El pasado 2 de mayo se realizó una inspección laboral en varios locales nocturnos de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, a raíz de una denuncia presentada por representantes de la Rama CAP de UPSRA (Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina) ante la agencia territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Las irregularidades detectadas derivaron en una grave denuncia pública contra una delegada del sindicato SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia), a quien acusan de contratar trabajadores en negro y en condición de empleadora.
Acusan a delegada de tener 10 trabajadores en negro
Según relató Alejandro Capalbo, referente de UPSRA CAP en la provincia de Buenos Aires, durante el operativo en el boliche Buda, se relevaron 10 trabajadores de seguridad sin registrar, todos presuntamente bajo la coordinación directa de Marcela D’Ortona, identificada como delegada de SUTCAPRA.
“Nos encontramos con una delegada sindical que, en lugar de representar a los trabajadores, los tiene contratados en negro, como empleadora. Es ilegal desde todo punto de vista”, afirmó Capalbo en diálogo con este medio.
Además de cuestionar la legalidad de su rol, denunció que SUTCAPRA no posee personería gremial en Junín, por lo que sus representantes no podrían intervenir sindicalmente en la zona. “No puede actuar como sindicato donde no tiene personería. Es doblemente grave: una delegada que ni siquiera tiene facultades legales en Junín y que además emplea trabajadores en condiciones irregulares”, señaló.
Denuncia por prácticas desleales y alerta gremial
UPSRA anunció que formalizará una denuncia penal y gremial contra D’Ortona, en base al artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que tipifica como práctica desleal actuar simultáneamente como dirigente sindical y empleador.
“La ley es clara: no se puede estar de los dos lados del mostrador. Esta persona no solo incumple la ley laboral, sino que precariza a los mismos trabajadores que dice representar”, sostuvo Capalbo.
Además, desde el sector de seguridad privada CAP anunciaron que se encuentran en estado de alerta y movilización, y que en los próximos días definirán la fecha de una acción sindical frente al boliche Buda y otros locales que continúen contratando a trabajadores sin registrar.
Otras irregularidades y rol del Ministerio
Durante la misma jornada se realizaron inspecciones en otros locales nocturnos, como el boliche Valhalla, donde se detectaron tres trabajadores no registrados. Según Capalbo, en la localidad de Junín la actividad de seguridad CAP presenta más del 90% de informalidad, un índice alarmante que atribuyen al “desmanejo histórico” de SUTCAPRA en la región.
No obstante, desde UPSRA CAP valoraron la predisposición de la Agencia Territorial Junín de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que permitió el acompañamiento gremial durante los operativos y mostró compromiso con la fiscalización del trabajo no registrado.
Denuncia a una empresa que acusan de estar vinculada a SUTCAPRA
En paralelo, Capalbo alertó sobre el desembarco de la empresa CMU, que acusa de estar presuntamente vinculada a dirigentes de SUTCAPRA, que estaría ofreciendo servicios de seguridad en la zona bajo el convenio colectivo de un sindicato sin personería en la zona. “Vienen a ofrecer trabajo precarizado, con salarios por debajo del mínimo pautado por nuestro convenio. Es una estafa para los trabajadores”, denunció.