La semana pasada, el gobierno nacional avanzó con el cierre de más de 20 organismos estatales, que pasaron a ser parte de la estructura de los ministerios o se fusionaron entre sí, en el marco de las medidas tomadas antes de que se pierdan las facultades delegadas. Ante esto, los gremios anunciaron una serie de medidas para revertir estas transformaciones, que incluyen amparos judiciales como los que presentaron los sindicatos de Vialidad Nacional, o un plan de lucha con acciones directas con marchas y movilizaciones.
En este sentido, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) siguen en pie de lucha y advierten que van a resistir “el vaciamiento” del organismo por decreto. Desde hoy lunes mantienen movilizaciones, asambleas y hasta fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad cuando quisieron manifestarse en la calle la semana pasada. A través del DNU 462/2025, le quitaron la autonomía y lo redujeron a una dependencia de la Secretaría de Comercio e Industria bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo.
Según afirman, el ministro Federico Sturzenegger anunció que buscan despedir al 30 por ciento de sus trabajadores, es decir al menos 700 personas de las 2300 trabajadores en todo el país. Para Giselle Santana, de la asamblea multisectorial del INTI, sostuvo que “si bien no es un cierre es dejarnos en estado de coma”. “Con mucha a decisión a darla vuelta. No podemos dejar pasar así no más que se arrebate por decreto 70 años de historia”, remarcó en declaraciones radiales.
Amparo por Vialidad Nacional
En tanto, el decreto 461/25 del gobierno nacional desató una fuerte reacción gremial, política y judicial. La medida, que establece el cierre de Vialidad Nacional, provocó un rechazo inmediato por parte de los sindicatos que representan a los más de cinco mil trabajadores del organismo, que ya desplegaron acciones concretas para frenar la decisión del presidente Javier Milei. Los gremios impulsan un amparo en la justicia laboral para declarar inconstitucional la medida, y además trabajan junto a legisladores en un proyecto de ley para derogarla en el Congreso. Las presentaciones apuntan contra lo que consideran un decreto arbitrario, ilegal y que pone en riesgo tanto los puestos laborales como la seguridad vial del país.
La Dirección Nacional de Vialidad fue creada por ley hace más de 90 años. Desde entonces, ha sido el organismo encargado de las licitaciones, construcción, mantenimiento y señalización de rutas y puentes en todo el territorio nacional. En los últimos años, su rol tomó mayor visibilidad por la causa Vialidad, que involucró a Cristina Kirchner y ex funcionarios. El decreto presidencial que plantea su cierre será impugnado con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien presentará un amparo con foco en dos ejes: la inconstitucionalidad del decreto y los riesgos laborales y viales que implica la eliminación de la DNV.
El argumento central es que el Poder Ejecutivo no puede eliminar por decreto un organismo creado por ley, como es el caso de Vialidad. Según el artículo 76 de la Constitución, las facultades delegadas al Ejecutivo deben tener límites precisos y no pueden violar la autarquía de instituciones como la DNV. Los gremios también presentaron un petitorio dirigido a gobernadores, diputados y senadores, con el objetivo de sumar apoyo político a la causa. El texto fue firmado por los diputados Esteban Paulón y Mónica Frade, además de legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Protesta en salud
En tanto, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) convoca el jueves 17 de julio a un Paro Nacional de Salud con movilización desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. La medida es de carácter federal y es “en rechazo al enorme daño que están ocasionando las políticas de ajuste del Gobierno Nacional a las residencias públicas y al sistema de salud en su conjunto”.
Pablo Maciel, presidente del gremio que nuclea a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) e integrante de la mesa nacional de FESINTRAS, recalcó que “estamos frente a un gobierno que se ha planteado seriamente liquidar las residencias y la salud pública. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se destruyan las residencias, los hospitales y que se pase por arriba el derecho a la salud en Argentina”.
En la antesala a la convocatoria de la jornada, desde FESINTRAS indicaron que la marcha se está construyendo desde un amplio espectro participativo. “Además de trabajadores y trabajadoras de la salud, se sumarán decanos y rectores de universidades, usuarios del sistema, docentes e investigadores, jubilados, estudiantes, organizaciones comunitarias y sindicales”, precisaron al respecto.