En los próximos días, el gobierno libertario anunciará un “digesto”, una serie de medidas para profundizar la desregulación del Estado. El mismo, que elabora el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger y será informado por el vocero presidencial Manuel Adorni, es una nueva etapa de la transformación de la administración pública, y si bien no hay demasiada información oficial se habla de fusiones y cierre de organismo, que se sumará a la eliminación de leyes y regulaciones consideradas innecesarias. Esto pone en alerta a los gremios, que saben que este tipo de movimientos traerá como consecuencias despidos y pérdidas de puestos laborales.
Por eso se movilización los trabajadores del INTA y el INTI, cuyas estructuras se comenzaron a transformar, dejando varios programas sin capacidad de ejecución. O la decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que cerró el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE), que denunció la coordinación nacional de ATE en el organismo. Por esta situación, diputados opositores recibieron a delegados y referentes estatales para analizar medidas para evitar nuevas cesantías masivas.
Los nuevos ajustes contra la estructura estatal comenzaron en varias dependencias, y coinciden con el adelanto del ya famoso digesto, un paquete de medidas para desregular el Estado nacional, pero que los gremios consideran es “más ajuste”. Uno de los casos es el cierre del CIPE, una decisión de las autoridades de la ANAC rechazada por la dirigencia de ATE. “El Gobierno nacional intenta cerrar el centro de capacitación donde se forman y actualizan los controladores de tránsito aéreo entre otras disciplinas aeronáuticas”, dijo Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC.
En diálogo con Data Gremial, el dirigente sostuvo que “el CIPE corre riesgo de cierre, porque todo el personal fue transferido a la ANAC central, por lo tanto se quedó sin personal para realizar los cursos de capacitación”. “Es una medida incongruente que pone en riesgo la seguridad aérea”, dijo el referente sindical, ya que los controladores aéreos “que tiene que estar permanentemente en formación, dejan de tener su centro de capacitación propio”. Desde ATE-ANAC sospechan que “se busca que esas tareas las haga un privado”, y apuntaron a una empresa “ligada al subsecretario de Transporte Aerocomercial, Hernán Gómez”.
Ante esto, ATE se declaró “en estado de alerta y movilización” y no descarta realizar medidas de fuerza este miércoles 30 de abril, cuando realicen una asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a partir de las 10 de la mañana, en la sede del CIPE. “No vamos a permitir el cierre del CIPE, que permite mantener la seguridad aérea”, recalcó Belelli. El CIPE lleva más de 60 años capacitando a los controladores aéreas, y ahora busca desmantelar.
La orden de realizar estas tareas llegó desde el Ministerio de Desregulación, y apuntan a un funcionario (Alejandro Tamer) que además es dirigente de San Lorenzo de Almagro, y estaría vinculado al escándalo de coimas en ese club. En este centro además se forman los bomberos aeronáuticos y otros trabajadores destinados a las terminales aéreas de todo el país. Por esta medida, corren riesgo 40 trabajadores “altamente especializado”, lo que hizo que ATE calificara como “nefastas” a las autoridades y sus políticas de “vaciamiento y desinversión”. “Se pasó un límite, ya no sólo se trata de una decisión política sino además es un riesgo para la seguridad aérea”, sintetizó Belleli.
Fusiones
Además de los cierres de espacios estatales como el CIPE, la motosierra de Milei y Sturzenegger punta a achicar dependencias, bajo el argumento de la eficiencia. Uno de los lugares apuntados es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde ya se comenzó a dar la transformación interna. A través de una resolución interna, su presidente, Nicolás Bronzovich, ratificó los movimientos que van desde la modificación de primer y segundo nivel operativo, la reorganización de áreas y funciones. En estos momentos se lleva adelante una reunión con los representantes de las entidades del agro para definir nombres de quiénes ocuparán los cargos, según las versiones. Además, la resolución ratificó la creación de la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa, que coordinará todo lo administrativo (recursos humanos, financieros y materiales). Por otra parte se definió un renombramiento de áreas, donde la Dirección Nacional Asistente de Recursos Humanos ahora será Coordinación Nacional de Recursos Humanos y Organización. Por otra parte, la dirección Nacional Asistente de Sistemas ahora será Coordinación Nacional de Sistemas y Tecnología.
Ante estos movimientos, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se reunieron con diputados opositores para analizar la situación que están atravesando actualmente el organismo, debido a la probable fusión con el INTA y su posible “vaciamiento y desguace”. En declaraciones periodísticas, Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna de ATE-INTI, aseguró no tener “ninguna precisión sobre qué implicaría el decreto” que va a presentar el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y que tampoco ha trascendido la reglamentación de “cómo va a llevar acabo esa fusión” y si, de hecho, es una fusión o un desmembramiento.
“Hicimos esta asamblea autoconvocada, que no la llamó la junta interna del sindicato, sino que fuimos los propios trabajadores los nos convocamos y empezamos a recorrer el Congreso, para ver qué posibilidades hay, frente a que salga este decreto, de poner un freno o rechazarlo de forma legislativa o por parte de la Justicia”, agregó.
Sobre eso, ATE ya está trabajando con un amparo para cuando salga y Daniel Gollán “nos dijo que ellos también lo están pensando, no solo para el INTI y el INTA, sino también para todos los organismos que estén involucrados en este decreto de desguace o fusión”, manifestó Santana. Este decreto podría violar leyes vigentes, como la ley de creación tanto del INTI como del INTA, incluso la ley de financiamiento del Sistema Científico Argentino, “que está siendo violado permanentemente”, porque esa ley prevé una inversión del 0,48 por ciento del PBI para sostenerlo y este año sólo les ofrecieron el 0,18 por ciento.
Otros casos
En tanto, desde el gobierno parecen decididos a avanzar con esta desregulación, que puede transformar el Estado como lo conocemos. Según el propio Sturzenegger, el objetivo del Gobierno es realizar “un ajuste significativo en el Estado, que busca, a su entender, mejorar la situación económica del país y, de paso, sacar a diez millones de personas de la pobreza”. El miércoles de la semana pasada, el gobierno pretendía hacer un importante anuncio vinculado a una desregulación estatal; sin embargo, se optó por aplazarlo hasta nuevo aviso.
La mayoría de las áreas que sufrirán cambios son institutos. Un ejemplo son algunos que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación, que se fusionarán en uno solo a los fines de evitar la duplicación de áreas y centralizar las políticas de todos. Los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud son los que más modificaciones tendrán.
Parte de este paquete es posible para el Gobierno a partir de las facultades administrativas que son detalladas en el artículo 3 de la Ley Bases. Esta permite la “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” innecesarias de los organismos, a la vez que habilita la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias”.
Aun así, esa misma legislación bloquea la posibilidad de la disolución de más de 30 organismos. Puede que no sean los únicos decretos de ese estilo que se vean en los próximos meses. Trasciende que la Casa Rosada también podría lanzar un conjunto de desregulaciones con espíritu similar a las contenidas en el “proyecto de ley Hojarasca”, que establece la derogación más de 70 leyes, consideradas “normativas obsoletas” o que restringen libertades. Podrían ser derogaciones de decretos o normas de menor rango que estén a tiro de decreto simple.