Con cierta ambigüedad que permite a todos los bandos despegarse de cualquier crítica, los grupos internos de la CGT acordaron avanzar en un “plan de lucha escalonado” contra el modelo laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, con la Ley de Modernización como nave insignia. El debate dejó marcado la diferencia que existe en las diversas tribus de la central obrera, que no terminan de unificar un criterio respecto de las medidas a adoptar, aunque la tensión no llega a ser una amenaza contra la unidad. Durante la cumbre, que duró más de cuatro horas, hubo dos posturas claras. La que llevaron un grupo de gremios apadrinados por Luis Barrionuevo, que reclaman un paro de 36 horas, y la idea de las medidas de fuerza “a la francesa”, que apuntan a realizar acciones por sector, articuladas y en un tiempo determinado. Los números de manos alzadas favorecieron esta segunda, que se impone, aunque todavía no se saben detalles de su implementación.
Ante cierto clima de descontento por la falta de contundencia del anuncio, varios referentes de la conducción –que impulsa el plan de lucha aprobado –salieron a aclarar que esto no cierra la puerta a un nuevo paro general, más bien lo contrario: a medida que avances estas medidas, será inevitable. En la discusión apareció la necesidad de articular “una salida política” a esta realidad, y ahí cobra importancia la figura de Héctor Daer, ausente con aviso en la reunión del jueves pasado. Casi al mismo tiempo que se discutían estas cosas, el gobierno golpeó el financiamiento de los gremios, y puso otro condimento al cuadro general de situación.
El debate en la CGT estuvo atravesado por las dos grandes miradas respecto al futuro plan de lucha. Como se sabe, la postura más radical la llevó la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, sindicatos que consideran “insuficiente” el esquema de protestas escalonadas que impulsa la conducción cegetista y exigen una medida de fuerza “de mayor impacto”. Según pudo saber Data Gremial, a esta idea se le contrapuso la mirada de la conducción, que acusó a los dirigentes de querer “quedar bien” con esa medida, y les recordaron que el cuarto paro general realizado a este gobierno, en el verano de este año, no contó con su apoyo. “Ahora se volvieron combativos”, fue uno de los comentarios realizados en el debate.
La conducción quiere implementar la protesta por ramas como propuso Juan Carlos Schmid, y que cuenta con el aval de las principales entidades confederadas. Impuesto el número –los dialoguistas cuentas entre sus filas con los grandes gremios de servicio, que les da una ventaja ante el esto –la discusión quedó centrada en la forma de llevar adelante la medida. Ahí, comenzó el hermetismo, y pese a que hay ideas sobre la mesa, se mantiene en la intimidad de la mesa chica cegetista.
Lo que si se supo es que algunos dirigentes pusieron como ejemplo la lucha de los universitarios para intentar forzar una actitud más enérgica. “Le arrancaron un aumento al gobierno y obligaron a la justicia a fallar a su favor, porque pusieron a la gente en la calle”, fue la reflexión de otro de los dirigentes presentes. En este punto, se recordó que los gremios docentes de la central obrera están planteando un paro nacional para después que finalice el Mundial de Fútbol, ante la decisión de la gestión libertaria de no convocar a la paritaria nacional.
Ahí podrían confluir las primeras protestas escalonadas. Una de las cosas que sorprendió fue que la propuesta radical llegue de un sector como el barrionuevista, cuyo referente incluso estuvo cerca de la figura de Milei. “Se fueron todos al FreSU”, fue la respuesta que recibió este portal respecto de la ausencia de dirigentes combativos, haciendo alusión al Frente de Sindicatos Unidos, que articulan por fuera de las centrales obreras. Tal vez para salvar eso Cristian Gerónimo se reunió con Pablo Moyano, y busca sumar al aceitero Daniel Yofra.
