La maniobra de censura previa impulsada por el Gobierno cosechó múltiples rechazos de diferentes ámbitos de la sociedad y el sindicalismo no fue la excepción: la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) , liderada por Juan Carlos Schmid, que repudió enérgicamente la intención del Ejecutivo nacional tras la cautelar judicial, que impide difundir los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, grabados supuestamente en Casa Rosada. De esta manera, la entidad gremial consideró que, además de inconstitucional, el episodio resultó “antidemocrático”.
En un comunicado firmado por Schmid y el secretario de Prensa de la organización sindical, el aeronavegante Juan Pablo Brey, criticaron el polémico fallo y subrayaron que “desde nuestra organización sindical expresamos nuestra solidaridad con los periodistas afectados, víctimas de una persecución política inaceptable, y recordamos que el deber del Gobierno es transparentar los hechos de corrupción que lo rodean, no criminalizar a quienes los ponen en evidencia”.
Asimismo, manifestaron su preocupación al remarcar que “la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información es un pilar esencial de la democracia, y su vulneración constituye un grave retroceso institucional que no podemos permitir”.
En este sentido, la CATT reafirmó su compromiso con la defensa de los valores democráticos y con la protección de todas aquellas voces que, con responsabilidad y compromiso, ejercen el periodismo como un servicio fundamental para la sociedad. “Defender la libertad de expresión y el derecho a la información es defender la democracia”, pronunciaron.
¿A quiénes persigue el Gobierno?
El hecho tuvo como principales afectados a los periodistas del canal de noticias C5N y de streaming Carnaval Stream, Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros, quienes el viernes pasado adelantaron grabaciones de sonido donde se la escuchaba a la hermana del Presidente. Si bien no lo pudieron hacer en la jornada del lunes, un medio audiovisual uruguayo compartió el testimonio con su público.
Cabe destacar que el dictamen judicial se llevó a cabo en el marco de distintos audios difundidos en la prensa y las redes sociales que involucrarían al Gobierno en actos de corrupción vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. De acuerdo al Poder Ejecutivo, la censura previa ejecutada por la Justicia se debe a una denuncia de supuesta operación de inteligencia.
Todo comenzó con los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien afirmaba que Karina Milei habría pedido el 3% de retorno de la compra de medicamentos con supuestos sobreprecios.
¿Cómo sigue el proceso judicial?
Por otro lado, el fiscal Carlos Stornelli solicitó acciones que apuntan a los medios de comunicación que difundieron las escuchas. Igualmente, sostuvo que “la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”.
También, solicitó citar como testigo al denunciante Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, quien impulsó la denuncia contra los periodistas.