Una nueva avanzada represiva del gobierno de Javier Milei se produjo este miércoles por la mañana cuando efectivos de la Policía Federal, bajo órdenes del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, irrumpieron violentamente en la planta que Industrias Secco posee dentro del predio del Ceamse en José León Suárez, partido de San Martín.
Los trabajadores, que desde hace semanas se encuentran en lucha contra más de 30 despidos, fueron sorprendidos por el operativo policial que incluyó empujones, golpes y la detención de un operario que no representaba peligro alguno. La escena quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde se ve a los uniformados tirando al suelo y golpeando al trabajador durante el operativo de desalojo.
La situación escaló aún más cuando se supo que uno de los trabajadores, en estado de desesperación, se colocó una soga al cuello y amenaza con quitarse la vida en medio del conflicto.
Según denunciaron delegados de la planta, los despidos alcanzan a todo el sector de emergencias, incluidos trabajadores con fueros gremiales, delegados, candidatos sindicales y activistas de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA – CTA Autónoma).
Despidos discriminatorios y criminalización de la protesta
“Estamos ante despidos ilegales y discriminatorios”, afirmó Ariel Moreno, uno de los trabajadores afectados, que remarcó que entre los despedidos se encuentran los llamados “bomberos de la luz”, personal técnico clave que asiste en emergencias del sistema eléctrico.
Industrias Secco, empresa que fue señalada en la llamada “Causa Cuadernos” por presunto pago de coimas durante el kirchnerismo, recurrió a la justicia penal para denunciar a sus propios empleados por manifestarse en defensa de sus puestos de trabajo. La primera causa, iniciada en la justicia ordinaria de San Martín, fue archivada por inexistencia de delito. Sin embargo, la firma insistió ahora con una nueva denuncia en el fuero federal, lo que para abogados laboralistas constituye un claro intento de intimidación.
Roberto Torres, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), advirtió que la ofensiva judicial de la empresa busca “criminalizar la protesta” y “amedrentar a los trabajadores que ejercen sus derechos constitucionales”.
“Denunciamos a estos empresarios impunes que buscan impedir la libertad de expresión, el derecho a huelga y la posibilidad de organizarse sindicalmente. Protestar es un derecho, no un delito”, sostuvo Torres.
Un gobierno que responde con represión
La intervención violenta de la Policía Federal fue justificada por el Ministerio de Seguridad con una orden de desalojo. Sin embargo, desde los sindicatos sostienen que se trata de una señal preocupante del modo en que el gobierno nacional responde ante los conflictos laborales.
“La represión no es la respuesta frente al reclamo legítimo de compañeros que se quedaron en la calle por decisión de una empresa que además intenta callarlos con causas penales”, sostuvo un dirigente de la CTA Autónoma bonaerense.
La Federación de Trabajadores de la Energía (FETERA), por su parte, exigió la reincorporación inmediata de los despedidos, el cese de la persecución sindical y el retiro de las fuerzas federales del lugar. También anunció que evalúan presentar denuncias ante organismos internacionales por violación de los derechos laborales y sindicales en la Argentina.
Este hecho se suma a una seguidilla de episodios represivos impulsados por la ministra Bullrich en distintos puntos del país, en el marco de la aplicación del protocolo antipiquetes. En este caso, las fuerzas de seguridad actuaron contra trabajadores que estaban llevando adelante una protesta pacífica, sin cortar el ingreso al predio del Ceamse.
El conflicto continúa abierto. Los trabajadores convocaron a una jornada nacional de solidaridad para los próximos días y no descartan nuevas medidas gremiales.