Poco antes de perder las facultades delegadas, el gobierno nacional disolvió o fusionó más de 20 organismos del Estado, completando el desguace prometido con la motosierra como emblema. Como se viene alertando, estas reformas tendrá como inevitable consecuencia nuevos despidos de trabajadores públicos, además de dejar a la gestión pública con menos herramientas para realizar sus tareas. A esto se le suman los más de 50 mil despidos que se concretaron desde que Javier Milei es presidente, y que se incrementarán en este nuevo proceso de ajuste. Esta semana, un nuevo decreto parece profundizar este camino. Es que el gobierno estableció un nuevo mecanismo de selección de personal que está en disponibilidad, y que tiene 12 meses para ser requerido por otra dependencia. Se trata de empleados de planta permanente que pertenecían a organismos ya disueltos, que buscan una nueva ubicación para cumplir tareas.
La iniciativa puso en alerta a los gremios, ya que se espera que muchos trabajadores de entidades afectadas por la última reforma sean incluidos en ese registro, perdiendo la estabilidad laboral. “Blanquea un procedimiento irregular”, dijeron las fuentes consultadas, que vincularon esta medida a un intento de “no pagar indemnizaciones” a ese personal cesanteado.
El denominado Procedimiento para solicitud de perfiles al Registro de Disponibilidad fue puesto en marcha esta semana mediante la resolución 54/2025 del Ministerio de Desregulación. Esta guía está destinada a los organismos y jurisdicciones cuando necesiten cubrir un cargo vacante; mediante el procedimiento podrán solicitar la búsqueda de un perfil en el Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad. Este registro se creó el año pasado para que el personal de organismos disueltos o en proceso de cierre sean incluidos, para buscar un nuevo puesto.
Para eso tienen 12 meses antes de que se comience el proceso de cesantía. Al respecto, la medida expresó que “deviene necesario en esta instancia aprobar el procedimiento que permita a las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades solicitar perfiles para la cobertura de un cargo vacante con personal que se encuentre incorporado al Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, con el objetivo de hacer efectiva su reglamentación”. La puesta en marcha del registro creado por la Secretaría de Transformación del Estado fue considerada por los gremios estatales “una artimaña” que Federico Sturzenegger encontró para seguir con su objetivo de “vaciar el Estado”.
Una vez publicada en el Boletín Oficial, comenzaron a circular interpretaciones respecto a este nuevo procedimiento, y lo que puede pasar con el personal de las dependencias cerradas recientemente, como Vialidad Nacional, o el INTI y el INTA. “Lo que viene a hacer este procedimiento es blanquear una situación irregular”, le dijo a Data gremial una fuente que conoce muy bien el funcionamiento del Estado nacional. La lectura que hacen los gremios que esta medida “afecta a los que ya ingresaron al registro en 2024”, y no a quienes pueden hacerlo este año.
El problema es que “hay una especie de orden tácita de no hacer esos requerimientos”, es decir, cuando hay una posible vacante en el Estado, se hace la búsqueda en este registro, pero en un momento “se traba”. “Así se busca pasar los 12 meses de reserva del puesto, y después avanzar con el despido, aunque el trabajador sea planta permanente”, agregó la misma fuente consultada. Otra de las críticas que se hace es que “no se entiende el mecanismo para hacer las selecciones”, lo que facilita esta traba tácita que se está generando en estos días.
Indemnizaciones
En definitiva, la nueva normativa permite que el personal que debió ser reubicado tras el cierre de la dependencia en la que trabajaba, también quede al borde del abismo, incluso si fueran planta permanente. En caso de que el trabajador siga en funciones, el registro establece una serie de requisitos y trabas que hacen que su permanencia sea tan selectiva que “penda de un hilo”. No solamente deberá cerrar su perfil sino que, además, deberá ajustar su idoneidad para un área en la que nunca se desempeñó pero a la que fue trasladado de facto.
Por lo oscuro del mecanismo, si el trabajador no ocupa la vacante, puede ser acusado “de abandono de trabajo”. “Esto se hace de esta manera para que intentar no pagar las indemnizaciones, incluyendo las de personal de varias décadas de servicio, que tienen que recibir un monto importante”, alertó otra fuente consultada por Data Gremial.
La resolución 54/2025 entró en vigencia al momento de su publicación en el Boletín Oficial y lleva la firma del Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Narciso Fariña. Esta dependencia está incluida en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado liderado por Federico Sturzenegger. Según datos oficiales desde la gestión libertaria (diciembre 2023) se echaron a 50.591 trabajadoras en funciones dentro de organismos públicos, y se examinaron a 47.642 personas de las cuales aprobaron el 93,8 por ciento. Muchos de estos pueden ser parte de esa nueva depuración, por este mecanismo que los dirigentes consultados ponen en duda sobre su intensión final. Según el texto de la resolución, el registro en cuestión es “aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad y afectado por medidas de reestructuración o de reducción” tomadas previamente. Y sólo podrá ser aplicado en el personal que se haya incluido en él.
Más motosierra
En tanto, a una semana de que se publicaran los decretos “post facultades delegadas”, sigue la incertidumbre sobre los efectos de las fusiones y los cierres, mientras los trabajadores y los gremios prometen resistir. Por ahora, el proceso sigue avanzando. En estos días se conoció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado analiza vender más de 100 predios en los que están divididas 101 mil hectáreas del INTA, organismo clave en las provincias y en el interior bonaerense es clave para la actividad agropecuaria.
El organismo científico una superficie total aproximada de 101.500 hectáreas, distribuidas en 100 predios o campos de alrededor de 1.000 hectáreas cada uno. En el gobierno aseguran que de ese total de hectáreas “solo 54 mil se encuentran actualmente en uso efectivo, ya sea para actividades de producción agropecuaria o de experimentación tecnológica”.
La evaluación de los terrenos se da después de la habilitación para que intervenga el organismo de parte del Consejo Directivo y del decreto que anunció a través del Boletín Oficial, esta semana. Hasta que llegue la formalización, en todo el país están en alerta sobre los pasos a seguir. “Los últimos decretos hacen que el INTA y el INTI, entre otros, esté al borde del cierre, y a menos que haya una intervención de alguna medida cautelar, el desguace es inminente”, le confirmó a Data Gremial un dirigente de estos organismos, que admiten que la venta de terrenos “generará el despido de 1.500 personas, la mayoría de alto perfil técnico.