medir la pobreza parece alejada de la realidad, la cantidad de asalariados que están en aplicaciones o emprendimientos lo muestra, lo mismo que las caídas de los indicadores de consumo”, agregó el mismo dirigente.
El análisis se completa con la preocupación que hay por el nivel de endeudamiento de las familias. El caso de la leche es notorio, y por eso no fue en vano que sea mencionado por el dirigente consultado. En 2015, primer registro de la serie histórica disponible en la web de la Secretaría de Agricultura de la Nación, se consumieron 1,428 billones de litros y, en 2025, apenas 1,084 billones de litros. Así, el consumo anual por habitante bajó de 32,8 litros a 23,7 litros entre ambos años (-28 por ciento), a pesar de que teóricamente la pobreza en 2015 se mantenía en un rango similar al de 2025, según las consultoras privadas.
Cierre
Ese cuadro, agravado por la gestión nacional de los últimos dos años, amenaza deteriorarse aún más por las recientes decisiones del Ministerio de Capital Humano, que anunció la eliminación del programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo, a partir del 9 de abril. La medida afectará a 950 mil personas que integran la economía popular en todo el país y retirará de la circulación 78 mil millones de pesos mensuales que hasta ahora se inyectaban directamente en el consumo de cercanía y las economías regionales. El monto individual del beneficio era de 78 mil pesos, congelado desde diciembre de 2023, cifra que representa menos del 6 por ciento de una canasta de pobreza que supera el millón trescientos mil pesos.
La ministra Sandra Pettovello anticipó que los programas serán reemplazados por un sistema de “vouchers de capacitación laboral”, una propuesta que las organizaciones sociales rechazan, calificándola de “ilusoria” en un mercado de trabajo que en los últimos años registró el cierre de cerca de 23 mil empresas y la pérdida de 350 mil puestos de trabajo registrados.
La eliminación de este programa también desfinanciará tareas comunitarias que el Estado no cubre: comedores, merenderos, postas sanitarias, campañas de vacunación y saneamiento ambiental en barrios populares, funciones que en muchos territorios garantizan la supervivencia cotidiana de miles de familias. Frente a este panorama, 86 organizaciones sociales, cooperativas y movimientos de la economía popular lanzaron un plan de lucha nacional que incluye asambleas en todo el país para este martes 31 de marzo y más de 100 cortes de rutas federales para el próximo 7 de abril.
Salario mínimo
La crisis de ingresos que potencia la idea de que la pobreza tiene otro impacto puede verse con la información que circuló esta semana respecto del salario mínimo. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el poder adquisitivo del ingreso base real cayó casi 38 por ciento. Los datos pertenecen a un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Según los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a diciembre de 2025 se identificaron unos 10.016.000 asalariados formales registrados en la seguridad social, abarcando tanto al sector privado como al público y el trabajo en casas particulares.
El reporte ubicó la cifra de trabajadores formales en diciembre de 2025 en valores similares a los de junio de 2022, lejos del crecimiento esperado para un período de recuperación económica. El documento del IIEP precisó que para diciembre de 2025 se acreditó una merma de 109 mil puestos de trabajo respecto al mismo mes de 2024, lo que equivale a una baja del 1,1 por ciento para el empleo asalariado formal total. En la comparación con noviembre de 2023, la pérdida asciende a 289 mil empleos (-2,8 por ciento).
Geográficamente, la reducción afectó a 14 provincias, con San Luis (-0,9 por ciento), Chaco y Catamarca (-0,7 por ciento en ambos casos) a la cabeza del descenso proporcional. Las provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron responsables del 57 por ciento y del 18 por ciento de la variación negativa del empleo privado formal, muy por encima de su peso en la estructura sectorial (31,5 y 8,4 por ciento respectivamente). El fenómeno no fue generalizado: seis jurisdicciones, entre ellas Corrientes (+0,8 por ciento), Neuquén y Formosa (+0,5 por ciento cada una), lograron incrementos modestos en el empleo.
El salario mínimo, vital y móvil experimentó sucesivos recortes en su poder adquisitivo durante siete meses consecutivos previos a febrero de 2026, coronando ese mes una baja adicional del 2 por ciento, tal como refiere el documento. La brecha se agudizó especialmente en septiembre y octubre de 2025, cuando el salario mínimo quedó estancado en 322.200 pesos frente a variaciones aceleradas en los precios.
De acuerdo al relevamiento del IIEP, en diciembre de 2023 comenzó una etapa de caída abrupta del salario real, con una contracción inicial del 15 por ciento debido a la aceleración inflacionaria y otro desplome del 17 por ciento en enero de 2024. “En todos estos meses los incrementos del salario mínimo nominal resultaron inferiores a la variación de precios”, subrayó el informe de IEEP, a cargo de los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria.
La secuencia de caídas solo encontró alivio en algunos meses en que el aumento nominal del mínimo igualó o superó la inflación, pero fue insuficiente para revertir la tendencia. El efecto acumulado de la crisis de precios y el deterioro de los ingresos llevó al salario mínimo real de febrero de 2026 a situarse en un nivel más bajo que el alcanzado antes del colapso de la convertibilidad, hace 25 años. A ello se añade una erosión del 65 por ciento en comparación con el valor máximo de septiembre de 2011, lo que convierte al ingreso mínimo de febrero de 2026 en apenas un tercio de ese récord.