A medidas de octubre, los integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizaron una acción solidaria en la ciudad de Rosario, donde se instalaron unas 60 ollas populares en la céntrica Plaza San Martín. La imagen era inusual, no porque en esas calles no se vieran acciones similares, todo lo contrario. Lo inédito fue que sean gremios los que preparen esa movida, y sus trabajadores formales los que reciban la asistencia. Es que en los últimos tiempos, de la mano de la crisis de ingresos, muchos empleados formales, incluso bajo convenio, tienen problemas para llegar a fin de mes. “El sueldo no alcanza”, es la queja generalizada, que desafía los datos del INDEC que afirmaron que en agosto los salarios le ganaron a la inflación. A esta tendencia se le agrega un dato alarmante, la cara más dramática de esta crisis: Los asalariados que pasan hambre. Es que un reciente informe habla de un importante porcentaje de trabajadores que sufren inseguridad alimentaria, como los especialistas llaman a esta realidad. Los gremios vienen detectando esta situación, y en muchos casos activaron programas de contención para asistir a sus afiliados. El problema más grave lo tienen informales y cuentapropistas, que no reciben esta asistencia.
Un último informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló una de las peores caras de la crisis de ingresos, que afecta a los trabajadores registrados. Según el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, el 15 por ciento de los trabajadores asalariados del país “sufre inseguridad alimentaria por falta de recursos económicos”, es decir, pasa hambre. El estudio, que abarca el promedio de los últimos tres años, también mostró que “la situación se agrava entre los informales y los cuentapropistas, donde el índice trepa al 25 por ciento, evidenciando que tener empleo no garantiza el acceso a una alimentación suficiente o de calidad”. El informe de la UCA detalla que el indicador se construye “a partir de las respuestas sobre acceso y calidad de los alimentos en los hogares”. Se consulta si los adultos o los niños redujeron porciones o sintieron hambre en los últimos 12 meses por falta de dinero. El resultado permite clasificar los casos en inseguridad alimentaria moderada o severa. Según los datos, “el 8,1 por ciento de los ocupados está en situación severa, mientras que el 11,5 por ciento enfrenta dificultades moderadas”.
El reporte se realizó en centros urbanos de todo el país con más de 80 mil habitantes e incluyó 2894 personas mayores de 18 años. Entre los trabajadores formales, el panorama es menos grave: “la inseguridad alimentaria afecta al 7,4 por ciento de los asalariados con aportes, frente al 30,3 por ciento de los asalariados sin aportes”. La precariedad y la informalidad aparecen como los principales factores detrás del deterioro. Según la UCA, “la insuficiencia del ingreso real explica por qué incluso con trabajo, miles de familias no logran cubrir sus necesidades básicas”. El análisis de la ODSA muestra una tendencia preocupante: En 2022, el 17,3 por ciento de los ocupados tenía inseguridad alimentaria; en 2023 subió al 18,8 por ciento; en 2024 alcanzó el 22,5 por ciento, su nivel más alto en tres años. Dentro de ese universo, los cuentapropistas fueron los más golpeados: la incidencia saltó de 22,1 a 31,8 por ciento en un año. En cambio, “entre los asalariados formales, el índice bajó levemente, de 9,1 a 7,8 por ciento”. El informe también muestra fuertes diferencias según la región y el género. En el conurbano bonaerense, “el 18,9 por ciento de los asalariados sufre inseguridad alimentaria”. En las ciudades del interior, el índice baja al 14,8 por ciento. En CABA llega al 7,1 por ciento. Entre los asalariados con aportes, las brechas son aún más marcadas: “10,5 por ciento en el conurbano, 7,4 por ciento en el interior y solo 1,8 por ciento en la Capital Federal”. Además, la inseguridad alimentaria es más alta entre las mujeres registradas: afecta al 8,5 por ciento frente al 6,6 por ciento de los varones.
