Casi 50 operarios del frigorífico Euro SA fueron despedidos esta semana, mediantes telegramas que llegaron sin previo aviso. En medio de las tensiones por la falta de pago, la empresa ubicada en la localidad de Villa Gobernador Gálvez decidió cerrar sus puertas, lo que generó la protesta frente a la planta. Así, la firma se suma a una larga lista de conflictos en la provincia de Santa Fe, donde la crisis industrial que golpea al país tiene especial influencia. El sector productivo tiene rubros de peso en ese territorio, como el lácteo, que atraviesa uno de los momentos más complicados desde la vuelta a la democracia. Casos como los de Sancor, Lacteos Verónica y Vicentín son algunos de los más importantes, sumando a lo que pasa con Vassalli, Algodonera Avellaneda y Celulosa.
En todas las situaciones, existe una conjunción de factores que golpean la industria santafecina y su actual crisis, que los datos de la principal cámara empresarial local confirman. Atrasos salariales, reducción de la capacidad productiva y dificultades económicas derivadas del contexto nacional son alguna de las consecuencias de este panorama sombrío, que los gremios creen que empeorará en el corto plazo, ante la falta de medidas en dirección contraria a la actual, y preparan en unidad la resistencia al ajuste nacional y local.
La crisis industrial de Santa Fe es una de las más importantes del país. Como parte del llamado “centro productivo” del país, viene sufriendo las políticas recesivas del gobierno nacional, como muestran la larga lista de conflictos abiertos. En el último reporte de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en julio de este año la actividad fabril en la provincia “presentó una repentina caída de 5,2 por ciento interanual, interrumpiendo la incipiente recuperación iniciada en el segundo semestre del año pasado”. El indicador desestacionalizado de producción de julio de 2025 “se redujo un 3,3 por ciento respecto al mes anterior”. “Sin lograr compensar el retroceso de 2024 en el período enero-julio de 2025 la producción manufacturera acumuló una mejora de 5,3 por ciento”, recalcó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
El actual nivel de producción industrial “se ubica un 10,2 por ciento por debajo de 2022, siendo además, 3,9 por ciento menor al registro de 2023”. Así, agregaron, “se acentúan las dificultades derivadas por la prolongación del debilitado nivel de actividad, el sostenimiento de los altos costos financieros y la particular dinámica del comercio exterior”.
El declive provincial es más del doble que el de la industria manufacturera argentina, que registró una baja del 2,3 por ciento en el mismo período, según datos del INDEC. La FISFE atribuye la caída a “una prolongada debilidad económica, los altos costos financieros y una desfavorable dinámica del comercio exterior”. “Mientras las exportaciones de manufacturas caen un 4,6 por ciento en volumen, las importaciones de bienes de consumo y vehículos se dispararon en un 39,3 por ciento y 146,4 por ciento interanual, respectivamente”, destacaron desde la entidad patronal. Los sectores con mayor incidencia negativa en julio fueron: Molienda de oleaginosas; vehículos automotores y autopartes; y maquinaria agropecuaria. Por otro lado, industrias como la siderúrgica, la de carrocerías y remolques, y la de muebles mostraron un crecimiento positivo. Sin embargo, en un panorama general, el 58 por ciento de las ramas industriales de la provincia experimentó un retroceso interanual.
Cabildo abierto
La situación industrial de Santa Fe tiene en alerta a los gremios, que preparan medidas para intentar sostener los puestos laborales. Por eso, la semana que viene las tres centrales obreras locales realizarán junto a pymes y otros sectores un cabildo abierto para debatir las consecuencias del modelo libertario y posibles salidas. “Nuestra provincia no es ajena a la motosierra de Javier Milei, porque el gobernador Maximiliano Pullaro va en esa dirección, pee a que ahora parece querer diferenciarse”, aseguró Claudia Baigorria, titular de la seccional Santa Fe de la CTA Autónoma.
En diálogo con Data Gremial, aseguró que la crisis “golpea a todos los rubros, la construcción, la metalúrgica y la siderúrgica están muy mal”. Incluso la actividad agropecuaria está afectada, pese a las medidas que lanzó el gobierno nacional en estos días. “Son siempre las grandes exportadoras las beneficiadas”, aclaró Baigorria.
