En el marco de una audiencia realizada ayer martes en la cámara de Diputados de la Nación, la dirigencia de las dos fracciones de la CTA junto a diputados de diferentes bloques denunciaron el avance de la criminalización de la protesta en el país, en el marco del malestar que generan las políticas libertaria. En la reunión estuvieron referentes sindicales y sociales que están siendo criminalizados por participar de acciones políticas y protestas sociales en distintas provincias.
Durante la apertura del encuentro, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, remarcó: “A medida que se profundiza el carácter brutal y autoritario de este gobierno, se evidencian dos aspectos alarmantes: por un lado, una creciente subordinación a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la instalación de una base militar en nuestro territorio, y por otro, una estrategia represiva cada vez más violenta, dirigida a sembrar el miedo y desmovilizar a quienes luchan por sus derechos”. “Esta política represiva no se limita al ámbito nacional. Se replica en distintas provincias a través de la llamada “ley anti mafias”, que, lejos de combatir el crimen organizado, busca criminalizar a las organizaciones populares”, dijo Godoy y afirmó: “A esto se suma la creación de nuevas estructuras represivas destinadas a proteger los intereses del modelo extractivista, facilitando el saqueo de nuestros bienes comunes y reprimiendo a las comunidades que resisten su avance”.
Por su parte, su par de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien también es diputado nacional explicó que esta reunión debía ser convocada por la Comisión de Derechos Humanos: “pero, pese a los pedidos de diputados, no se ha podido lograr que se discuta la denuncia de la represión en esta etapa”. En este sentido, afirmó: “Esta actividad tiene como objetivo construir conciencia en la sociedad en torno a un debate que se quiso naturalizar, que parecía que tenía algún apoyo de la gente, pero hoy es ampliamente repudiada la política represiva de Milei”.
Las provincias son feudos
En 20 meses de gobierno de Milei, según las entidades, se dan cuenta de al menos 88 represiones con 2534 personas heridas. Uno de los casos emblemáticos en este proceso es el de Federico Giuliani, titular de ATE Córdoba, recientemente detenido luego de una protesta en reclamo de alimentos en la capital provincial. “La criminalización de los luchadores ataca aún más esta democracia que es de muy baja intensidad, y busca desincentivar la participación. Hoy las provincias son feudos que funcionan con regímenes autoritarios, y si bien todos denunciamos al gobierno de Milei, también hay fascismos de distintos colores en las provincias”, destacó el dirigente.
Además, Giuliani dijo que “el cordobesismo, que está instando proyectarse nacionalmente a través de Schiaretti, es un peronismo sin el punto más importante de la doctrina: la justicia social. El interés es amedrentar a nuestra militancia y frenar la actividad de nuestras organizaciones”.
Otras voces
De la actividad participaron dirigentes de la CTA que están siendo criminalizados por participar de acciones políticas y protestas sociales: Mónica Gurina, Secretaria General de la CTA Autónoma de Misiones; Leandro Sánchez, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Misiones. También estuvo presente Daniela Calarco Arredondo, detenida el 12 de junio durante las protestas contra la Ley Bases, en una causa que ya fue elevada a juicio.
Hugo Aranea, secretario general CTA Viedma, y vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche, sumó su reflexión: “debemos seguir ejerciendo la memoria histórica, porque muchos de estos procesos tienen su explicación ahí. Si algo sabemos cómo pueblos originarios, es de la estrategia de la violencia y represión de todo tipo, pero diseñadas por el poder político y económico”.