La “goleada” que recibió el gobierno en el Congreso en las últimas semanas estableció una especie de “nueva mayoría”, formada por los bloques opositores y aquellos que responden a gobernadores que decidieron tener una actitud más beligerante contra la gestión libertaria. Incluso en varios temas se superó ampliamente los dos tercios de ambas cámaras, desactivando ese piso que funciona como un “cortafuegos” para frenar, por ejemplo, pedido de juicio político. Por esto en Casa Rosada saben que las elecciones nacionales serán claves, y apuntan todos sus cañones a subir su piso de legisladores. Hasta esa renovación, existe una oportunidad de imponerle agenda al oficialismo, y los nuevos proyectos no se hicieron esperar en especial aquellos que buscan revertir las partes más polémicas y dañinas de la Ley Bases, que el mes pasado cumplió un año de vigencia y es el sustento del plan de gestión de Javier Milei, en especial en el desguace del Estado nacional.
Por eso, con apoyo de los gremios, ya hay varias iniciativas parlamentarias buscando desarmar ese camino. Además, se intentará mitigar el impacto de la motosierra, que dejó como más de 53 mil estatales cesanteados según el último reporte y una sub-ejecución presupuestaria que en áreas como salud supera el 60 por ciento de los recursos, algo muy cuestionado en momentos de crisis sanitaria.
La idea de voltear la Ley Bases, sobre todo los artículos vinculados al ajuste de los estatales y los derechos laborales, parece ser una consecuencia de las derrotas parlamentaria que sufrió la gestión de Milei, que no podrá desregular la marina mercante o disolver organismos como el INTA o el INTI. En este sentido, la principal ofensiva contra la normativa libertaria se conoció esta semana, cuando con apoyo de gremio y “dipu sindicalistas”, la legisladora Vanesa Siley presentó un proyecto para derogar el artículo 52 de la ley 27.742, así como “toda norma reglamentaria o disposición administrativa que habilite el pase a disponibilidad por exceso de dotación u otras causas ajenas a la supresión efectiva de funciones” a los trabajadores de la administración pública nacional. La iniciativa, a la que tuvo acceso Data Gremial, retrotrae todos los pases desde el primer día de 2024 hasta que se convierta en ley la normativa, además de establecer “la inmediata reincorporación de los trabajadores y trabajadoras afectados a sus cargos de origen, garantizando la continuidad del vínculo laboral, la percepción íntegra de sus haberes y el reconocimiento de todos los derechos adquiridos”.
La medida fue presentada con apoyo de los diputados Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Pablo Carro y Mario Manrique, quienes junto a dirigentes sindicales destacaron la importancia de su aprobación.
En los fundamentos de la normativa, Siley recalcó que “la estabilidad del empleado público no debe entenderse como un privilegio corporativo, sino como una garantía institucional indispensable para la construcción de una administración pública profesional, imparcial, competente y comprometida con el interés general”. Además, la legisladora –dirigenta del gremio de judiciales de la Ciudad de Buenos Aires –explicó que el gobierno incluso “incumplió” lo que establecía el polémico artículo respecto del pase a disponibilidad de estatales que estuvieran en organismos a los que se reestructuraría, fusionara o incluso cerrara. La ley estableció que ese personal debía recibir “capacitación laboral de los agentes afectados, programas de reconversión de tareas, reubicación efectiva en otras dependencias o asistencia integral para garantizar la continuidad del empleo público”.
Sin embargo, dijo Siley en su propuesta, “la realidad demostró lo contrario, el Estado incumplió sistemáticamente con tales obligaciones, reduciendo el artículo 52 a un mero instrumento de ajuste y vaciamiento de la estructura estatal”. En lugar de desplegar “políticas de fortalecimiento de capacidades y recursos humanos, se utilizó la figura de la ‘disponibilidad’ como una vía encubierta de despido masivo, incompatible con el principio de estabilidad absoluta de los trabajadores públicos consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
Ajuste salvaje
Artículos como el 52 que ahora se busca revertir de la llamada Ley Bases generaron las herramientas para el desguace del Estado, que se sigue imponiendo en estos días, pese al freno que intenta imponerle el Congreso. El caso del INTA es el más claro: Sus trabajadores lograron un fallo judicial contra su reestructuración, y el Congreso decidió dar de baja el decreto que lo estableció, pero el gobierno avanzó en el pase a disponibilidad de 300 empelados.