Consecuencias
La inseguridad alimentaria es definida por Naciones Unidas (ONU) como los problemas que experimentan las personas que hace que “no pueden llevar una dieta sana y equilibrada de forma habitual debido a limitaciones de ingresos u otros recursos”. El aumento de esta realidad viene creciendo desde el2015, y se potenciaron con la pandemia. En este tiempo, las personas afectadas por esta realidad incluyen asalariados, algo que en la Argentina puede verse con el aumento de los llamados “trabajadores pobres”. Por eso, pueden verse empleados incluso formales acudiendo a comedores populares, algo que los gremios vienen alertando. Para satisfacer esta demanda, los sindicatos y movimientos sociales piden mayor asistencia a los Estados, pero la llegada de Javier Milei a la presidencia generó el efecto contrario: se congeló la entrega de alimentos bajo el argumento de auditar la ayuda social.
Por eso, muchos comedores no pueden atender la demanda existente. En Córdoba, por ejemplo, la CTA Autónoma y la Federación Nacional Territorial (FeNaT) vienen realizando varios reclamos en la Municipalidad de Córdoba Capital, para que se refuercen las viandas de alimentos. La respuesta fue la violenta represión que terminó con la detención del titular de la central obrera Federico Giuliani. La grave situación no sólo dejó al descubierto la grave criminalización de la protesta social, sino el aumento de la necesidad de comida para cubrir las necesidades, incluso de los trabajadores. “Evidentemente la demanda en los comedores populares creció, a partir de la crisis económica y social que genera el modelo actual de gobierno nacional”, dijo Giuliani ante la consulta de Data Gremial. Esto hace, agregó, que “muchos trabajadores en blanco e informales deban pedir esta asistencia, incluso algunos que tienen dos o tres empleados”.
Respecto a los porcentajes, el líder de ATE Córdoba marcó que “capaz es mayor que el que dice la UCA, porque no sólo hablamos de asalariados en actividad, sino los jubilados, que hoy directamente no tienen para comer”. Por estas razones, en esa y otras provincias los reclamos por asistencia estatal crecen, y las denuncias del ajuste nacional y provincial también.
Análisis
En cuanto a las razones de esta tendencia, la UCA asegura que no hay datos de este año, lo que refuerza los dichos de Giuliani sobre un porcentaje mayor de empleados que sufren esta realidad. “De 2025 todavía no hay datos, pero es posible que el índice haya mejorado, en sintonía con la merma de la pobreza y la indigencia, aunque las dinámicas de consumo cambiaron”, explicó Ianina Tuñón, investigadora de la UCA y coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Tuñón señaló que “uno de los aspectos más afectados en 2024 fue la calidad de los alimentos consumidos”, lo que sugiere que, aunque algunas familias logran cubrir sus comidas diarias, la nutrición sigue deteriorándose. El informe de la UCA confirma una tendencia estructural: “el trabajo ya no garantiza escapar del hambre”. En la Argentina de 2025, el 19,6 por ciento de los ocupados adultos tiene inseguridad alimentaria, reflejando que el problema trasciende el desempleo y se vincula con la pérdida del poder adquisitivo, la informalidad y la precariedad laboral. A esto se le suman los puestos de trabajo formales perdidos, que complican más el panorama.
Según reveló un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el empleo asalariado formal acumula 205.000 bajas en lo que va de gestión de Javier Milei desde diciembre de 2023. El reporte expuso que “el empleo asalariado formal total en julio de 2025 representaba una pérdida de 14 mil puestos de trabajo (-0,1 por ciento) respecto de julio de 2024 y una pérdida de 205 mil puestos de trabajo (-2 por ciento) respecto de noviembre de 2023”. Con este escenario, reveló que “el número total de trabajadores formales a julio de este año alcanzó un nuevo mínimo desde la contracción observada a partir de fines de 2023” y advirtió que desde aquel momento en el que se produjo la asunción de Milei “se observa una fuerte reducción del empleo formal asalariado total durante el primer semestre de 2024 y un estancamiento posterior”.