El Cabildo Abierto Federal por la Seguridad Social se realizará el próximo 3 de octubre en la Ciudad de Santa Fe, y participaran gremios de la CGT, las dos CTA la UTEP y APYME. El debate se centrará en tres ejes: Sistema de jubilaciones y pensiones; obras sociales; y política integral de ingresos y salarios.
“Según denuncian desde la UOM de Villa Constitución, están produciendo la mitad del acero que antes de que asumiera Milei, pasando de 1.200.000 toneladas a poco más de 600 mil”, contó Baigorria. Esto genera la pérdida de puestos de trabajo en las empresas del sector, y la movilización tanto del gremio metalúrgico como del resto del movimiento obrero. Para Baigorria, la política de desindustrialización que vive la provincia y el país “está dejando un tendal de despidos, además de suspensiones, retiros voluntarios y paritarias a la baja. Es una verdadera calamidad”.
En este sentido, la referente de la CTA Autónoma local cuestionó los datos de desempleo, que oficialmente parecen estabilizados: “El problema es la calidad del empleo en la provincia, que es cada vez más precario y de menores remuneraciones, mucho monotributo”.
Para las centrales obreras, la crisis industrial tiene múltiples consecuencias, más allá de los despidos y la conflictividad. El desfinanciamiento del sistema previsional y las obras sociales, por ejemplo, genera alarma. “En definitiva es un panorama muy patético el que atravesamos, todos los sectores de la economía santafecina, entendemos que la conflictividad va a ir creciendo”, dijo Baigorria, que puso como ejemplo la detención el año pasado de dirigentes estatales que se opusieron a la reforma previsional que impulsó en la legislatura el gobernador Pullaro.
Para frenar estas cuestiones, se está trabajando en unidad, tanto los gremios como los movimientos sociales. “Estamos coordinando con todos los grupos afectados por esta crisis, como mujeres y diversidades, estatales, sectores de la cultura, jubilados y las discapacidades para poner de manifiesto que ni el gobernador Pullaro ni el presidente Milei no gozan de licencia social para establecer un ajuste que recae indudablemente en las espaldas de los trabajadores”, aseguró Baigorria.
Mapa de los conflictos
En el resumen de la crisis industrial, la metalúrgica reporta unos 5 mil puestos de trabajo perdidos, según las estimaciones. En tanto, las plantas algodoneras del norte de la provincia enfrentan una crisis marcada por despidos, suspensiones y recortes salariales.
El caso emblemático es el de Algodonera Avellaneda, que atraviesa una crisis financiera que la ha llevado al borde de la quiebra. Tras haberse declarado en concurso, la empresa propuso suspensiones y reducciones horarias para poder mantener la producción. Sin embargo, la caída del consumo y el ingreso masivo de productos importados y de contrabando están complicando aún más la situación. Actualmente, la planta opera al 20-25 por ciento de su capacidad, lo que genera dificultades para cumplir con el pago de los salarios de sus 400 empleados.
En el rubro lácteo, el sector sufre de conflictos laborales, con parálisis de plantas como en Lácteos Verónica, lo que refleja la tensión existente en el sector productivo. Ubicada en la localidad de Lehmann, enfrenta un grave atraso en los salarios, con trabajadores acumulando deudas de entre 5 y 6 millones de pesos por persona. A pesar de que la empresa había solicitado un procedimiento preventivo de crisis, no logró avances concretos durante los últimos dos meses y medio. La situación de Sancor es aún más complicada. Después de haberse declarado en concurso de acreedores en febrero, la empresa sigue acumulando pasivos, en su mayoría por sueldos impagos. Los trabajadores llevan más de cuatro meses sin recibir sus salarios completos.
La empresa, que necesita procesar un millón de litros diarios para mantenerse operativa, aún no ha logrado reactivar completamente su producción, lo que genera una gran preocupación entre los 900 empleados.
Además, Celulosa Argentina se encuentra en una "quiebra técnica" con pérdidas significativas, haciendo su operación inviable. La planta ubicada en Capitán Bermúdez está paralizada desde hace casi tres meses. La empresa presentó un balance con una pérdida de 170.000 millones de pesos, lo que la llevó a solicitar el concurso de acreedores.
Los 650 trabajadores de la planta siguen yendo a sus puestos, pero la incertidumbre sobre los salarios y la falta de producción generan una gran preocupación. La empresa busca incorporar socios o vender la planta para poder reactivar la producción, pero el contexto macroeconómico sigue siendo un freno para cualquier posible solución.