A través de varios medios, la semana pasada se filtró el borrador de la llamada Ley de Libertad Educativa, una propuesta del gobierno nacional para el sector educativo. En medio de la puja con las provincias por el ajuste de recursos, la gestión libertaria hizo circular esta iniciativa, que generó polémica y rechazo por su contenido. La norma fue pensada para modificar la Ley Nacional de Educación, que está en vigencia desde el año 2006, y que el gobierno de Javier Milei incumple constantemente desde que asumió. El proyecto, todavía en etapa de borrador, incorpora la posibilidad de que cada escuela diseñe planes de estudio propios elaborados conforme a su “ideario” y su “proyecto educativo”.
En este marco, el Estado conservaría la responsabilidad de otorgar validez oficial a cada diseño curricular, aunque promueve un marco más amplio de autonomía institucional. Desde el oficialismo destacaron el concepto de “libertad educativa”, dándoles a las familias mayor preponderancia en la elaboración de contenidos, corriendo al Estado, que deja de calificar como “bien público” la enseñanza.
Los gremios docentes salieron de inmediato al cruce de la propuesta, la cual calificaron de “un intento de privatización, eliminación del financiamiento estatal y restricción al derecho a huelga”.
La difusión de los contenidos de la Ley de Libertad Educativa pareció un “globo de ensayo” para ver la respuesta de la comunidad del sector. El primer capítulo de la norma, a la que tuvo acceso Data Gremial, define los lineamientos ideológicos centrales de la propuesta y coloca la “libertad educativa” como principio rector del sistema, seguida del “rol preferente” de las familias y la “subsidiariedad del Estado”.
Aunque el texto ya no presenta a la educación como un “bien público”, sostiene la gratuidad desde sala de cuatro hasta el último año de la secundaria y mantiene los contenidos mínimos del Sistema Educativo Nacional. En esa línea, el artículo 37 incluye la facultad para que las instituciones educativas definan el régimen de gobierno interno, los planes de estudio propios, los reglamentos, el régimen de personal y las políticas de admisión, permanencia y disciplina.
Para las escuelas estatales, el escrito prevé una transición progresiva hacia un esquema de gestión autónoma, al tiempo que incorpora un “Consejo Escolar de Padres” como órgano de participación familiar. En tanto, el esquema incorpora cambios en el calendario escolar y establece un mínimo de 540 horas anuales para nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, inferior a las metas definidas el Consejo Federal de Educación para 2024, que fijó 760 y 900 horas, respectivamente.
En paralelo, el proyecto habilita la educación en el hogar como una modalidad alternativa equivalente al homeschooling con opciones híbridas y a distancia, sin fijar edad mínima.
El documento indica que los estudiantes que opten por la educación en casa deberán acreditar conocimientos mediante exámenes periódicos. No obstante, la sección más controvertida de la reforma altera el financiamiento educativo y suprime la meta del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mediante un esquema que reparte responsabilidades entre el Estado nacional y las provincias.
En consecuencia, la propuesta incluye asignaciones para instituciones estatales y privadas, con apoyos para las familias a través de becas o vales educativos dentro de un sistema federal de monitoreo. Vale precisar que esta nueva normativa retoma medidas que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ya habían planteado en la Ley Bases. En ese sentido, el borrador actual profundiza esta orientación y coloca la “libertad educativa” como eje central por encima del rol estatal.
Rechazo sindical
Apenas conocido el borrador del proyecto, los gremios “pusieron el grito en el cielo” respecto del impacto de la iniciativa. Desde la CTERA por ejemplo rechazaron “enérgicamente” el documento y aseguraron que se trata de “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”.
“Desconocen e ignoran el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público, para reemplazarlo de manera antidemocrática con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales”, recalcaron.
Si bien son las provincias las que tienen bajo su tutela los sistemas educativos, los lineamientos generales los impone Nación. Además, agregaron fuentes del sector consultados por Data Gremial, el gobierno “interviene verticalmente a través de la ley actual, que aportar recursos para equiparar salarios, entre otras cosas. Esta ley institucionaliza el ajuste”.
El rechazo de CTERA apunta también a “un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social”. Además introduce “la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la educación en los propios hogares (homeschooling)”.
En cuanto al financiamiento al sistema y sus instituciones, se pasa a un sistema que apunta “a la demanda y los usuarios (financiamiento individual, voucher a las familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas)”.
Entre otras vulneraciones, el proyecto arremete “contra el derecho a huelga declarando a la educación general básica como ‘servicio esencial’, sosteniendo la idea de ‘continuidad mínima del servicio educativo’ durante medidas de fuerza o paros, lo que de por sí, resulta insostenible, e introducen la prueba estandarizada a la finalización de los estudios primarios y secundarios, como si no sirviera de nada toda la evaluación procesual y formativa que se realiza en las trayectorias estudiantiles; y también avanzan con la imposición de una evaluación punitiva para la docencia ligada a los postulados de la meritocracia”. “Ya intentaron este límite a la huelga, pero la justicia y los organismos internacionales rechazaron los argumentos oficiales”, recordó el mismo dirigente consultado.
Postura de la CGT
En tanto, el Secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la UDA, Sergio Romero, manifestó su “rechazo absoluto” al proyecto de ley, que actúa como “una reforma educativa” del gobierno nacional, porque “tiene tintes de privatización”. “Vamos a rechazar la iniciativa que obra en nuestro poder y circula en los medios, lo primero que vamos a presentar es nuestra disidencia en el Consejo de Mayo a través de nuestro representante de la CGT”, dijo Romero, quien anticipó que “vamos a presentar en el Consejo de Mayo nuestra oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa”, aseguró el referente sindical.
“El proyecto serrucha el sistema educativo: lo derriba para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total de financiamiento, en otros temas sensibles”, explicó. Y agregó: “buscan instalar la educación como un servicio esencial con el evidente propósito de generar condiciones que vulneren derechos laborales y salariales y, en definitiva, la calidad educativa”. “Esta ley va a destruir el ya desgarrado tejido social, generando un impacto negativo a mediano plazo difícil de dimensionar”, apuntó Romero, y finalizó diciendo que “el Estado Nacional no puede correrse de responsabilidades indelegables que debe asumir con madurez”.