“Hay que dar de baja la Ley Bases, y aprobar otras normas que limiten el poder de daño de Milei”, le dijo a Data gremial un dirigente estatal. El objetivo, agregó, es que “cada acción sea un delito, por incumplir la ley, como pasa ahora con el INTA o el INTI”. Atento a esto, se confirmó en la semana que se frenó el avance sobre esos trabajadores, según confirmó la conducción nacional de ATE, que festejó la medida.
Pese a esto, el ataque a los organismos estatales y sus empleados sigue avanzando, y tiene un balance muy negativo. Los datos oficiales, elaborados por la Unidad de Evaluación de Impacto en base al Sistema de Recursos Humanos (SIRHU), confirmaron la reducción del empleo público continuó en julio y “alcanzó los 53.345 puestos de trabajo eliminados durante los primeros 20 meses de la gestión del presidente Javier Milei, lo que representó una caída del 10,6 por ciento del personal estatal”.
Desde la Casa Rosada salieron a destacar que estos despidos significaron “un ahorro anual de 2.106 millones de dólares”, según consigna el informe mensual del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado correspondiente al séptimo mes del año. El recorte más significativo se concentró en dos sectores específicos del aparato estatal: la Administración Pública Nacional (APN), que redujo su personal en un 15,1 por ciento, y las empresas estatales, donde la disminución alcanzó el 18,5 por ciento en el período comprendido entre diciembre de 2023 y julio de 2025.
Un año de ajuste
En julio pasado, se cumplió un año de la vigencia de la norma que hoy se intenta discutir. En ese momento se terminaron las facultades delegadas, pero quedaron varios de sus consecuencias. Para conocer el impacto de la Ley Bases, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó ese aspecto, y destacó lo profundo de los cambios que se facilitaron.
Según el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, aseguró que a julio de este año el gobierno “dictó 157 decretos de carácter legislativo: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se amparan directamente en las delegaciones previstas por la Ley Bases, particularmente en el Título II, de Reforma del Estado”. “Esta concentración de poder no solo vació de sentido el rol del Congreso, sino que habilitó una avanzada sin control sobre las instituciones públicas”, destacó el reporte. En este sentido, la eliminación de organismos tuvo por objeto “la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado”.
Según subrayó el CEPA, en cada una de las áreas o sectores desregulados “las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado, sin que exista reemplazo de esta función en el sector privado”.
La eliminación de los fondos fiduciarios, por ejemplo, “en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional), conllevan la inaplicabilidad de los regímenes que venían a financiar y complementar”. “El mejor ejemplo son las viviendas: se eliminó el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana. No hay reemplazo de esta función estatal”, denunció el trabajo.
Port último, el CEPA analiza el impacto del RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que intentó ser el motor de la llegada de dólares al país. La justificación del gobierno para su aprobación fue “la promesa de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) mediante la concesión de un conjunto excepcional de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios”.
Presentado como “una herramienta clave para dinamizar la economía y generar empleo”, el régimen se aprobó bajo el argumento de que eliminaría “obstáculos a la llegada de capitales externos dispuestos a invertir en proyectos de largo plazo”. Sin embargo, a un año de su entrada en vigencia, los resultados “están lejos de justificar las concesiones otorgadas”.
Desde su aprobación, se presentaron apenas 14 proyectos, de los cuales sólo cinco han sido efectivamente aprobados. Estos implicarían “la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Incluso si se consideran las estimaciones optimistas de todos los proyectos presentados —que anticipan 4.101 empleos directos y 19.771 indirectos, sumando un total de 23.872 puestos— el impacto del RIGI en el mercado laboral sigue siendo muy limitado”. Esa cifra “representa apenas el 20,7 por ciento de la pérdida acumulada de empleo privado desde diciembre de 2023”. “Aun en el mejor de los casos, la capacidad del RIGI para revertir el deterioro del empleo es claramente insuficiente. Lejos de constituir una herramienta efectiva para la generación masiva de trabajo, el régimen está orientado a sectores de baja intensidad laboral”, concluyó el CEPA.