El proyecto de reforma laboral que ingresará al Congreso en diciembre contempla la posibilidad de que los empleadores vuelvan a pagar una parte del salario mediante vales de comida o “tickets canasta”.
Estos vales, al ser no remunerativos, quedarían fuera del cálculo de indemnizaciones, aguinaldos, aportes jubilatorios y adicionales, lo que implicaría una reducción directa del salario real y una pérdida de derechos adquiridos.
Durante la década del ’90, bajo el paraguas del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los llamados Ticket Restaurant, Canasta o Luncheon se convirtieron en una práctica extendida entre las empresas, que los presentaban como “beneficios sociales”, aunque en la práctica significaban menos aportes y menor protección social.
Un sistema derogado por corrupción y perjuicios laborales
En 2007, el Congreso derogó su uso tras la aprobación de un proyecto impulsado por el entonces diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, quien había denunciado un intento de soborno de parte de las empresas emisoras para influir en la votación.
Desde entonces, el sistema fue considerado un símbolo de precarización encubierta, y su eliminación fue celebrada por los gremios.
A casi dos décadas de su desaparición, los trabajadores mantienen fresco el recuerdo negativo: una encuesta de la consultora Zubán Córdoba realizada a comienzos de este año mostró que el 81,3% de los consultados rechazó la posible vuelta de los “ticket canasta”, mientras que apenas un 13,3% se manifestó a favor.
La historia: del “antídoto” contra la hiperinflación al negocio empresarial
Los tickets canasta surgieron en 1989, en los primeros años del menemismo, con el argumento de mitigar los efectos de la hiperinflación.
Durante su auge, en 2005, más de 5.000 empresas utilizaron el sistema y 1,5 millones de trabajadores registrados percibían parte de su salario mediante estos vales, que representaban en promedio el 13% de su remuneración mensual.
Sin embargo, según estimaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), durante la vigencia del sistema el Estado, los trabajadores y las obras sociales perdieron más de 21.000 millones de dólares, dinero que fue transferido al sector empresario.
El gran negocio detrás de los vales
Las empresas emisoras de tickets, como Accor o Sodexho, obtuvieron ganancias extraordinarias por la intermediación.
El grupo Accor, por ejemplo, cobraba comisiones de entre 2% y 6% al vender los vales a las empresas, y retenía entre 1,5% y 6% a los comercios que los aceptaban. Además, disponían de importantes masas de dinero líquido que podían colocar temporalmente en el mercado financiero, generando rentas adicionales no declaradas.
En 2007, año de su derogación, el sector facturaba entre 140 y 395 millones de pesos anuales (con un dólar a $3,15), y concentraba a más de 1,4 millones de trabajadores bajo este esquema.
La francesa Sodexho, con su marca Luncheon Tickets, llegó a dominar la mitad del mercado argentino, tras absorber a su competidor Ticket Total y disputarle el liderazgo a Servicios Tickets, del grupo Accor.
Rechazo sindical y alerta por pérdida de derechos
Desde el movimiento obrero y las organizaciones sindicales, la posible reinstauración de los “ticket canasta” es vista como un retroceso de tres décadas en materia de derechos laborales.
El mecanismo, advierten, beneficia exclusivamente a las patronales y a las empresas intermediarias, al tiempo que debilita el sistema previsional y las obras sociales.
La centralidad del salario como base de los derechos laborales —desde las vacaciones hasta la jubilación— vuelve a estar en discusión en un contexto de crisis económica y alta inflación, donde el Gobierno promueve una reforma que podría fragmentar aún más las condiciones de trabajo en nombre de la “modernización”.