El secretario general del Centro de Patrones, y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Capitán Mariano Moreno, denunció que “el Estado actúa de garante de un negocio privado extranjero dentro de las vías navegables del país, sin exigir reciprocidad”, a partir de un informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que dejó al descubierto una postura ambigua y preocupante del organismo frente a las denuncias de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) sobre el uso irregular de certificados de excepción a la Ley de Cabotaje.
El documento, firmado por la gerenta de Políticas Navieras Gisela Escudero, responde al reclamo elevado por la Fe.Si.Ma.F. respecto de los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambos embanderados en Paraguay y señalados por el gremio por las renovaciones sucesivas de permisos en clara violación del artículo 30 de la Ley 27.419 de Marina Mercante Nacional y que operan desde hace meses en puertos argentinos con tripulación extranjera completa.
En referencia a esto, Moreno cuestionó el desinterés sobre la soberanía nacional y consideró que “el Estado actúa como garante de un negocio privado extranjero dentro de las vías navegables del país, sin exigir reciprocidad”.
“Práctica sistemática de tercerización”
El dirigente sostuvo que “la Agencia que debe velar por los intereses argentinos, ratifica la legalidad de los permisos otorgados, argumentando que las excepciones se emitieron conforme al Decreto-Ley 19.492/44, que permite autorizaciones ‘precarias’ en casos donde no haya barcos argentinos disponibles”.
No obstante, detectó una contradicción en el estudio al remarcar que “el propio informe admite que las empresas renovaron los permisos varias veces (por 30, 60 y hasta 90 días), lo que deja de ser un pedido “excepcional” y lo convierte en una práctica sistemática de tercerización del cabotaje nacional”.
Igual que en la década del 90
Desde el gremio, señalaron que el texto llega incluso a justificar el accionar empresario, señalando que las excepciones fueron tratadas “caso por caso”, pero evita mencionar si el organismo verificó efectivamente la disponibilidad de embarcaciones argentinas, como exige la ley.
“Es muy grave que un organismo reconozca la posible infracción a la ley, pero no adopte ninguna medida correctiva, incluso cuando admite que los buques operaron con tripulación extranjera, y solo traslada la responsabilidad a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, eludiendo cualquier acción inmediata para resguardar la soberanía laboral y económica del país”, denunció el Capitán Mariano Moreno.
Para cerrar, Moreno recordó que este es el mismo organismo que dictó la Resolución 41/25, mediante la cual instauró una flexibilización laboral y una apertura indiscriminada del cabotaje a banderas extranjeras, convirtiendo lo que debería ser una herramienta temporal para casos donde no existan barcos nacionales disponibles en un mecanismo de sustitución de la flota nacional por embarcaciones extranjeras, un proceso que, advirtió, “recuerda al vaciamiento sufrido en los noventa”.