Luego de que el gobierno publicara la Decisión Administrativa 26/2025 que deroga la 3/2004, el titular ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el gobierno decidió blanquear la incorporación de militantes libertarios con remuneraciones extraordinarias”. En medio de las medidas de la motosierra libertaria, que despidió más de 35 mil empleados públicos, esta medida pone de manifiesto el manejo arbitrario del oficialismo de lo público, que viene rechazando ATE.
“Finalmente deciden seguir vulnerando las leyes y atacando los derechos adquiridos. Pretenden abrir la puerta para que los nuevos ingresantes que provienen de las filas oficialistas entren con altos sueldos sin necesidad de que lo hagan por el inicio de la carrera. No cuesta mucho imaginarse que lo que quieren es garantizar que se respete la antigüedad que podían tener en el sector privado”, apuntó el dirigente nacional.
Aguiar cargó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien firmó el documento: “¿No era que ibas a transparentar el ingreso al Sector Público? Ni se les ocurrió pensar en la propuesta de ATE de los concursos públicos por oposición y antecedentes, ¿no? Sólo piensan en sus negocios. Me parece que al final la casta y la vieja política te están ganando por goleada”.
Contra Adorni
“(Manuel) Adorni, me acuerdo cuando hablabas de barrido y limpieza en los entes públicos. Ahora vemos que semejante necesidad de aseo era para acomodar a esos rotos que estuvieron en el Movistar Arena”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Esta medida unilateral por parte del Gobierno distorsiona aún más la devastada realidad salarial y profundiza la precarización de las condiciones de trabajo del colectivo laboral más castigado por el ajuste del Gobierno de Milei.
Además de romper la equiparación escalafonaria, abre la puerta a una enorme discrecionalidad en materia retributiva, vulnera la negociación colectiva, retrocede en derechos adquiridos y viola el principio de progresividad laboral consagrado en pactos internacionales con rango constitucional.
Privatizaciones
En tanto, a pocos días de que el Poder Ejecutivo Nacional publique el decreto 695/2025 a través del cual se habilita la venta parcial de las acciones de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), ATE vuelve a repudiar la decisión política y advierte que la medida está viciada de nulidad ya que los argumentos de que es deficitaria no se sostienen en la realidad. Además, la determinación potencia el ajuste contra la clase trabajadora y el desarrollo científico y energético de un área vital para el país.
Ernesto Simionato, delegado en la Junta Interna de ATE ATUCHA I y II y miembro en la Seccional Zárate, explicó: “La energía nuclear en Argentina es un pilar estratégico para el desarrollo económico, tecnológico y social. Los proyectos como el CAREM-25, el reactor RA-10 – con baja inversión en su fase final – y la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) han sido paralizados, afectando la producción, la investigación y el empleo calificado. Esto debilita la capacidad tecnológica del país y afecta directamente a miles de trabajadoras y trabajadores. CAREM se encuentra totalmente paralizado, con alrededor de 1500 despidos. Sólo quedaron unos 150 estatales de CNEA para sostener una conservación muy mínima ante la falta total de presupuesto”.