La zona norte del país no escapa de los numerosos conflictos salariales que ya forman parte de la cotidianidad del mismo: la disputa que lleva a cabo la Agremiación Judicial de Salta (AJS) es un claro ejemplo, dado que ésta entidad adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA) resolvió por unanimidad realizar un paro de 48 horas los días 25 y 26 de agosto, luego de que la propuesta de incremento en los sueldos, presentada por la Corte de Justicia, sea considerada “insuficiente”.
Mediante un comunicado compartido por la FJA, mencionaron que el sindicato judicial decidió la medida, lo que profundizó aún más la puja que se inició en mayo y que incluyó diferentes instancias de lucha como movilizaciones en los edificios judiciales de toda la provincia y aplausazos.
Producto de esa estrategia -informaron- fue lograron ser convocados por el máximo tribunal salteño para discutir.
Amplio consenso
Sin embargo, la propuesta presentada fue rechazada por las asambleas locales que se realizaron durante la semana pasada. En Tartagal, Metán, Joaquín V. González y en Salta Capital la decisión adoptada sin disidencias.
La Corte justifica ofreció algo realmente insólito: un aumento del 0,5% mensual durante cuatro meses, hasta completar un 2%.
En ese marco, el secretario general de la AJS, Matías Aramayo comunicó que “han finalizado las asambleas en Salta Capital y en todo el interior de la provincia donde se decidió avanzar con el ejercicio de nuestro legítimo derecho a huelga”.
Guardias mínimas
Posteriormente, el dirigente gremial sostuvo que la declaración del cese de actividades “es la manera que encontramos, de manera unánime, para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios”.
Asimismo, explicó que “se decidió que la medida va a ser en el marco de la normativa vigente, es decir que se garantizará una guardia mínima para la atención en cada una de las dependencias del Poder Judicial de Salta”.
Con respecto a la demanda de los empleados del sector, fue directo y enfatizó que “lo que nosotros venimos reclamando es la actualización de los salarios”.
En el mismo sentido, Aramayo calificó la propuesta del 2% como “completamente insuficiente” y sostuvo que, en algunos términos, “resulta insultante”, especialmente porque el reclamo del sector apunta a una recomposición salarial frente al atraso que denuncian respecto de trabajadores judiciales de otras provincias.
Posteriormente, el representante de AJS alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo y reveló que “hoy por hoy, un empleado judicial no llega a mitad de mes en el mejor de los casos”.
Prácticamente, después de la feria judicial, los empleados del sector retomaron los conflictos por mejoras en sus remuneraciones, las cuales sufren fuertes pérdidas debido al atraso salarial existente y al incremento del costo de vida. Por ejemplo, en Tierra del Fuego votaron un paro de actividades de 36 horas, el cual se llevó a cabo la semana pasada.
En su momento, la secretaria general del SEJUP, Marina Monchetti, destacó que “la jornada comenzó bien, hay mucha participación, el acatamiento es altísimo”, al tiempo que señaló que “los funcionarios, con la resolución que salió, son quienes deben garantizar las guardias mínimas”.