Con el impulso del resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional prepara una reforma laboral que busca ser tratada en sesiones extraordinarias antes de fin de año.
Aunque todavía no hay un texto oficial, los borradores que circulan entre laboralistas y dirigentes sindicales encendieron las alarmas: para muchos, se trata de una iniciativa que pone en jaque derechos históricos de los trabajadores y podría derivar en una ola de presentaciones judiciales.
En los tribunales y estudios jurídicos especializados ya se analizan los posibles impactos del proyecto. Los abogados coinciden en que varios artículos entran en conflicto con la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza condiciones dignas, jornada limitada y negociación colectiva.
Jornadas de hasta 12 horas: un retroceso de un siglo
Uno de los puntos más sensibles del borrador es la posibilidad de extender la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias.
Hoy la legislación vigente establece un máximo de 8 horas por día o 48 por semana, con límites aún más bajos para el trabajo nocturno y para menores de edad.
Para los expertos, modificar ese esquema sería violatorio del principio constitucional de jornada limitada y representaría “un retroceso de cien años en materia de derechos laborales”.
Vacaciones recortadas y pagos fraccionados
Otra de las propuestas en estudio es dividir las vacaciones en varios períodos, lo que rompería con la lógica del descanso prolongado.
La jurisprudencia argentina ha sostenido que las vacaciones deben servir para la recuperación física y mental del trabajador, un objetivo que se perdería si se otorgan en lapsos breves.
El proyecto también permitiría fraccionar los pagos correspondientes, lo que los especialistas interpretan como una forma de precarización encubierta y una afectación directa al derecho de propiedad reconocido por la Constitución.
Indemnizaciones con tope y en cuotas: otra concesión empresarial
Uno de los cambios más discutidos es la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas paguen las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, con un límite de 10 sueldos como máximo.
Este esquema se contrapone con la LCT, que establece una compensación equivalente a un mes de salario por cada año de servicio, sin tope y con pago íntegro.
“Más allá del argumento de aliviar la carga a las pymes, en los hechos se traslada el costo del despido al trabajador”, señalan los laboralistas. Además, el Código Civil y Comercial prohíbe el pago parcial de las deudas si el acreedor —en este caso, el empleado— no lo acepta.
Banco de horas: menos pago, más flexibilidad
El proyecto también contempla la creación de un “banco de horas”, que permitiría compensar horas extras con días de descanso en lugar de abonarlas con recargo.
Si bien el Gobierno lo presenta como un mecanismo de “modernización”, desde el sindicalismo advierten que en la práctica implica una pérdida salarial y una mayor disponibilidad del trabajador sin una contraprestación económica justa.
Actualmente, la LCT exige un recargo del 50% o del 100% según el día y el horario en que se realicen las horas extras.
Vuelven los “tickets canasta”: la sombra de los 90
El posible regreso de los vales de comida o “tickets canasta” es otro de los puntos que genera resistencia.
Este sistema, característico de la flexibilización laboral de los años 90, fue derogado en 2007 y la Corte Suprema lo declaró de carácter salarial en 2009.
Si se reinstaura, volvería a excluir una parte del salario de los aportes jubilatorios y de los cálculos indemnizatorios, reduciendo la protección social del trabajador.
Fin de la ultraactividad: golpe a la negociación colectiva
Uno de los ejes más preocupantes para el sindicalismo es la intención del Gobierno de eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, su validez automática hasta que se firme uno nuevo.
Para los especialistas en derecho laboral, esta medida debilita la posición negociadora de los sindicatos y rompe con el equilibrio en las relaciones laborales.
Además, los gremios advierten que suprimir la ultraactividad viola los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporados a la Constitución a través del artículo 75 inciso 22.
Una reforma en conflicto con la Constitución
En conjunto, las modificaciones proyectadas podrían abrir una avalancha de litigios en los tribunales laborales.
Los especialistas sostienen que, si el Congreso aprueba el texto en los términos que hoy se analizan, la norma nacería con serias inconsistencias internas, al alterar artículos de la parte especial de la LCT sin modificar su estructura general.
“Estamos ante una reforma que no moderniza el trabajo, sino que recupera las viejas recetas de los 90”, sintetizan desde el ámbito sindical.
La pulseada por la reforma recién empieza, pero en los despachos de abogados laboralistas ya preparan los argumentos para dar la batalla en los tribunales.