El interés del Gobierno de imponer una nueva matriz cultural, social y económica no se conforma con inspirarse en épocas pre peronistas, sino que también en prácticas y costumbres de entre fines del siglo XIX y principios del XX. Así lo hizo saber uno de los empresarios “referentes” del pensamiento libertario, Martín Varsavsky, muy conocido por compartir numerosas cenas con el presidente Javier Milei.
A través de sus redes sociales, Varsavsky dejó entrever que el Ejecutivo nacional podría incluir una jornada de 13 horas en la reforma laboral y salió a matizar.
Mediante su cuenta de la red social X, señaló que la iniciativa que plantea estas modificaciones en la regulación de las relaciones de trabajo están basadas en el reciente “modelo griego”, que contempla más medio día, al tiempo que aclaró que se daría de manera "negociable entre empleadores y empleados".
El empresario trató de bajar el tono a la mencionada versión al revelar que “no es preciso afirmar que Javier Milei 'quiere poner' una jornada laboral obligatoria de 13 horas".
¿Cómo sería el esquema?
En ese contexto, profundizó que la propuesta, según detalló, se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas y se podría aplicar un máximo de 37 días al año, con el objetivo de "optimizar la productividad".
No obstante,al viralizarse el mensaje, miles de usuarios cruzaron al empresario y señalaron a la idea como un intento de imponer un "esclavismo moderno".
Además, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, consideró que “la primera reforma laboral que hay que hacer es bajar la jornada laboral de los trabajadores y las trabajadoras”.
¿Qué otros cambios propone el Gobierno?
La duración de la jornada laboral fue un punto que no fue anunciado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en 11 de octubre cuando participó de un acto de campaña en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
A partir de trascendidos, la reforma laboral libertaria incluiría cambios drásticos como la eliminación de las indemnizaciones por despido, que serían reemplazadas por un fondo de cese laboral (similar al de la UOCRA); la creación de un "banco de horas" para compensar las horas extra con tiempo libre en lugar de pagarlas; la habilitación para firmar contratos en cualquier moneda, incluyendo dólares; y la flexibilización de las vacaciones, con lo que el empleador podría decidir los días y las fracciones en que se toman.
El argumento que brinda el Gobierno, el cual es muy cuestionado por muchas entidades gremiales y especialistas, es que son necesarias para reducir la informalidad laboral, que afecta al 50 por ciento de los trabajadores, y para terminar con la "industria de los juicios”.
Sin embargo, el sector más duro de la CGT rechaza de plano cualquier modificación en la legislación laboral que implique pérdida de derechos. En tanto, los empresarios advierten sobre el impacto de la carga impositiva en la producción es uno de los temas que más preocupa, marcando una agenda propia más allá de la que quiere llevar adelante el oficialismo o los sindicatos.