Entre las medidas más criticadas del “mega DNU” firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado está la derogación de la Ley de Alquileres, una norma que intentó proteger a los inquilinos y regular el mercado inmobiliario, pero que por las trabas que se pusieron y las reformas realizadas nunca terminó de ponerse en marcha. A partir de su anulación provisoria –se espera que el decreto presidencial tenga el aval del congreso o que la justicia declare su constitucionalidad –algunos sectores sostuvieron que hubo un aumento de las propiedades en alquiler, pero distintas entidades rechazaron esta idea. La disputa sigue abierta, mientras los valores siguen aumentando, lo mismo que los contratos con condiciones muy perjudiciales para quienes buscan donde vivir, que además deberán sufrir en marzo un nuevo incremento. En este contexto, los trabajadores y asalariados destinan cada vez más parte de sus sueldos al pago de los alquileres, una situación que crece desde hace décadas. En este sentido, un reciente informe marcó que la “inquilinización del país” afecta principalmente a los empleados. Uno de los problemas que existen es que las canastas de pobreza e indigencia del INDEC no miden este valor, que si se suma como en el reporte que hace los trabajadores del organismo ambas líneas se incrementan un 30 por ciento, lo que marca el de este gasto.
El reporte del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma analiza el impacto de la derogación de la Ley de Alquileres, en un contexto donde cada vez más trabajadores deben recurrir a esta forma de vivienda, que está en niveles cada vez más alto en los últimos años. El trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, remarcó que en la Argentina “casi 8 millones de personas acceden a una vivienda a través del alquiler”. “La expansión e impacto de esta forma de tenencia de la vivienda en las últimas décadas lo ha transformado en uno de los principales emergentes de la problemática habitacional que sufre nuestro país”, destacó el informe. En este contexto, las desregulaciones que propone el gobierno de Milei en el mercado de alquileres “promueve una profundización de la crisis de acceso a la vivienda con implicancias difíciles de dimensionar, pero todas generando mayor exclusión y mayores asimetrías en los sectores populares”. Una de las conclusiones del IEF es que en los últimos años se vivió una “inquilinización” que afecta a los trabajadores, a partir de presentar un panorama demográfico de los hogares que poseen un régimen de tenencia de alquiler, a partir de los datos censales. Los mismos “permitan dimensionar su evolución e incidencia”.
Para la entidad, la cuestión del alquiler en el país “se posiciona dentro de una política que entiende que el abordaje de la problemática es una cuestión de derechos sociales, específicamente de aquel vinculado al acceso justo a una vivienda digna, garantizado por nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales a los cuales adscribe”. Esta posición, agregaron, “es central para orientar las políticas del Estado, en tanto garante de derechos, que deben evitar caer en abordajes que solo entiendan esta problemática como un problema entre partes y/o como una relación de servicio”. En segundo lugar, el informe mostró “la complejidad y la incidencia de esta forma de acceso a la vivienda en la configuración habitacional actual, dando lugar y visibilizando las diversas maneras en que impacta sobre los diferentes sectores poblacionales, pero a su vez entendiéndolo como parte del proceso neoliberal de acumulación del capital sobre la tierra y la vivienda”.
Que dice el DNU
A partir del DNU que entró en vigencia el 29 de diciembre del año pasado, la Ley de Alquileres fue derogada, por lo cual los contratos volvieron a regirse por el Código Civil y Comercial, como se hacía antes de junio de 2020, con la particularidad de que ahora las partes “tienen libertad para hacer los acuerdos”. De igual manera, todos los contratos que fueron firmados antes del decreto bajo la normativa que estaba vigente y por irretroactividad de la ley, “deben mantener las condiciones en las que fueron acordados hasta que terminen, ya sea por su finalización o por rescisión”.
Otro cambio importante es el que genera la forma de combatir la inflación. En la actualidad, en lugar de utilizar el Índice de Contratos de Locación (ICL) que usaban los contratos firmados bajo la Ley de Alquileres después de julio del 2020 o el índice Casa Propia (que aplicó para los pocos contratos que se firmaron entre el 18 de octubre pasado y hoy), inquilino y propietario “podrán acordar libremente a qué índice, público o privado, atar el valor del contrato”.
Rechazo gremial
La decisión del gobierno fue rechazada por los gremios y las entidades de inquilinos, que son fundamentalmente trabajadores. Por eso en el paro general de la CGT, que se realizó el pasado 24 de enero, el tema de la derogación de la ley fue una de las consignas. Por esto, en enero pasado también la central obrera se reunió con Gervasio Muñoz, el representante de la Federación de Inquilinos Nacional, quien tras el encuentro dijo que hablaron de “la situación política, las condiciones dramáticas que estamos viviendo los inquilinos”.
Una dificultad que existe para medir el impacto de la suba de los alquileres en los salarios es que el INDEC no lo incluye en su canasta básica. Los datos contemplaron que, para enero de este año, la canasta de pobreza en el AMBA para una persona adulta fue de 193.146 pesos y para una familia tipo de 596.823 pesos, sin considerar el alquiler. Pero los trabajadores del INDEC vienen midiendo una canasta de bienes y servicios que sí incluye este ítem. En este punto, los datos que difunde cada mes la Junta Interna del INDEC marcan que los trabajadores necesitaron en enero de 2024 “931.323 pesos para satisfacer sus necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar”. Esta diferencia de más de 300 mil pesos es el paso del alquiler en los asalariados.
Por último, el IEF concluyó que el alquiler “durante mucho tiempo se caracterizó por ser invisible y/o marginal en el universo de las políticas destinadas a mitigar este problema”. “En gran parte se debe a la hegemonía del sector inmobiliario que impone su mirada de mercado, restringiéndolo a un problema entre particulares, desestimando o naturalizando las prácticas abusivas y sosteniendo que una cuestión entre privados debe ser ajena a la intervención del Estado. Por ello, más allá que para el sector de los trabajadores que alquilan, el impacto sobre su vida es de gran relevancia, los sectores vinculados al negocio inmobiliario han logrado imponer su posición y gravitado sobre la ausencia de políticas públicas de intervención o control”, cerró la entidad.