Bajo la consigna “el Estado no está en venta”, más de 20 organizaciones sindicales de trabajadores estatales de distintas ramas protagonizaron este jueves un plenario multitudinario, que definió no sólo una nueva jornada de lucha contra el ajuste que propone el gobierno de Javier Milei, sino que además debatieron los ejes de un plan de acción conjunta, que permita pensar la actividad estatal más allá de la coyuntura.
En el auditorio de ATE nacional, los representantes de las distintas entidades rechazaron los dichos del mandatario, que en una reciente entrevista dijo que “el Estado es una organización criminal”. De esta forma, el Frente de Gremios Estatales definió que antes de fin de mes volverá a movilizarse, profundizando su rechazo a las políticas propuestas dese la Casa Rosada.
El espacio ya se había movilizado en una actividad a mediados de enero al Centro Cultural Kirchner (CCK), bajo las banderas de lucha contra el ajuste. En este contexto, las distintas comisiones que se formaron elaboraron un documento de análisis, donde además de exponer los planes del gobierno se remarcó que este plan “no pasa in represión”, para lo cual propusieron mantenerse movilizado. Además, se criticó el deterioro del salario, en base a los últimos datos sobre ingresos que elabora la Junta Interna del INDEC.
El plenario del Frente de Gremios Estatales convocó a una multitud que aprobó la continuidad del plan de lucha con la realización de una nueva jornada de protesta en la última semana de febrero. El debate principal giró en torno de cómo enfrentar las políticas de ajuste que están golpeando a todos los estatales, de las distintas jurisdicciones, y como el presidente Milei puso a los trabajadores públicos como sus enemigos.
En el acto principal, el titular de ATE nacional y anfitrión de la jornada Rodolfo Aguiar destacó la necesidad de “no abandonar la calle”. Junto a al dirigente estuvieron el titular de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Fachal, y la titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), María Fernanda Boriotti, entre muchos dirigentes que componen este espacio.
El plenario aprobó una declaración donde marcó que “frente a un presidente como Milei que sostiene que el Estado es una asociación criminal, que el Estado es el principal enemigo a vencer, el peor error que podríamos cometer los estatales es abandonar la calle”. La profundización del plan de lucha incluye cuatro puntos: “inmediato aumento salarial que supere la evolución de los precios; reincorporación de todos los trabajadores despedidos; pase a planta permanente de todos los precarizados; y rechazo a cualquier intento de privatización de todas las empresas estatales”.
“Se definió que cada organización realice asambleas y plenarios para definir una fecha para el plan de lucha, que tendrá un fuerte impacto en la actividad de la administración pública en todo el país”, le dijo a Data Gremial un dirigente presente en la actividad de este jueves.
Esto incluye, agregó, “una campaña en contra de las privatizaciones de las empresas estatales, que se hará en todas las dependencias, buscando explicar por qué las defendemos”. Además, se definió participar como frente de las dos grandes marchas que se preparan para marzo: la del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y la del 24 de marzo, que recuerda la fecha del golpe de Estado que inició la dictadura cívico-militar. En la discusión que se generó en el plenario se destacó la necesidad de “desarticular los discursos del oficialismo” en torno a la ineficiencia del Estado, y seguir coordinando entre los distintos espacios ya formados.
El Frente de Gremios Estatales se comenzó a reunir apenas asumió Milei, y cuenta con la participación de más de 20 organizaciones, como la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); Federación de Trabajadores de la Energía (FETERA); Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) y Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA), entre muchos otros.
Documento fundacional
Además de definir el plan de lucha, el plenario del frente definió un documento que sienta las bases de la lucha que buscan protagonizar los estatales en esta etapa. “La reforma regresiva del Estado en la Argentina es un objetivo esencial del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, lo que incluye completar las privatizaciones iniciadas en la década del 90, cuyos resultados negativos para el pueblo son ampliamente conocidos”, afirmó el texto consensuado, al que tuvo acceso Data Gremial.
En ese sentido, dijeron que “avanza la política económica con las medidas iniciales, especialmente la devaluación y la liberación de los precios”. En este sentido, se fijó que este espacio “tiene por objeto habilitar un debate sobre la coyuntura, las acciones del gobierno, el carácter y forma de la resistencia, tanto como la discusión sobre el modelo de país, pero también como expresión alternativa al rumbo que pretende la derecha bajo el liderazgo de Milei”.
Sobre la coyuntura política, los estatales analizaron que “el triunfo electoral de Milei se asienta en críticas a la ‘política’ tradicional y entre ellas al papel a desarrollar por el sector público en materia económica, por lo que resulta imprescindible habilitar una amplia discusión sobre el sentido de las políticas públicas para satisfacer derechos, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la energía, entre muchos otros, tanto como el aporte económico y social de las empresas públicas”.
Ello supone, recalcaron, “un debate al interior de nuestras organizaciones y de la sociedad sobre lo que representa cada empresa pública o el carácter de la intervención estatal para satisfacer derechos constitucionales, económicos, sociales, culturales”.
Además, los estatales rechazaron los decretos que firmó el gobierno apenas inició, como la decisión administrativa que deja sin estabilidad laboral a quienes la consiguieron en el 2023. Además, se criticó la Ley Ómnibus y el DNU de diciembre, que sigue vigente. Además, rechazaron el ya famoso “protocolo anti piquetes” que lleva adelante el Ministerio de Seguridad.
“Los datos de la realidad son elocuentes, con una inflación duplicada en diciembre del 2023 y una proyección cercana al 20 por ciento para enero y febrero sin actualizaciones suficientes de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o beneficios sociales, más allá de paliativos anunciados en bonos o ajustes misérrimos para ciertos ingresos, caso jubilaciones o AUH”, describieron.
Salario a la baja
El ajuste que se lleva adelante en el Estado incluye esta fuerte retracción del poder de compra de los salarios, que se aceleró con la devaluación y la inflación que se mantiene en dos dígitos. En este punto, los datos que difunde cada mes la Junta Interna del INDEC marcan que los trabajadores necesitaron en enero de 2024 “931.323 pesos para satisfacer sus necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar”. “Este valor se compone de 341.302 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y 590.021 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”, recalcó el informe, al que tuvo acceso Data Gremial.
La presente actualización fue calculada “luego de conocer la variación de precios del IPC, la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes al mes de enero del 2024, cuyas acumulaciones anuales fueron respectivamente de 254,2, 296,4 y 264,9 por ciento”. “Datos durísimos para quienes, como los trabajadores estatales, destinamos gran parte de nuestros ingresos para satisfacer nuestras necesidades básicas”, se quejó la Junta Interna del INDEC. “Este gobierno lleva un 51,4 por ciento de inflación acumulada en los dos primeros meses de gestión y según los pronósticos hechos por los especialistas la pérdida del poder de compra de los salarios estos últimos dos meses es de alrededor de un 17 por ciento”, concluyeron.