En el marco del anuncio del índice de inflación de agosto, que se confirmó alcanzó una tasa del 1,9 por ciento, los trabajadores del INDEC realizaron una olla popular frente al organismo. La idea es reclamar la reapertura de paritarias y un aumento de emergencia para los estatales nacionales, y para denunciar una serie de irregularidades laborales en la administración pública. Una de ellas, que la Junta Interna de ATE viene denunciando desde hace años, es la cantidad de empleados contratados o que facturan sin estabilidad laboral. Se trata de “trabajadores de segunda”, que no tiene ninguno de sus derechos respetados, desde vacaciones y aguinaldo hasta subas salariales oficiales. El estado es un gran promotor de esta forma irregular de contratación, que hace una década no para de crecer. Con distintos nombres, como emprendedurismo o cuentapropismo, estas condiciones de trabajo informales aumentaron en la era libertaria, al punto de ser por primera vez más que el empleo formal registrado. Así lo alerta un informe, que además analizó la evolución del desempleo y los salarios, dos grandes problemas en la gestión de Javier Milei, que en muchos casos fueron parte del rechazo que recibió el gobierno en las urnas.
El informe conjunto del Instituto de Estudios y Formación (EIF) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) alertó sobre “la degradación de las condiciones salariales se combina con la expansión de formas de contratación supuestamente autónomas, como el monotributo, que da cuenta de un mayor hundimiento en la precariedad de la clase trabajadora”. En este sentido, el trabajo al que tuvo acceso Data Gremial marcó que “cerca del 70 por ciento de los monotributistas están inscriptos en categorías cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza”. Además, una parte importante de estos puestos de trabajo “encubre relaciones asalariadas disfrazadas de trabajo independiente”.
Esta figura, “convertida en la modalidad de inserción más extendida de los últimos tiempos es, en los hechos, una forma de deslaboralización que profundiza la subordinación y la vulnerabilidad de la fuerza de trabajo”. Si bien su explosión comenzó hace años, en la gestión de Javier Milei lograron lo impensado: ser mayoría en el marco laboral. Así, vale destacar que “la suma de cuentapropistas y asalariados/as no registrados (informales) es el 49,9 por ciento de los ocupados, y supera actualmente al total de asalariados registrados (formales)”. Esta característica “se da sostenidamente desde comienzos de 2022, mientras que en los años previos la relación se mostró fluctuante”.
En el recorrido histórico, el cuentapropismo “creció 1,5 por ciento entre 2017 y 2019, se mantuvo estable durante la gestión del Frente de Todos, para luego seguir creciendo con la llegada de La Libertad Avanza”. Este deterioro de las condiciones de empleo, que afectan al conjunto de la clase trabajadora, es “una consecuencia buscada por el programa económico impulsado por el gobierno”, recalcaron.
En caso de ser exitoso, agregaron, “algo que todavía está en dudas, buscará profundizar y cristalizar estos pisos como una nueva regularidad, al tiempo que se profundizarán los intentos de seguir modificando la legislación laboral en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras”. Para las entidades, “la resistencia colectiva que podamos construir constituye el primer paso para impulsar cambios sustanciales que vuelvan a poner la mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora en el centro de las políticas económicas, sociales y laborales”.
La cuestión salarial
El aumento de este nuevo trabajador tiene consecuencias directas en el mercado laboral, ya que cambia las características del empleo que se ofrece en el país, teniendo en cuenta que el peso del cuentapropismo evidencia “una tendencia creciente desde 2017 en adelante”. Por la forma de contratación, los crecientes niveles de precarización contribuyen a “explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor, expresado en el precio de una determinada canasta de medios”. Dicho de otro modo, “perciben una retribución insuficiente para alcanzar un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción”.
Es decir, son pobres. Si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que, al cuarto trimestre 2024, “el 28 por ciento de los trabajadores y trabajadoras son pobres (viven en hogares que no logran adquirir la Canasta Básica Total) y el 4 por ciento tiene ingresos familiares que ni siquiera logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir que son indigentes”. El incremento de la incidencia de la pobreza entre los ocupados alcanzó un nuevo escalón durante la crisis de 2018-2019, “llegando a fines del gobierno macrista a un 27,5 por ciento de trabajadores pobres, cuando a fines de 2017 afectaba al 18,2 por ciento”. De allí en adelante, osciló en niveles cercanos al 30 por ciento.
Precarización
Con el arribo de Milei al poder, el paquete económico implementado en diciembre del 2023 generó un “salto inflacionario, provocando un shock regresivo que, en conjunto con el severo ajuste fiscal impulsado por las políticas de motosierra y licuadora, impactaron en el poder adquisitivo de los hogares”. Lejos de ser un efecto indeseado, agregó el informe, “las medidas adoptadas buscaron inducir una recesión con el objetivo de recomponer las cuentas externas, con un impacto directo en las condiciones de vida de la población”. Por eso, los ocupados llegaron a un pico en el primer trimestre de 2024 en materia de pobreza, para luego ir descendiendo gracias a la desaceleración de la inflación, “forzada a costa de una apreciación significativa del tipo de cambio, que permitió una recuperación parcial de los ingresos reales en algunos segmentos”.
Uno de los sectores que sufren más de cerca esta realidad son los municipales, que vienen luchando para evitar los salarios de pobreza que pagan los intendentes de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, el tema estuvo de alguna forma en la campaña electoral reciente, en especial por candidatos de la izquierda, que se metieron con los bajos salarios de los trabajadores comunales, en distritos como Lanús. Allí, acusaron al jefe comunal Julián Álvarez de pagar “sueldos básicos de 30 mil pesos”.
El tema es largamente denunciado por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que pelean contra los bajos salarios y las condiciones precarias que viven sus afiliados, pese a tener una ley desde hace más de 10 años para buscar revertir estas cuestiones. En este sentido, fuentes del sector le dijeron a Data Gremial que si los cuentapropistas “cobran salarios de pobreza, los municipales estamos igual o peores”. “El deterioro es una advertencia a los intendentes, cuando la crisis estalle por estos temas no sólo se va a llevar puesto a Milei, sino a ellos también”, agregaron.
Otro tema que aparece en el informe es el pluriempleo, que se ha consolidado como “una estrategia de supervivencia para millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina”. Durante la gestión de Milei, subrayaron, el pluriempleo “llegó a un pico histórico hacia el cuarto trimestre 2024, alcanzando al 12,4 por ciento de los ocupados”.
Si bien en el primer trimestre 2025 se redujo por cuestiones estacionales vinculadas a las vacaciones, “al menos uno de cada 10 ocupados tienen más de un empleo remunerado, y a ellos se suman quienes, aun teniendo un trabajo, buscan activamente otro”. “Estamos hablando de millones de personas que necesitan más de un ingreso para sostener su vida, lo que expresa una profunda fractura entre empleo y reproducción material”, recalcaron. Este fenómeno se viene intensificando de manera sistemática “desde 2016 y tuvo un salto significativo durante 2024”.