La euforia con que la semana pasada el gobierno argentino presentó el salvataje que el Tesoro de Estados Unidos ofrecerá ante la crisis financiera se fue diluyendo con el correr de los días. El freno a la suba del dólar y otras mejoras en la economía fueron momentáneas, ya que la falta de detalles concretos del acuerdo fueron bajando “la espuma” del anuncio. Por ahora, se esperan detalles del convenio alcanzado con Scott Bessent y el presidente Donald Trump, que Javier Milei difundió con entusiasmo. Una de las cuestiones que trascendió que se reclamaron desde la Casa Blanca es que se avance con la reforma laboral, un pedido de las empresas norteamericanas desde que asumió el libertario, que se plasmó en la Ley Bases pero que la justicia suspendió por pedido de los gremios del país.
El propio presidente habló del tema a la vuelta de su visita a la ONU, y fue parte de la agenda de un nuevo encuentro del Consejo de Mayo, donde empresarios, la CGT y otros espacios buscan una agenda de consenso. Ante esta nueva ofensiva, la dirigencia se mantiene expectante, y considera clave una nueva derrota electoral, en este caso en las legislativas nacionales de octubre. Además de la reforma laboral, el pedido al país incluye una serie de cambios en el sistema de patentes a los medicamentos.
Si bien no hay confirmación de los pedidos realizados por el gobierno norteamericano para avanzar con el salvataje financiero a la Argentina, comenzaron a conocerse algunos temas puestos sobre la mesa. Uno de ellos es insistir con la reforma laboral, tema al que se refirió el propio presidente Mieli: “Tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario también sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos”.
Según las versiones periodísticas que circulan, el gobierno busca flexibilizar el mercado de trabajo mediante instrumentos impulsados originalmente por el DNU 70/2023 y luego incorporados a la Ley de Bases 27.742. Entre las principales modificaciones que evalúa el gobierno se encuentran: ampliación del período de prueba laboral de tres a seis meses, con la posibilidad de extenderlo hasta ocho meses en pequeñas empresas y 12 en microempresas; eliminar multas adicionales por trabajo no registrado; creación de incentivos para facilitar la inscripción formal de nuevos trabajadores; la figura de los "colaboradores" permite a un independiente sumar hasta cinco ayudantes sin generar una relación de dependencia tradicional; y modernización de la paritaria salarial; impulsa que los aumentos de sueldo se negocien con parámetros regionales y sectoriales.
Para el oficialismo, es clave la cantidad de bancas que logren sumar en octubre a nivel nacional, en un Congreso que en los últimos tiempos se le volvió muy ajeno a La Libertad Avanza, que sufrió una serie de derrotas a partir de la nueva mayoría formada por gobernadores y varios sectores provinciales. Esto se sabe desde los gremios, que tienen varios referentes en la lista del Frente Patria, que buscarán hacer contrapeso en este sentido. “La reforma laboral es seguramente una de las condiciones impuestas para desembolsar la ayuda económica por parte de Estados Unidos, junto otras reformas regresivas como la tributaria y la previsional”, le dijo a Data Gremial el titular de la Federación Gráfica Bonaerense Héctor Gringo” Amichetti.
La posibilidad de concretarlas, agregó el dirigente, “depende en gran medida del resultado electoral del mes de octubre”. En este sentido, Amichetti recordó que “la composición actual del Congreso complica el objetivo del gobierno y si no le va bien en las elecciones hasta se vuelve compleja la gobernabilidad y Trump, más que en la ayuda económica va a estar pensando en colaborar con un recambio político que no altere el alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos”.
Consejo de Mayo
Ya en el plano nacional, el gobierno llevó el tema de la reforma laboral a la nueva reunión del Consejo de Mayo, el espacio tripartito que busca consensuar medidas entre empresarios y sindicatos, que es foco de tensión dentro de la propia CGT y que hasta ahora se parece más a una foto mensual que a un espacio real de discusión. La nueva cumbre estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y se buscó avanzar con la reforma laboral, que ya había sido trabajada anteriormente, y abordó por primera vez la reforma tributaria, otra de las medidas pedidas por Estados Unidos.
“La Argentina es un país que tiene 52 por ciento de presión fiscal [sobre quienes tributan] y recauda 28 por ciento. Lo que nosotros estamos planteando es que hay una gran parte de informalidad, porque si vos tenés presión de 52 formal y recaudás 28, es porque hay una gran parte que no paga, un país en el que el 50 por ciento no paga”, dijo al salir de la reunión Martín Rapallini, jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Las reformas laboral y tributaria son de las consideradas “de segunda generación”, que la administración libertaria se propone para los próximos dos años de gestión. La tercera reforma es la previsional, que quedaría para 2027. Para todas ellas, el gobierno confía en tener una mayor robustez parlamentaria luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Hasta ahora, no se supo que esta tercera reforma haya estado en la agenda de la discusión con Estados Unidos.
El encargado de llevar la voz de los trabajadores es el líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez. La participación de la central obrera en la estas reuniones enfrenta a los sectores combativos con la conducción, que considera que es necesario estar en este tipo de mesas. Otros espacios, como la Corriente Federal de los Trabajadores o los gremios industriales, piensan lo contrario.
Otros pedidos
Además de la reforma laboral, las versiones periodísticas hablan de otros pedidos, vinculados a distintos aspectos de la economía. Uno de estos está relacionado con la industria farmacéutica, en momentos que el gobierno de Estados Unidos anunció un histórico acuerdo con el laboratorio Pfizer para bajar el pecio de medicamentos y vacunas. Según se especula, Trump le exigió al presidente argentino que nuestro país comience a respetar las patentes (propiedad intelectual) en el mercado de los medicamentos y de los productos agropecuarios. El tema, afirman varios medios especializados, surgió en las conversaciones entre el Marco Rubio, y el canciller Gerardo Werthein, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
En el país hay una ley desde los 90 que nunca se puso del todo en vigencia, sobre todo desde el 2012, cuando el Ministerio de Salud realizó una serie de reformas en el sector, haciendo que los laboratorios de la Argentina no pagan regalías por usar fórmulas de medicamentos o de productos agropecuarios que cumplan determinadas características. Por eso, el tema aparece en cada conversación bilateral en la agenda de discusiones.
Es que los laboratorios y empresas extranjeras afectadas presionan al gobierno de los Estados Unidos que introduzca esa condición en todos los acuerdos con nuestro país porque las pérdidas son multimillonarias. El pedido en concreto es que las empresas argentinas “paguen regalías” por inventos de los laboratorios de los Estados Unidos y otros países. En este tema se juega una importante interna en el gobierno, como pudo saber Data Gremial. Federico Sturzenegger busca desregular el mercado, alentando la compra de genéricos baratos en el exterior. En tanto, el ministro de Salud Mario Lugones, tiene fuerte relación con los laboratorios nacionales, que piden proteger la producción local.