La decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario generó la bronca de la comunidad educativa, que reaccionó de inmediato con un paro de actividades y el llamado a una nueva marcha el día que el congreso trate el decreto. Durante septiembre los miembros del Frente Sindical de Universidades Nacionales realizaron acciones de protesta, en el marco del plan de lucha contra las políticas de ajuste del gobierno, que incluye un techo salarial para docentes y nodocentes, que mes a mes hace que los ingresos profundicen su retroceso ante la inflación.
En este contexto, se multiplican las muestras de rechazo a esta acción del gobierno, que incluyó otro veto muy polémico: El de la Ley de emergencia Pediátrica. Por eso, la dirigencia considera que el veto “no tendrá mucha vida”, ya que esperan que la presión social haga que los legisladores de ambas cámaras den de baja la decisión presidencial. En cuanto a la marcha que se prepara, la idea es que sea tan multitudinaria como las dos realizadas por gremios, rectores y estudiantes en 2024, y se dará en plena campaña para las legislativas nacionales, un dato que favorece la posibilidad de sostener la normativa.
La Ley de Financiamiento Universitario tiene un capítulo dedicado a la paritaria del sector, donde se establecen las normas para convocar y negociar los salarios de docentes y nodocentes. En concreto, la ley determina que los salarios deben actualizarse de acuerdo al IPC, para lo cual “asegura fondos específicos para la actualización y recomposición salarial del personal universitario”. Hasta ahora, los acuerdos se cierran de forma unilateral por parte del gobierno nacional, de acuerdo de su estrategia para mantener un techo a los incrementos.
Esto hace que los salarios del sector estén “en caída libre”. Un reciente informe confirma que en agosto esta tendencia se profundizara, lo que suma un nuevo ingrediente al clima de conflicto. Según el último reporte elaborado por el Módulo de Condiciones Laborales Docentes (MOCLADUNA) del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), existe “una tendencia preocupante para el sector docente: el salario universitario no alcanza a contener el aumento de precios, profundizando la pérdida del poder adquisitivo”. En el análisis, al que tuvo acceso Data Gremial, “los datos de julio muestran que el incremento salarial fue del 1,3 por ciento, mientras que la inflación alcanzó el 1,9 por ciento”.
La situación, destacó el MOCLADUNA, “se agrava si se mira el acumulado desde diciembre de 2023 hasta julio de 2025: el salario docente subió un 128,5 por ciento, frente a una inflación que alcanzó el 220,3 por ciento en el mismo período”. Es decir, una pérdida del 101,8 por ciento, lo que marca que “los ingresos del sector quedaron muy rezagados frente al ritmo de los precios”. En este sentido, el informe advierte que “el salario de los docentes universitarios se viene deteriorando sostenidamente, una frase que interpela directamente al gobierno nacional sobre la urgencia de políticas que reviertan esta tendencia”. Para agregar perspectiva, la entidad sumó datos aportados por la Asociación Docente de la UNDAV (ADUNA), que alertó que en junio “la inflación acumulada desde diciembre de 2023 era de 214,3 por ciento, mientras que el aumento salarial fue solo del 122,7 por ciento”.
“El salario de las y los docentes universitarios se viene deteriorando sostenidamente, reafirmando el desgaste prolongado del ingreso frente al costo de vida”, agregó la entidad sindical. Además, se agregaron datos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Hurlingham (LPE-UNAHUR), que también documenta “desplomes históricos del ingreso docente en términos reales: cerca del 32 por ciento en universidades y 33 por ciento en educación básica desde la asunción de Milei”.
Estrategia
La respuesta de los gremios y el resto de la comunidad educativa no se hizo esperar. Este viernes hay paro en todas las universidades del país, convocado por CTERA, FAGDUT, FATUN, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, que se espera tenga un gran acatamiento. Además, se prepara una tercera marcha para llevar el reclamo al Congreso, donde se definirá el futuro de la ley, ya que ambas cámaras pueden rechazar el decreto del veto, y restituir la normativa.
En este sentido, Daniel Ricci, titular de FEDUN, fue optimista, y marcó que “estamos trabajando para que los legisladores mantengan la ley”. En diálogo con Data Gremial, el referente dijo que “en las charlas que ya estamos teniendo con diputados y senadores vemos que hay voluntad de sostener el financiamiento de las universidades, creemos que vamos a lograr revertir el veto”. Además, Ricci, expresó que “hay un fuerte compromiso de los docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”.
En la cuestión salarial, el dirigente de FEDUN alertó sobre la situación actual, coincidiendo con los datos difundidos por la UNDAV: “Lo que vemos es alarmante, el año pasado perdimos más del 50 por ciento del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1 por ciento mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor”. Además, el gremio y el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) denunciaron el mismo día del veto que el gobierno anunció una medida que “ajusta en 120 mil millones de pesos el magro presupuesto de educación y universidad para 2025”.
Las entidades –que vienen trabajando en conjunto en la elaboración de informes sobre los efectos del ajuste en las universidades y la ciencia y tecnología –denunciaron que la decisión administrativa 23/2025 “le quita a las universidades 40 mil millones en gastos corrientes, y además, recorta 12.400 millones en infraestructura y 44.300 en becas estudiantiles”. “El gobierno de Milei responde a la derrota electoral con un nuevo ataque a la educación y la universidad”, criticaron.
Nueva marcha
En tanto, además del paro de este viernes y las reuniones con los legisladores, los gremios plantean una multitudinaria muestra de fuera en las calles, como las dos anteriores, que marcaron un antes y un después en la relación del gobierno con la comunidad. Mucho más en medio de un proceso electoral. La movilización se realizará el mismo día en que la cámara de Diputados trate el rechazo al veto presidencial, completando la estrategia de respaldo a los legisladores que anunció Ricci. El objetivo será presionar para que los legisladores “insistan con la ley”, como expresó la conducción gremial, y defender el financiamiento de las universidades públicas, cuya situación “es cada vez más crítica”.
La propuesta de la nueva movilización cosechó en las primeras horas de su lanzamiento un apoyo unánime. Los trabajadores de las universidades confirmaron su participación. Según Jorge Anró, secretario Adjunto de FATUN, que cargó contra la medida del presidente Milei: “Con una actitud soberbia, intolerante, de no escuchar al pueblo que creo que habló muy claramente el domingo pasado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y no respetar la división de poderes y la atribución que tiene el Congreso, que en definitiva son nuestros representantes, de dictaminar una ley, ante eso es un paro contundente, que será muy fuerte en todo el país y la apertura a lo que va a ser después una gran marcha universitaria federal a lo largo y ancho de la Argentina, que se hará el día que la cámara de Diputados trate el aval o no del veto del presidente”.
Por su parte, los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salieron a rechazar públicamente y convocaron a la nueva movilización. Asimismo, se anunció una serie de recortes que se aplicarán en el funcionamiento de distintas facultades de la UBA, y que harán que esa casa de estudios funcione a pesar del “estado crítico” en que se encuentra, como consecuencia de la falta de fondos nacionales.