En los días de neblina intensa, que hizo que en la zona del AMBA la visibilidad fuera casi nula, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza la situación fue más que compleja. El movimiento de aeronaves entre otras cosas se realizó siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Las tareas de pista estuvieron a cargo de las brigadas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que alertaron de las dificultades de cumplir con estas tareas en un contexto de ajuste. Incluso, la coordinación nacional de ATE en la entidad denunció que se está funciona “con hasta un 75 por ciento menos del personal necesario para prevenir incidentes en jornadas de neblina extrema”. Este caso es uno de los muchos que se viven en la administración pública nacional, donde la motosierra presidencial dejó organismos con grandes carencias de personas, en muchos casos al borde de la parálisis. Según los últimos datos, desde diciembre de 2023 la gestión de Javier Milei “ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional”, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado.
Los números son contundentes: “Se perdieron 68.561 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 20 por ciento en la planta de personal del Sector Público Nacional”. Es decir, “75 personas por día”, según el último reporte del Centro de Política Económica Argentina (CEPA), que hizo un balance negativo de este plan de achicamiento del Estado.
Como cada mes, el Centro CEPA presentó su informe que analizar la dinámica de empleo del sector público nacional. Desde su asunción en diciembre de 2023, una de las políticas centrales del gobierno de Milei “ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados”. Las 75 cesantías por día son un verdadero record, que en términos absolutos la administración descentralizada del Estado concentra la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades y los organismos centralizados.
En términos proporcionales, “el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo”. El análisis por empresa muestra que “el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos. Le siguen el Banco Nación S.E. con 2.368 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 despidos, mientras que la Casa de la Moneda registra 715 desvinculaciones”.
En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió al 79 por ciento del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.
En ese marco, el gobierno sostiene “la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores”. Ello puede confirmarse en el gráfico donde se observa “un recorte persistente en el empleo público nacional durante todos los meses de la gestión libertaria”. Estos datos “no solo reflejan una política de ajuste, sino también un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional”.
El ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde “los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional”. En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40 por ciento del personal representa un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.
Estrategia
Según el análisis del CEPA; en conjunto estos recortes “no son aislados ni meramente administrativos”, sino que responden a “una estrategia de repliegue sistemático del Estado en áreas donde históricamente ha cumplido funciones irremplazables”.
La combinación de “ajuste fiscal con vaciamiento institucional da lugar a un nuevo paradigma, donde lo público se ve reducido a su mínima expresión, y los derechos sociales, educativos, culturales, tecnológicos y financieros quedan crecientemente subordinados a la lógica de mercado”. Una de las dependencias donde puede verse esto es en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que la gestión libertaria intenta desmantelar desde que asumió. La idea de lograr una transferencia al sector público de las funciones de la entidad industrial hizo que se ajustara buena parte del personal técnico. “Los trabajadores formados por el estado, con años de experiencia, se van del organismo a las empresas por los bajos salarios o los retiros voluntarios”, le dijo a Data Gremial una fuente del INTI.
La semana pasada, técnicos, especialistas, investigadores y profesionales del INTI apuntaron que el gobierno incumple con el freno judicial a los despidos de 800 trabajadores y al cierre de 900 funciones del organismo científico. Lo apuntaron durante una protesta en las puertas de la sede central del INTI, donde apuntaron que “para que gane Argentina hay que sacar a Adorni”, en un banderazo convocado para ayer lunes. Ante ese anuncio, las autoridades ordenaron cerrar el acceso de trabajadoras y trabajadores a la sede central.
La respuesta de las autoridades fue enviar al personal a realizar “home office” y cerrar las puertas del establecimiento. El mensaje de las autoridades del INTI llamando a trabajo remoto para este lunes, con la sede central cerrada, se da mientras continúa la lucha contra el desmantelamiento de la entidad. A casi un mes de un fallo judicial que obliga a dar marcha atrás con el vaciamiento, pero que continúa incumpliéndose. Por eso estaba previsto para este lunes el reclamo con banderazo.
Último ajuste
Como ya anunció en el verano el presidente, la motosierra que ya destruyó casi 70 mil puestos estatales sigue prendida, mientras el libertario esté en la Casa Rosada. Esta semana, por ejemplo, abrió un programa de retiros voluntarios para reducir la cantidad de trabajadores que resguardan esas reservas naturales, como parte de la privatización de uno de los sectores comerciales más importantes del Parque Nacional Iguazú.
La nueva movida desreguladora contra las áreas protegidas a cargo del Estado se dio a conocer a través de dos resoluciones que guardan relación entre sí. Le dan continuidad al plan que comenzó con la desregulación de los requisitos para ser guías, siguió con la prórroga a la explotación de servicios turísticos y continuó la amenaza de despidos a 400 trabajadores. Ahora, la alternativa que el gobierno de Milei le ofrece a los guardaparques es renunciar o adherirse a un plan de retiros voluntarios iniciado con la intención de vaciar al menos al 20 por ciento de toda la planta.
El porcentaje de desvinculaciones fue dado a conocer a principios de este año, cuando en pleno incendio de bosques en reservas de la Patagonia el Gobierno ratificó los recortes al Plan Nacional de Manejo del Fuego, que se encarga del cuidado de esas zonas. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo lanzó la puesta en marcha del Sistema de Retiros Voluntarios con el mero argumento de “achicar”. El texto dice que la Casa Rosada “impulsa una política de desregulación económica y reforma del Estado” que está “orientada a la simplificación y reducción del Estado”.
Con los retiros, agrega, se buscará “un adecuado y racional nivel de dotación” de personal. Pero como para el Gobierno detrás de toda crisis (de supuesta superpoblación de personal) hay una oportunidad, al tiempo de anunciar el recorte de personal también oficializó la concesión y explotación comercial de una de las áreas del Parque Nacional Iguazú que estaban en desuso. Se trata de un sector conexo al Río Iguazú que abre paso hacia la Garganta del Diablo, el epicentro turístico del paseo a Cataratas. Según la Resolución 193/2026 emitida por la Administración de Parques Nacionales (APN), la concesión fue otorgada a la empresa La Gran Aventura Náutica SRL que ya prestaba servicios de excursiones en la zona.