Este jueves, el INDEC dará el índice de pobreza para la segunda mitad del 2022. Según las principales proyecciones, esta tasa estará cerca del 40 por ciento, consolidando el dramático cuadro que afecta a trabajadores y sectores populares de la Argentina, que la inflación y la caída del salario real profundizan desde hace un tiempo. En este contexto, un informe proyectó la tasa para el primer trimestre del 2023, y estableció que se estima que estará por encima del 42 por ciento, una de las más altas de la historia. Así lo afirmó un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que lidera el economista y precandidato presidencial Claudio Lozano, y estableció que la pobreza alcanzará a prácticamente la mitad de la población, si se confirman estos números. Ante esta realidad, los gremios se anticipan y buscan potenciar las paritarias, además de insistir con una suma fija que saque de esta realidad a miles de asalariados.
Los datos recopilados por el IPyPP buscan anticipar los oficiales que dará este jueves, y que se esperan sean alarmantes. “En los próximos días el INDEC nos dirá cuál es el nivel de pobreza para el segundo semestre del 2022. Adelantándonos a dicha publicación podemos decir que al tercer trimestre del 2022 la pobreza se ubica en el 37,8 por ciento de la población”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial. No obstante, afirmó el reporte, “si eliminamos el efecto transitorio que el aguinaldo genera en el tercer trimestre surge que el verdadero nivel alcanza al 41,1 por ciento de la población”. Esto establece un piso de la medición para el cuarto trimestre, y para el segundo semestre del año, un “4,6 por ciento respecto al cuarto trimestre del año anterior”.
Por ende, agregó el informe de Lozano y su equipo técnico, “nuestra previsión nos dice que el dato semestral del INDEC tendrá como piso un 39,5 por ciento, es decir 3 por ciento más que en el primer semestre del año, 2,2 por ciento por encima del mismo periodo del 2021 y 4 por ciento por encima del nivel existente a finales del 2019”. “La evolución de la actividad económica y de los precios nos hacen pensar que en el primer trimestre de este año la pobreza ascenderá a 38,9 por ciento y si despejamos el efecto del aguinaldo está en el 42,3 por ciento de la población”, concluyó el trabajo del instituto.
Efecto FMI
Los datos desalentadores de la entidad que preside Lozano apuntan al deterioro de la situación económica y social, en especial por un componente extra: el cumplimiento del acuerdo con el FMI, que según explican hace que se retornen “a los niveles de pobreza propios del peor momento de la pandemia”. “Hacia el cuarto trimestre, tanto la aceleración en los precios como el impacto recesivo en la actividad económica que tuvieron las medidas contractivas impulsadas por la gestión económica en el marco del acuerdo con el FMI, sugieren que la situación social podría agravarse”, alertó el IPyPP. En ese marco, “una proyección posiblemente optimista que suponga ingresos reales constantes en relación con el tercer trimestre implicaría que hacia el cuarto trimestre, período en el que no impacta el cobro del aguinaldo, la pobreza se mantenga en un nivel del 41,1 por ciento, lo que implicaría un incremento de 4,6 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre del año anterior”.
Por otra parte, se explicó, “frente a la aceleración en los precios de los productos básicos, el poder adquisitivo de los sectores populares refleja un deterioro en buena parte de los indicadores disponibles”. “Si se deflactan los ingresos teniendo en cuenta la evolución de la Canasta Básica Total, se observa que en el cuarto trimestre hubo un recorte tanto en las prestaciones actualizadas por movilidad (-5,3 por ciento) como en los salarios, ya sea que se tome como referencia el salario mínimo (-1,2 por ciento) o el Índice de Salarios publicado por el INDEC para el segmento de los trabajadores registrados en los sectores público y privado (-1,2 y -2,2 por ciento, respectivamente)”, remarcó el reporte.
El informe crítico va en línea con la postura que está tomando el sector respecto a la situación económica. Lozano es precandidato por Unidad Popular, la fuerza que creó Víctor de Gennaro y el entorno de la CTA Autónoma, que si bien se mantiene dentro del Frente de Todos aumenta su arsenal de críticas. En este sentido, la central no sólo rechazó el último aumento consensuado en el Consejo del Salario, sino que mantiene su plan de lucha. En este sentido, desde el sector recalcaron que el mínimo “debería estar en 180 mil pesos”, y recalcaron que la política atada al acuerdo con el FMI “debe terminar”. Por eso, reclaman una suma fija y aumentos salariales de emergencia del 50 por ciento para el primer trimestre del año.
Respuesta sindical
El aumento de la inflación, que se refleja en una nueva caída del poder adquisitivo y una suba de la pobreza, por ahora no encuentra medidas extraordinarias. Por eso, los gremios preparan diversas estrategias para llevar a las paritarias, como acuerdos más cortos –como adelantó realizará la UOM –subas extraordinarias o cuotas indexadas a la inflación. Además, como sucede con la paritaria del estado nacional, se pedirá recuperar lo perdido en este tiempo. En este sentido, Raúl Llaneza, de la Junta Interna de ATE en el INDEC, afirmó que “desde diciembre del 2015 a febrero del 2023 un trabajador del SINEP perdió un 34 por ciento de poder adquisitivo”.
En diálogo con Data Gremial, Llaneza adelantó que en la negociación de este año el sector pedirá “un aumento del 50 por ciento de una sola cuota para todos los estatales, un bono de 30 mil pesos mensuales que permita recuperar lo perdido”. En este sentido, según los cálculos de la Junta Interna que se hacen en base a datos oficiales, “ningún salario de una familia tipo debería estar por debajo de los 273.146 pesos mensuales”. Este valor se compone de 94.664 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de 178.482 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.