Cada miércoles, la zona frente al Congreso se vuelve el escenario de las manifestaciones contra el plan de ajuste del gobierno nacional, a partir de la presencia de los jubilados, que reclaman una mejora de sus haberes. Todas las semanas, en esa ya tradicional protestas suelen confluir nuevos sectores afectados por el ajuste, que suman su malestar al de los pasivos.
En algunas ocasiones, por la importancia de los reclamos, la Plaza de los dos Congresos se llena, y hace crecer la tensión por los desmedidos operativos de seguridad de la ministra Patricia Bullrich. La próxima semana, se espera que sea uno de esos días donde se “reviente” el lugar. No es para menos, dentro el recinto se espera un “súper miércoles” donde la nueva mayoría opositora vuelva a darle un golpe a la motosierra del presidente Javier Milei.
Por un lado, se supone que se tratarán los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y Ley de Emergencia Pediátrica, dos temas muy sensibles que movilizan a la comunidad.-por eso, se tardará otra emergencia, en este caso en el rubro científico-tecnológico, que busca revertir la baja en los recursos para investigar, que están llegando a números alarmantes. Según un reciente informe, la inversión en equipos científicos cayó en la gestión de La Libertad Avanza un 65 por ciento. Los gremios de estas tres áreas claves prometen “una gran movilización” el día del tratamiento.
Un poco rezagada respecto de las otras emergencias, el proyecto de emergencia de la ciencia quedó a un paso de su tratamiento y aprobación, luego del dictamen favorable en comisiones en la cámara de Diputados. La iniciativa nació en el Senado, por iniciativa de Eduardo “Wado” de Pedro. La propuesta busca declarar “la emergencia presupuestaria y financiera hasta el 31 de diciembre de 2025 del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, garantizar el sostenimiento en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional de las metas mínimas destinadas a la función Ciencia y Técnica previstas en el artículo 6° de la Ley 27.614”.
Uno de los puntos salientes es la actualización de las partidas asignadas al sector, incluyendo la totalidad de los programas correspondientes al sistema científico del país. Esta actualización, marca el proyecto de ley, “debe implementarse progresiva y sostenidamente de forma trimestral de manera tal que al cierre del ejercicio 2025 se dé cumplimiento con el porcentaje mínimo para ese año con más la diferencia que haya existido respecto del mismo parámetro para el año 2024”. Además, se establece que los salarios del personal –tanto investigadores, becarios y personal de apoyo –sean actualizados a partir de IPC.
En este contexto, la cámara baja tratará el proyecto el “súper miércoles”, y desde ATE CONICET llamaron a movilizarse junto a los sectores de salud y las universidades, lo que promete ser una jornada de mucho reclamo. “Desde ATE Capital estamos convocando a todas las movilizaciones en el marco de unidad, para apoyar no sólo el financiamiento del sistema universitario sino por la ley que declara la emergencia en el área científico-tecnológica”, confirmó Juan Manuel Sueiro, referente de ATE en el CONICET.
En diálogo con Data Gremial, criticó que el gobierno nacional “en lugar de reflexionar sobre el resultado electoral del último domingo profundiza el desmantelamiento del sector con el pretexto del ajuste fiscal”. Para Sueiro, pese a estas medidas que dejaron a muchos organismos científicos casi sin capacidad de investigar, el oficialismo “no puede explicar cuáles fueron los resultados de tan brutal ajuste en estos meses”. En general, para el dirigente el modelo libertaria “lo único que logró fue la degradación de las condiciones económicas de la Argentina”, por eso llaman a movilizar para apoyar estas tres leyes claves, y para repudiar las acciones contra toda la comunidad. “El gobierno cree que un Estado mutilado es su acción de gobierno, pero hay una sociedad de pié contra esto”, agregó Sueiro.
Ajuste brutal
La declaración de la emergencia en ciencia y tecnología está justificada por los tremendos ajustes que se dieron en los organismos descentralizados, como el CONICET. Además, la propuesta busca proteger de la motosierra a entidades como el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR) y las propias universidades nacionales, donde se concentra gran parte de la investigación y los científicos del país. Los efectos de estas políticas se pueden ver en varios datos.
En un reciente informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), se analizaron los recursos destinados a la compra de insumos y equipamientos para el sector, y se determinó que “se consolidó una retracción que está entre el 35 y el 45 por ciento desde 2023 para la mayoría de los organismos”. El trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, estableció que “la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Agencia IDI lideraron la caída”.
“Sin equipamiento, los investigadores y las áreas de apoyo técnico ven seriamente comprometidas las posibilidades de desarrollar sus actividades”, alertó el CIICTI, que viene siguiendo de cerca los efectos del ajuste en la educación pública –con informes en conjunto con la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) –y la ciencia. Además, se estableció que el presupuesto de la Secretaría de Educación “culminó el 2024 con una caída real de la inversión del 41,8 por ciento y que para el 2025 espera un deterioro adicional del 10,3 por ciento”.
En el caso de las universidades nacionales, principal programa presupuestario de la secretaría, “la caída fue del 21,9 por ciento en 2024 y proyectan perder 8,6 por ciento adicionales en 2025”. Como dato adicional, la entidad le preguntó a Grock, la inteligencia artificial de la red social X, cuántos microscopios de barrido SEM se podrían comprar “si se usara el 8 por ciento de las supuestas coimas denunciadas por el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo”. La respuesta fue contundente: “se podrían equipar hasta 62 laboratorios de los 330 que tiene el CONICET”.
Otras emergencias
Además de la movilización del sector científico, la educación superior y la salud dirán presentes en la jornada del miércoles, y se espera una verdadera multitud en las inmediaciones del Congreso.
Como informó en la semana Data Gremial, hay optimismo entre los gremios sobre la posibilidad de dar de baja los vetos, ya que se están realizando contactos con legisladores y bloques para lograr los votos necesarios. Además, la decisión presidencial de también vetar la norma que realizaba un nuevo reparto de los ATN pone otra vez a la Casa Rosada contra los gobernadores, que son gestores de esta nueva mayoría legislativa que avanza contra las políticas de ajuste y les pone un freno.
Lo cierto es que se esperan muchas personas movilizadas, acompañando los reclamos de profesionales y trabajadores de todos estos sectores, que defienden las iniciativas que buscan salvar la situación presupuestaria y salarial.
La Ley de Emergencia Pediátrica, por ejemplo, recientemente vetada por el Gobierno, buscaba actualizar los salarios a fines de 2023 y compensar la inflación. “La ley lo que hace básicamente es traer nuestros sueldos a finales del 2023 y darnos lo que correspondería por el ajuste inflacionario. No es una gran cantidad de dinero, pero lograría compensar algo de todo esto”, detalló Mauro García, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan. El especialista enfatizó que la pérdida de profesionales altamente capacitados afecta de manera crítica el funcionamiento del hospital: “Ayer (por el viernes pasado) contabilizamos 245 renuncias desde que comenzó el conflicto. En oncología, por ejemplo, había cinco puestos para ocupar y se ocupó uno solo. Este hospital atiende el 40 por ciento de los pacientes oncológicos del país. Estamos preocupados por el futuro”.