Durante todo 2025, en Ministerio de Economía monitoreó con mucho celo el avance de las paritarias. Por orden de Luis “Toto” Caputo, se impuso un techo muy bajo para las negociaciones, que no superó el 1,5 por ciento mensual. Todo convenio por fura de esos parámetros, tuvo problemas para homologarse en la secretaría de Trabajo. El ancla de los salarios se impuso desde el sector público, donde estatales y otros sectores sufrieron en carne propia esta política, que generó una pérdida salarial considerable. Para este año, la situación parece mantenerse. Es que en los primeros meses del año el gobierno libertario guardó bajo siete llaves los aumentos para los trabajadores que dependen del Estado nacional, empezando con un ajuste en el salario de los empleados públicos: la baja del presentismo impone un recorte en los ingresos de hasta 150 mil pesos por sueldo. Además, para evitar la nueva forma de calcular paritarias que trae la Ley de Financiamiento Universitario, se presentó un proyecto que limita los incrementos de docentes y nodocentes, con cifras que un informe asegura son un nuevo golpe a los ingresos. Por todo esto, el “techo Caputo” está más vigente que nunca, y se espera que en los próximos meses crezca la conflictividad.
El año pasado, el techo salarial libertario impuesto por el ministro Caputo tuvo un fuerte impacto en el estado nacional, complementando el plan motosierra que inició Javier Milei. Según confirmo ATE, en el 2025 los salarios estatales perdieron un 45,3 por ciento por la imposición de la limitación salarial. Esta realidad se extiende a todas las entidades y organismos públicos. Un caso extremo de este ajuste salarial se vive en la Dirección de Vialidad Nacional, organismo que la gestión libertaria quiso cerrar varias veces, y que ante la imposibilidad de avanzar con esa medida, decidió desfinanciar. Así, dejó a los trabajadores sin aumento por casi un año y medio. “Tenemos la paritaria congelada hace 16 meses, la última reunión fue en octubre del 2024, donde pasamos a un cuarto intermedio, y luego no se reabrió más”, confirmó Fabián Catanzaro, secretario Gremios y de Prensa de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) ante la consulta de Data Gremial, el referente recordó que ante esta situación se presentaron a la justicia, que les dio la razón. “A partir de ese fallo comenzamos a negociar, pero en el ámbito privado gracias al acuerdo realizado en el juzgado”. Pese a esto, Catanzaro aseguró que “sigue todo parado por la negativa de las autoridades de Vialidad Nacional a negociar”.
El congelamiento salarial se justifica, según explicó Catanzaro, hasta que “termine los procesos de retiros voluntarios este mes, según dijeron las propias autoridades”. Además, afirmaron, se espera la “nueva estructura de la entidad”. Pero lo que saben en FEPEVINA es que la reapertura será con el “techo Caputo” como protagonista. “Por eso ya estamos convocando a jornadas de protesta por el tema salarial, y contra el vaciamiento de Vialidad Nacional”, recalcó el dirigente. Antes de esto, el gremio seguirá haciendo “todos los refuerzos para descongelar los salarios, en un panorama donde el gobierno al sacar el presentismo a los estatales les sacó cualquier aumento otorgado”. “Buscan todos los mecanismos para bajar los sueldos”, agregó Catanzaro. En cuanto a la paritaria del Estado nacional, la dirigencia de ATE confirmó que el próximo viernes 6 de marzo a las 14 fueron convocados por el gobierno nacional para reabrir la discusión salarial. Entre otras cosas, se llevará como reclamo una suma de 400 mil pesos que se sume a los salarios para compensar lo perdido.
Clima conflictivo
Uno de los primeros sectores que sufrieron este año el ajuste, anticipando que el congelamiento salarial se mantendrá este año, fue la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La semana pasada, la Coordinación Nacional de ATE en el organismo declaró el “estado de alerta y movilización” y anunció la realización de asambleas en todos los aeropuertos del país, un conflicto que se profundizó luego de que el gobierno resolviera desconocer y revertir un aumento previamente acordado, lo que derivó en la liquidación de los haberes cuando ya estaban publicados los recibos de sueldo. Ante esto, el gremio anticipó un paro general de actividades previsto para el martes 10 de marzo si no hay respuestas oficiales.
Según le dijo a Data Gremial el coordinador nacional de ATE-ANAC Marcelo Belelli, su perspectiva es que “no habrá ninguna solución de fondo, y ante esa situación los conflictos se van a recrudecer”. En este sentido, esta semana el gremio realizó asambleas en varios aeropuertos, y confirmó la convocatoria al paro de la semana próxima. “No tenemos ninguna perspectiva de ninguna solución, no hay ningún indicio de que vayamos por un camino distinto respecto de 2025, o que se pueda evitar el enfrentamiento”. Por eso, la única alternativa que ven desde ATE-ANAC es “profundizar las protestas”. Las asambleas comenzarán de manera inmediata en los aeropuertos de todo el país y podrían afectar la normal prestación de los servicios, generando demoras en partidas y arribos.
En caso universitario
Otro de los pasos que dio el gobierno que hacen pensar que habrá un nuevo congelamiento salarial es la decisión de no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, que generaba nuevos mecanismos para mejorar las paritarias de docentes y nodocentes. La nueva ley que quiere imponer la flamante mayoría parlamentaria libertaria “profundiza el ajuste”. Así lo establece un informe conjunto del Centro CIEN y el gremio FEDUBA sobre el impacto que tendría la reforma de la norma vigente. “Para cumplir con la recomposición salarial y presupuestaria prevista por la Ley 27.795, sería necesario incrementar en 2026 al menos 3,1 billones de pesos las partidas destinadas a salarios, funcionamiento, hospitales universitarios y becas, equivalente al 2,1 por ciento del presupuesto nacional”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial. “Básicamente el proyecto da por tierra con toda la deuda salarial que el gobierno contrajo con los docentes y no docentes en el año 2024 y 2025, sobre todo 2024, que fue el momento de mayor pérdida salarial producto de la devaluación que provocó Milei”, afirma el reporte.
Según se supo, la nueva ley ofrecerá solo un 12 por ciento a pagar en tres cuotas cuando la ley vigente establece un piso del 50 por ciento de recomposición. A diferencia de la ley sancionada, recalcó el trabajo conjunto, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso “no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, propone aumentos parciales del 4, por ciento en tres tramos durante 2026, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento”. Esto resulta en “una profundización del ajuste a las universidades y particularmente al salario docente”. En contraste con la ley actual que obliga al Gobierno a adicionar más de 2,7 billones de pesos a las partidas salariales (+63,68 por ciento) al presupuesto de este 2026, el proyecto del oficialismo “reduce dicha suma a 187.744 pesos (4,3 por ciento), lo que implica una diferencia de 2,5 billones de pesos que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública”.