La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina–rama CAP (UPSRA-CAP) anunció el inicio de un plan de lucha sostenido contra empresas de seguridad privada que, según denuncian, “aplican un convenio colectivo que no les corresponde, pagan por debajo de la pauta salarial y mantienen a la mitad de su personal en negro”.
El conflicto tiene como epicentro al boliche bailable Tropitango, en General Pacheco, que contrata a la firma Controladores y Prevención SRL, propiedad de Jorge Coscia. UPSRA-CAP asegura que la compañía utiliza el convenio de SUTCAPRA, sindicato sin personería gremial en la provincia de Buenos Aires, y que abona jornales de 30 mil pesos, muy por debajo de los $48.200 establecidos en el convenio 507/2007 que rige para el sector.
“Estamos hace casi seis meses reclamando que se aplique nuestro convenio. Hicimos movilizaciones, participamos de audiencias en el Ministerio de Trabajo y nunca se presentaron. El Tropitango se comprometió a cambiar de empresa si no regularizaban la situación, pero no cumplió”, sostuvo Alejandro Capalbo, representante de UPSRA-CAP.
Movilización y fechas
UPSRA-CAP movilizará a entre 500 y 600 trabajadores los días jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, con la participación de delegaciones de toda la provincia de Buenos Aires y el apoyo de sindicatos aliados. La protesta será frente a Tropitango a partir de las 23 horas.
El gremio notificó formalmente al Municipio de Tigre y a la Policía Bonaerense, asegurando que la medida será “totalmente pacífica, sin cortes de calles ni bloqueos al comercio o a la actividad laboral”. Para evitar incidentes, se sumará un equipo de abogados, un escribano y un registro fílmico profesional.
“En marzo fuimos reprimidos y golpearon a dos compañeras, una de ellas embarazada. Esta vez no lo vamos a permitir”, advirtió Capalbo, quien responsabilizó directamente al dueño de Tropitango, Lionel Duarte, y a las fuerzas policiales por cualquier acto de violencia.
Acusaciones de fraude y evasión
Según la documentación presentada por el gremio, Controladores y Prevención SRL adeuda más de 100 millones de pesos en aportes sindicales y contribuciones a la obra social. UPSRA-CAP acusa a la empresa de “estafar a los trabajadores, al Estado y a la organización sindical” al pagar menos salarios, evadir cargas sociales y contratar bajo un convenio que no corresponde.
Además, Capalbo denunció que Tropitango contrató como asesor legal al estudio de Nicolás Payarola, “allanado meses atrás en el marco de una causa por estafa”. “Dios los crea y ellos se juntan: un boliche cómplice, una empresa evasora y un estudio cuestionado”, lanzó.
Un conflicto que se expande: otras empresas bajo la lupa
El plan de lucha de UPSRA-CAP no se limita a Tropitango. La organización anunció que denunciará y movilizará contra seis empresas acusadas de prácticas similares:
- CMU S.A.
- Bull Cap
- Steward Cap
- Mose Seguridad Privada
- CAP Control S.A.
- Controladores y Prevención SRL
- CSI Prevención CAP SRL
Todas, según el sindicato, “aplican el convenio de SUTCAPRA sin personería gremial, pagan entre 20 y 30 mil pesos por jornal y mantienen a más del 50% de sus trabajadores sin registrar”.
El caso Steward Cap: incumplimiento de un acuerdo
UPSRA-CAP subraya especialmente el caso de Steward Cap, que el 22 de noviembre de 2024 firmó ante el Ministerio de Trabajo provincial un compromiso para aplicar el convenio colectivo 507/2007. “No solo no lo cumplieron, sino que siguen pagando por debajo de la escala y se niegan a entregar las altas tempranas, los recibos y el libro de sueldos, como marca la ley”, afirmó Capalbo.
Las denuncias incluyen acusaciones sobre abusos laborales y el incumplimiento del artículo 13, inciso b, del convenio, que obliga a abonar viáticos y horas de traslado cuando el trabajador debe desplazarse a otro servicio. “En los recitales del interior de la provincia, trasladan personal de La Plata pero no pagan esas horas de viaje”, remarcan.
Denuncias en la Justicia y en el Ministerio de Trabajo
El sindicato adelantó que presentará denuncias ante la cartera de Trabajo de Nación, de Provincia y en la Justicia laboral por incumplimiento de convenios, evasión de aportes, abuso laboral y trabajo no registrado.
“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No se trata solo de un reclamo salarial, es la defensa de la legalidad y de la dignidad de los trabajadores de seguridad”, concluyó Capalbo.