Kicillof multó por más de $40 millones a Rappi, Glovo y PedidosYa por explotación laboral

El gobierno de la provincia de Buenos Aires detectó que el 97 por ciento de los repartidores de plataformas no estaban registrados. Es la primera vez que desde el Estado se realizan inspecciones laborales de este tipo.

Por Redacción

28 de junio de 2021

Como ya adelantó Data Gremial, a través de inspecciones de oficio, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires encabezado por Mara Ruiz Malec relevó a más de 170 personas, en su mayoría hombres, que tienen una relación laboral con alguna de las empresas de reparto a través de aplicaciones. Sólo dos casos contaban con recibo de sueldo.

La mayoría tenían dependencia económica, no podían determinar cuánto ni cuándo cobran, tienen que usar la ropa con los logos de la empresa, tienen que seguir las indicaciones corporativas, no tienen libre elección de horarios, en parte, porque necesitan trabajar muchas horas para alcanzar un ingreso que les permita subsistir: “El 90% trabaja más de 7 horas por día, la mitad trabaja más de 9 horas por día y 7 de cada 10 trabaja los 7 días de la semana”, detalló Ruiz Malec a Fm La Patriada.

Durante todo el 2020, el Ministerio de Trabajo de la Provincia realizó varios relevamientos en los que se constataron una serie de violaciones que afectan los derechos del conjunto de trabajadoras y trabajadores involucrados. Los datos fueron extraídos de un total de 172 trabajadores en inspecciones realizadas en la ciudad de La Plata, y en los municipios de San Isidro, Vicente López, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza

El monto total que deberán pagar las empresas supera los 40 millones de pesos, con diferentes montos asignados a cada una de las empresas de acuerdo a las infracciones cometidas y la cantidad de trabajadores afectados. Rappi Arg. SAS fue multada por $ 16,42 millones; La empresa que maneja Glovo, Kadabra SAS deberá pagar $ 6,32 millones; y la firma Repartosya S.A. que maneja la aplicación PedidosYa, fue sancionada con $17,69 millones.

La ministra también mencionó que hay trabajadores que temen a la regulación pero “no tanto por poder disfrutar de su horario, como a veces se plantea desde una perspectiva que también es válida, que es que los trabajadores avancen hacia una jornada en la que tengan un poco más de libertad y elección, sino que más bien es la libertad de auto explotarse. Poder trabajar muchas, muchas horas para poder llegar a alcanzar un ingreso que se parezca a algo que les permita vivir”.

Ruiz Malec explicó que además no tienen la tan mencionada libertad para tomar o no los pedidos porque reciben sanciones si no los pueden tomar y que pueden ser bloqueados de la aplicación como “una manera de despedirte”.

Las personas relevadas en su inmensa mayoría no tienen cobertura de ART, algunos se pagan su propio seguro de accidentes personales. “La precariedad absoluta”, calificó la ministra.

"Queremos que se visibilice y que se negocien condiciones de trabajo entendiendo que estas empresas están por fuera de la normativa laboral", sentenció Ruiz Malec. "Se trata de una actividad bastante tradicional que es el reparto en este caso de comida u otras cosas a domicilio, donde hay una herramienta novedosa que es una aplicación que determina otra manera de realizar el trabajo. Pero la relación laboral de dependencia no se exime".