Tras una denuncia de ATE Chubut, la Justicia realizó una serie de allanamientos en Trelew por un causa que involucra al ex funcionario Gonzalo Carpintero, acusado de ofrecer dinero para generar un conflicto gremial que impidiera el inicio del ciclo lectivo en la provincia.
Los procedimientos fueron ordenados por la titular de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, y se concretaron en una empresa pesquera del Parque Industrial Liviano, donde Carpintero cumple funciones actualmente. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares y un DVR, material considerado clave para reconstruir la reunión denunciada.
Según señaló la fiscal, todo se originó a partir de que el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) local, José Severiche, reveló que lo convocaron “a un encuentro en el que le habrían ofrecido un resarcimiento económico a cambio de promover un conflicto que impidiera el comienzo de clases”. A partir de la ampliación testimonial realizada el lunes, la Fiscalía solicitó medidas al respecto que se ejecutaron al día siguiente.
De acuerdo a las pesquisas, la reunión se habría realizado el 4 de febrero por la mañana, en oficinas ubicadas sobre calle Cacique Chiquichano al 1500 de Trelew. Al respecto, la fiscalía tendría comprobado, mediante cámaras de seguridad externas, la presencia del denunciante en ese momento.
En diálogo a una emisora local, Gamarra confirmó que a Severiche lo habría citado Gonzalo Carpintero para ofrecerle dinero como “un resarcimiento económico, con el fin de que él, desde su lugar y desde sus funciones, pudiera generar un conflicto de entidad suficiente como para que no inicien las clases en la provincia del Chubut”.
¿Cuál es el cargo formal de la acusación?
Asimismo, confirmó que los procedimientos tuvieron resultados positivos porque “pudieron secuestrar el teléfono de Carpintero, a él lo interceptamos en la vía pública, en la ruta, y pudimos secuestrar el teléfono de otra persona que funcionó como intermediario para generar esta reunión y además estuvo presente en la reunión”. “También pudimos secuestrar el DVR del lugar, así que todo salió muy bien”, ponderó
Hasta el momento, la causa se encuadra provisoriamente en la figura de cohecho, un delito contra la administración pública, aunque el ministerio público fiscal evaluará el contenido de los dispositivos incautados y del sistema de grabación para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una apertura formal de investigación e imputación.
Perjudicar al gobernador
La funcionaria pública también señaló que la intención habría sido perjudicar al gobernador Ingnacio Nacho Torres porque “en la denuncia es claro cuando dice que la intención de Carpintero era generar un daño o afectar de forma tal al gobernador”. “Quería generarle un perjuicio al gobernador, y de la forma que quería lograr aquello era que no iniciaran las clases”, sumó
Respecto a la situación laboral del exfuncionario, aclaró: “Carpintero lo que tiene es un trabajo en el ámbito de la pesca, que es donde allanamos, en esas oficinas”.
Además, ratificó que hay una tercera persona involucrada como intermediario. “Hay una persona que nosotros le secuestramos su teléfono, que no es una persona denunciada, sino que ha intervenido en lo que fue esta coordinación, porque tiene algún tipo de vínculo con Severiche. Fue quien intervino para concretar la reunión y además participó de esa conversación”, concluyó.