El Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfatizó su objetivo de terminar con “las condiciones laborales desiguales entre los choferes” al reiterar su apoyo al proyecto de ley de Ordenamiento del Transporte Público-Privado de Pasajeros en Autmòviles que tiene como objetivo regular las aplicaciones ilegales.
La propuesta presentada en la Legislatura Porteña está en comisión para su tratamiento previo a la puesta en el recinto. Tiene como objetivo una reforma integral del código de tránsito e intenta establecer que sólo podrán operar en la ciudad los vehículos habilitados, conducidos por chóferes registrados y bajo relación laboral formal.
La iniciativa fue llevada por el legislador Alejandro Grillo, del bloque Unión por la Patria y cuenta con el respaldo tanto de los gremios taxistas como de las asociaciones del sector.
Mediante un comunicado, los representantes del SPT remarcaron que “esto nos convoca a todos, el proyecto reúne a todas las partes, tanto a empresarios como trabajadores de la actividad”.
Precisamente, cuenta con apoyo de la siguientes entidades: SPT, Sindicato de Conductores de Taxis,Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT), la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT), CAMETAX y UPIMRRA.
“Nuevo orden”
En ese marco, indicaron que buscan materializar un "nuevo orden" con un marco regulatorio que unifique y comprenda tanto los servicios regulados tradicionales, como a las plataformas digitales de aplicaciones de transporte.
Asimismo, desde el gremio destacaron la importancia de esta propuesta legislativa “a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías” y la “necesidad de modernizar el marco regulatorio tal como lo conocemos, adaptándolo a las nuevas realidades de la movilidad urbana”.
De esta manera, señalaron que el proyecto busca “modernizar y ordenar la actividad de taxis, remises y aplicaciones digitales”.
En la misma línea, manifestaron que la falta de actualización normativa provocó “múltiples problemas” como “la proliferación de servicios informales sin control”, “conflictos judiciales de difícil resolución” y “condiciones laborales desiguales entre choferes”.
Obligaciones estrictas y control estatal
Por otra parte, el proyecto transparenta que reconoce la existencia de las "empresas de despacho de viajes" basadas en plataformas digitales, que actualmente no solo se han transformado en una forma de viajar, sino también en una alternativa de trabajo de fácil acceso pero que deberán responder a obligaciones estrictas como domicilio legal y base operativa en CABA, inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como también tributar por la totalidad de los viajes iniciado en la jurisdicción.
Además, cada viaje deberá registrarse en tiempo real en servidores administrados por el Estado lo que permitirá verificar el cumplimiento tributario, la vigencia de los seguros y la integridad de la información.
Finalmente, anticiparon que “con este proyecto de ley estas empresas deberán implementar un sistema de registro y de transmisión de datos en tiempo real hacia un servidor espejo administrado por la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad”.
A propósito, recalcaron que “deberá contener información sobre los viajes despachados, actividad simultánea de conductores en más de una aplicación, situaciones excepcionales que modifiquen precios, datos para cálculos de la cuota de mercado, cumplimiento de seguros, accesibilidad, tiempos de espera, condiciones contractuales impuestos a conductores y usuarios”.