La cadena de farmacias Dr. Ahorro, de origen mexicano y especializada en la comercialización de medicamentos genéricos, empezó a cerrar sucursales, tanto en el interior del país como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a ejecutar despidos masivos, lo que generó una creciente incertidumbre a más de 300 trabajadores, quienes sostienen que los dueños de la empresa realizan cuestionables maniobras que no corresponden a una crisis real. Todo indica que será otra firma extranjera que dejará el país.
Los locales ubicados en Córdoba, Salta y Mendoza ya dejaron de brindar atención al público, por lo que se estima que, en los próximos días, sucederá lo mismo con los de Capital Federal. Sin embargo, la situación también incluirá a la sede central, en la que las cesantías afectarán también al área administrativa.
Los empleados revelaron que, desde principios de este año, los propietarios dejaron de cumplir con los aportes previsionales, panorama que se agravó desde septiembre, cuando dejaron de pagarlos en su totalidad.
En noviembre, los especialistas comenzaron a cobrar los salarios en tres cuotas, mientras que los dueños dejaron de abonar el alquiler de los locales. No solamente eso, registraron una reducción progresiva en los stock de medicamentos. De hecho, en octubre, los depósitos estaban casi vacíos y tenían una ausencia de unas 140 especialidades medicinales, lo que perjudicó sin escalas a las ventas.
Una de las trabajadoras enfatizó que “es mentira que están en crisis” porque “sabemos que la empresa en reiteradas oportunidades intentó presentarse en quiebra y no le aceptaron la documentación”.
“Es fundamental organizarnos todos, despedidos y activos, para frenar los despidos, impugnar las causas y pelear por las reincorporaciones o las indemnizaciones completas. La prioridad es defender la fuente de trabajo”, agregó.
Además, otros trabajadores pusieron énfasis en el poco interés de reponer la mercadería faltante o de realizar gestiones con otros laboratorios y droguerías para solucionar el problema.
En este sentido, afirmaron que “la empresa tomó la política de no traer productos ni buscar reemplazos” y revelaron que se habrían emitido cheques sin fondos por montos millonarios, conducta que llevó a algunos proveedores a dejar de venderles.
Rumores
Desde hace tiempo, la empresa quedó en el centro de diferentes trascendidos que solamente producían temor en los empleados. Las versiones de una búsqueda de inversores, la posible venta de la cadena y de la continuidad de los puestos laborales generaron una gran confusión.
No obstante, iniciaron el envío de telegramas fechados diciembre, incluso antes de que se anunciara el pago del aguinaldo, que solo fue abonado a una parte del personal.
En las comunicaciones, la patronal hizo alusión a supuesta crisis económica y aplica el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización. Sin embargo, los trabajadores cuestionaron su legalidad y la Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF), rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis y, según denuncian, no existiría un trámite vigente ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Los principales perjudicados por las cesantías fueron aquellos con alta antigüedad —todos superior a los 11 años—, lo que contradice el argumento de una reestructuración por crisis, que empiezan por los empleados cuyas desvinculaciones son más baratas.
Asimismo, detectaron otra contradicción relacionada a la suculenta ganancia que posee al profundizar que “hay sucursales que facturan hasta 3 millones de pesos por día”.