El Sindicato de Trabajadores Caninos (STC) le exige al Congreso de la Nación que no deje vencer el proyecto de ley que busca formalizar el empleo de más de 100.000 personas del país que pasean perros, los adiestran, bañan o asisten en veterinarias.
La propuesta no solo busca combatir la precarización, sino reconocer nuevas ocupaciones que crecieron en los márgenes de la reglamentación. Tiene la misión de incorporar a este sector al sistema de seguridad social, establecer derechos laborales básicos y garantizar condiciones de trabajo dignas.
Entre los puntos centrales, prevé obra social, licencias pagas, aguinaldo, ART, jubilación y paritarias, además de la creación de una Comisión Nacional de Trabajo Canino, encargada de fijar salarios mínimos y condiciones de trabajo en todo el país.
La iniciativa lleva el nombre de Regulación de Trabajo Canino para Bienestar Animal y fue firmado el año pasado por diputados de Unión por la Patria (Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Pablo Carro, Carlos Cisneros, José Gómez y Mario Manrique. Sin embargo, aún duerme en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside el radical Martín Tetaz, y si no se debate antes de diciembre, perderá su estado parlamentario.
Un proyecto con cuatro ejes
Al respecto, el secretario general de la organización gremial, Matías Tomsich, indicó que “el proyecto busca reconocer el trabajo de los más de 100.000 trabajadores caninos que somos en el país, entre paseadores de perros, peluqueros, adiestradores y auxiliares veterinarios”. “Hace 30 o 40 años esto se consideraba una changa, pero hoy para la mayoría es la única fuente de ingresos”, puntualizó.
A la ver, pormenorizó que tiene cuatro ejes: derechos laborales, bienestar animal, confianza para los tutores y aportes al Estado. También, sumó que “un trabajador capacitado garantiza el cuidado de los perros que tiene a su cargo, y además el Estado recibiría más de 8.000 millones de pesos de aportes y contribuciones. En un país donde el 50% de los trabajadores está en la informalidad, esto viene a dar una luz de esperanza”.
“En esta Argentina, donde la mitad de los trabajadores es informal, no puede ser que un proyecto que busca regularizar a 100 mil compañeros quede cajoneado. Necesitamos que la Comisión de Trabajo lo discuta, que se debata”, fustigó.
El apoyo de otros gremios
La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores provenientes del sindicalismo, como Siley, Palazzo y Yasky, que ven en esta ley un paso hacia la formalización de un sector que crece junto con el nuevo paradigma de las “familias multiespecie”.
En un contexto donde se debaten los cambios del mundo del trabajo, mientras el Gobierno de Javier Milei busca profundizar las modificaciones legislativas del mercado laboral, el secretario general comentó que “nosotros apoyamos la idea de una reforma laboral, pero no para quitar derechos a quienes todavía los tienen, sino para incorporar a los que nunca los tuvimos”.
El tiempo corre y la propuesta continúa en un cajón, mientras tanto miles y miles de trabajadores continúan sin protección social ni de salud.