En el marco de una serie de propuestas que buscan desmantelar la motosierra libertaria, los gobernadores de varias provincias impusieron una alianza en el Senado, y dieron media sanción a dos proyectos que buscan mitigar el ajuste en los fondos coparticipables. Se trata de la iniciativa que reforma la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles, que podría convertirse en ley este miércoles, si la cámara baja logra los votos necesarios. En medio del famoso “poroteo”, los bloques opositores busca los consensos para aprobar estas iniciativas, que tiene especial incidencia en los recursos que llevan a las provincias. En el segundo de los casos lo que pretende la propuesta es que los fondos que deben ir a la Dirección de Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas pasen a los gobiernos locales, ante la parálisis de las obras. La medida es rechazada por los gremios del organismo, que no respaldan este cambio. En medio de la pelea por evitar la disolución de la entidad, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) ratificó sus críticas a la iniciativa, que fue calificada de “catastrófica”. Un informe alerta que los fondos recaudados por el impuesto no llegan a las obras, lo que añade más polémica a la disputa.
Según las versiones periodísticas, la cámara de Diputados se encamina a lograr este miércoles 20 el quórum primero y después los votos para aprobar las dos normas que entregan más recursos a los gobernadores. Las propuestas impositivas impulsadas por las provincias se aprobaron el pasado 10 de julio en el Senado, y mañana junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de discapacidad, son los temas que monopolizarán la sesión impulsada por los bloques opositores.
Se especula QUE Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, pidieron la sesión especial para tratar los proyectos sobre ATN y de impuesto a combustibles, además de una reforma al Régimen Penal Tributario, y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el Caso Libra. En todos los casos estaría garantizada la sesión, pero no los dos tercios ante un eventual veto de esas leyes, ya que el gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió el grupo de los mandatarios.
El dictamen de mayoría que respalda el texto votado por el Senado respalda la decisión de eliminar fondos fiduciarios, pero establece una nueva distribución del tributo para que el gobierno nacional sólo pueda tener el 14,29 por ciento de los recursos y el grueso de ese dinero se envié a las provincias.
El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29 por ciento para el Tesoro Nacional, un 52,02 por ciento para las provincias y un 28,69 por ciento para el Sistema Único de Seguridad Social.
De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25 por ciento entre las jurisdicciones y el 75 por ciento de la acuerdo a los índices de coparticipación. Hasta ahora, el 10,4 por ciento va a las provincias, el 28,69 a la ANSES, y el 24,29 al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que hoy se eliminaron, con lo cual esos recursos quedaron en manos de la Nación.
En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.
Rechazo sindical
La propuesta de los gobernadores es parte de una serie de medidas para desactivar el ajuste de los fondos nacionales, que no están llegando a las provincias, como parte del plan motosierra. Las propuestas se discutieron en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), que reúne a todos los Ministros de Economía de las provincias, pero no consiguió apoyo de los trabajadores de Vialidad nacional que pelean por evitar la disolución de la entidad. “Nosotros como gremios estamos totalmente en contra del proyecto que se está trabado en el Congreso”, confirmó Fabián Cattanzaro, secretario de Prensa y Gremial de FEPEVINA.
Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente dijo que la idea de los gobernadores es “disolver los fideicomisos que están asociados al impuesto a los combustibles líquidos, y sólo dejan los recursos que van al ANSES”. Por lo tanto, agregó Cattanzaro, “Vialidad Nacional pierde fondos específicos otorgados por ley”.
Desde FEPEVINA recalcaron que hoy esos fondos específicos “son la principal fuente de recursos para Vialidad Nacional, si tenemos en cuenta que el presupuesto nacional está ‘pisado’, no sólo en ejecución sino además en valores, ya que se aprobó en septiembre del 2022”.
En la presentación de la iniciativa, el gremio había expresado su descontento, y consideró que fomenta “un modelo secesionista” para las rutas argentinas, que además sufren del ajuste libertario. “La ley es un golpe muy duro, nosotros lejos de encontrar una alternativa válida al ajuste del gobierno nacional vemos que profundiza esta mirada, destruye el Estado nacional”, recalcó Cattanzaro. Otra de las críticas que se hace al proyecto es que esos recursos que irán a las provincias, de libre disponibilidad, “no solucionan la problemática de las rutas argentinas”.
Datos alarmantes
En cambio, el dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y sus aliados establece que mantiene los recursos del 28,69 por ciento de la recaudación para el ANSES, y el resto propone distribuirlo de acuerdo con la ley de coparticipación federal, con lo cual el Gobierno se quedará con cerca del 30 por ciento de los recursos y el restante 41 entre las provincias. Por lo tanto, ambas propuestas profundizan el desfinanciamiento, que debe llegar del impuesto a los combustibles.
El panorama actual del ajuste sobre Vialidad Nacional es muy alarmante, al punto que un reciente informe aseguró que la entidad “no gastó ni la mitad de lo que le entró por el impuesto de los combustibles y las rutas están cada vez en peores condiciones”.
El trabajo del Instituto Argentina Grande (IAG) aseguró que desde el cambio de gobierno, y producto del aumento impositivo que hizo esta gestión, “el impuesto a los combustibles recaudó 5,3 billones a pesos de julio 2025”. De esa plata “un 745.810, a precios de julio 2025, debería haber sido destinado a mantener el sistema vial argentino”.
Sin embargo, afirmó el reporte al que tuvo acceso Data Gremial, el gasto total de la Dirección Nacional de Vialidad “cayó un 70 por ciento desde el cambio de gestión”. “Cuando se observa el gasto de la Dirección de Vialidad Nacional por fuente de financiamiento se observa que hoy no gasta ni siquiera lo que entra a cuenta del impuesto a los combustibles (gasto por fideicomisos): gasta apenas el 42 por ciento de esto que, por ley, debería ser usado para mantener las redes viales nacionales”. Mientras tanto “las rutas están en peor estado y no mantenerlas es una decisión (fiscal) poco inteligente: repararlas sale 10 veces más que mantenerlas”.