Respuesta política
Otro tema debatió en la cumbre del jueves es la necesidad que a la coyuntura actual haya una respuesta política, en especial desde el peronismo. En medio de la interna que enfrenta a La Cámpora con el espacio del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, los gremios dividen sus preferencias, pero saben que hasta que no haya una definición de esa puja, la salida política a la crisis será incierta.
Además que se resolverá recién en año que viene. “Tiene que generarse, fuera del contexto propio del movimiento sindical, una proyección política para que haya un cambio sustancial el año que viene durante las elecciones de 2027”, dijo sin vueltas luego de la reunión en Azopardo el dirigente estatal Andrés Rodríguez, que ponderó el debate y las ideas proyectadas.
En la central obrera, más allá de algunos dirigentes cercanos a Máximo Kirchner, como el metalúrgico Abel Furlán, la mayoría podría decirse que tiene sus simpatías puestas en el mandatario bonaerense, empezando por alguien que será clave en esta respuesta política: Héctor Daer.
El dirigente de la Sanidad es el encargado de tejer las relaciones entre Kicillof y los gremios, en especial con la CGT. Las regionales bonaerenses de la CTA están alineadas a su proyecto, aunque las complejas paritarias estatales comenzaron a tornar difícil esta relación.
En el caso de Daer, el dirigente es el enlace político con el peronismo, en especial con los gobernadores. Fuentes consultadas por Data gremial confirman que ese puesto fue el que lo llevó a apoyar al tucumano Juan Manzur para ser parte de la fórmula del peronismo en 2023, y ahora hace lo propio con el bonaerense. Para eso, también se reúne con otros mandatarios, como esta semana con el santacruceño Claudio Vidal, con quien compartió un acto de su gremio en el entorno de Daer niegan que haya algún acuerdo político, y rechazaron las críticas a la ausencia del dirigente en el cónclave cegetista. Todo apunta a que se acercaron posturas con un gobernador cuyos diputados vitaron en algún momento con el gobierno nacional.
Golpe
En medio de las discusiones por el plan de lucha, el gobierno apuró una de las medidas que más alerta a los gremios, vinculado a su financiación. En el marco de la reforma laboral, fijó el tope de 2 por ciento a las retenciones que hace el empleador al trabajador, que gira directamente al sindicato -en algunos gremios esa cifra puede tocar el 7 por ciento del salario bruto- y la exigencia de renovar paritarias o de lo contrario caen todos los beneficios no renovados.
La reglamentación de la reforma laboral es clara al respecto: “Quedan excluidas las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”. Lo garantizado hasta ahora son el aporte del 6 por ciento de contribución a la salud por parte empleadora y del 3 por ciento del empleado.
En este contexto, la secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero pero con importante injerencia del ministro Federico Sturzenegger, mandó las notificaciones a los representantes gremiales para renovar los convenios, y con la novedad respecto al financiamiento. “A través del dictado de la presente se hace saber a las partes que se da inicio al procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, correspondiendo comenzar con la negociación colectiva respectiva; teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 14.250 (t.o. 2004) y sus modificatorias y conforme los criterios establecidos por el artículo 4° del Decreto 407/2026”, reza el texto que llegó a más de 800 entidades.
El golpe principal para los gremios está en el financiamiento convencional. La Ley 27.802 fijó que los aportes y contribuciones previstos en convenios a favor de asociaciones de trabajadores, válidos para afiliados y no afiliados, no pueden superar el 2 por ciento de las remuneraciones; y excluyó de ese tope la cuota sindical de afiliados y beneficios especiales por afiliación.
Muchos gremios y estructuras vinculadas tenían asegurados por convenio ingresos como aportes solidarios de no afiliados, contribuciones empresarias, fondos convencionales, fondos de capacitación, institutos sectoriales, mutuales o entes administrados por el sindicato. Ahora esos ingresos quedan bajo revisión: si son cláusulas obligacionales de convenios vencidos, ya no tienen continuidad automática salvo acuerdo de partes; y si superan el nuevo tope, deben adecuarse y homologarse.