La justicia de Misiones condenó a dos dirigentes docentes a penas de prisión por participar de un acampe sindical, y generó un peligro precedente. La jueza Correccional y de Menores N° 1 de Posadas, Marcela Alejandra Leiva, condenó esta semana a Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez por su participación en los cortes de la avenida Uruguay y el acampe realizado durante la protesta de 2024 en la capital provincial. Tras el cierre de los alegatos, la magistrada dispuso penas de prisión en suspenso, sumadas a tareas comunitarias y el pago de costas, al considerarlos “responsables de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra”. La medida generó el repudio de todo el arco sindical.
Tras casi dos horas de espera luego de la conclusión de los alegatos, el secretario a cargo leyó la sentencia condenatoria. Mónica Gurina recibió 10 meses de prisión en suspenso y Leandro Sánchez ocho meses en la misma condición. Además, se les impuso la realización de tareas comunitarias.
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado. La Fiscal sostuvo que ambos eran líderes del conjunto de protestantes y, por ende, responsables de “desoír” una orden de desalojo que les había llegado ese 1 de junio.
Repudio total
El fallo generó un inmediato repudio entre las organizaciones sindicales y sociales que acompañaron a ambos acusados, y en concordancia los sindicatos docentes no oficialistas de Misiones convocaron a un paro de 24 horas con asambleas zonales, que se realizó hoy jueves en toda la provincia. Además, llaman a movilizar al Palacio de Justicia de Posadas el próximo lunes 1° de diciembre, cuando se darán a conocer los fundamentos del fallo.
Desde la CTA Autónoma, que acompañaron a los acusados en el proceso judicial, recalcaron que llamó la atención el débil trabajo probatorio por parte de la Fiscalía. “Ninguno de los testimonios de sus testigos, en su mayoría policías, respaldó la interpretación de los hechos presentados por la Fiscal”, dijeron. Principalmente, agregaron, “la acusación se basa en atribuir a Gurina y Sánchez un poder omnímodo de direccionamiento de las protestas de 2024”. Además, la acusación desconoce la prevalencia del derecho a la protesta por sobre otros derechos individuales.
Criminalización
Durante el primer semestre de 2024, en la provincia de Misiones se dio un extendido plan de lucha de las trabajadoras y trabajadores del Estado provincial, con el acompañamiento de la comunidad, en reclamo por mejoras salariales que hagan frente a la pérdida del poder adquisitivo dados los altos porcentajes de inflación y la transferencia de la riqueza de los sectores populares hacia los grupos concentrados del poder fruto de la devaluación de diciembre de 2023.
En la previa a la sentencia, hubo una importante movilización en la capital de Misiones donde comenzó el juicio. “Sientan en el banquillo de los acusados a una maestra y a un maestro de escuela. Eso tiene una clara intención, disciplinar al conjunto del movimiento obrero que pretende luchar. Este proceso de criminalización de la protesta social que se está llevando adelante en esta provincia está íntimamente vinculado con lo que ocurre en el orden nacional. Es una réplica de la política de Milei. Represión y más represión como única posibilidad de que pase este modelo de país en el que no ingresamos con una vida digna trabajadores y jubilados”, apuntó Rodolfo Aguiar, titular de ATE, que estuvo presente en la jornada de lucha.