El desprendimiento de establecimientos y equipamientos que pertenecen al Gobierno avanza a una gran velocidad, digna de la frase que esbozó el presidente Javier Milei cuando se definió como “el topo que viene a destruir al Estado”. Lejos de importarle, la actual administración pasa la motosierra sin medir las consecuencias, solamente piensa en el recorte más allá de la importancia estratégica para la población.
En este triste marco, representantes de Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) expresaron su “más enérgico repudio” a la Resolución 85/2025 dictada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que desafecta inmuebles pertenecientes a la Dirección Nacional de Vialidad en Luján.
Se trata de dos predios, uno de 13.552 metros cuadrados y otro 6.800, los cuales, según puntualizaron oficialmente desde el Poder Ejecutivo, están en desuso o con las instalaciones deterioradas.
Sin embargo, para SEVINA, esta maniobra desguace implica que “una vez más se recurre a la política de desprenderse de bienes estratégicos del Estado sin consulta, sin debate y a espaldas de los trabajadores”.
Es más, consideraron que “esta medida constituye un avance inaceptable sobre el patrimonio público”, al tiempo que criticaron el argumento de “racionalización administrativa” utilizado por las autoridades.
Sin estudios previos ni controles
Los representantes sindicales no encontraron justificación alguna que sostenga la decisión y remarcaron: “No existen estudios serios, ni auditorías externas, ni instancias de participación ciudadana que avalen semejante decisión”.
“Se pretende borrar con una resolución lo que le pertenece a todos los argentinos y argentinas, reduciendo bienes de uso colectivo a simples activos financieros en el corto plazo", agregaron en referencia al posible destino del inmueble.
Asimismo, denunciaron la arbitrariedad del criterio utilizado, que considera “innecesarios” o “subutilizados” inmuebles que podrían cumplir “un rol clave en el futuro, ya sea para la seguridad vial, para la logística o para el desarrollo de la comunidad”.
A propósito, analizaron que “bajo esa lógica, mañana cualquier predio estatal corre riesgo de ser liquidado al mejor postor, sin importar su valor histórico, cultural o social, menos aún su valor estratégico irreemplazable”.
Otro punto polémico que mencionaron es la incertidumbre vinculada al resguardo y el rumbo de los bienes. Al respecto, entendieron que “la falta de garantías claras sobre la custodia y destino final de los bienes abre la puerta a manejos discrecionales incompatibles con las buenas prácticas que dieron origen a ese Organismo”.
Contra el vaciamiento
Posteriormente, pusieron el foco en maniobras pocos confiables de la AABE porque “concentra decisiones millonarias sobre patrimonio común sin controles reales ni participación de organismos independientes, lo cual agrava la sospecha de un proceso por lo menos desprolijo e inconsulto”.
Ante todas esas anomalías que desarrollaron, desde SEVINA exigieron “la inmediata suspensión de la Resolución 85/2025, la apertura de un debate público serio y la intervención de organismos de control externos”.
A modo de cierre, se comprometieron a luchar contra la decisión porque “como representantes de los trabajadores viales, no vamos a permitir que se siga vaciando el patrimonio nacional en beneficio de unos pocos”. “Defender los bienes del Estado es defender la soberanía, la seguridad vial y el futuro de nuestro pueblo”, cerraron en un duro comunicado sobre la intención de avanzar contra la Dirección Nacional de Vialidad Luján.