El gobierno nacional permanece inmóvil ante la grave crisis que afecta a la industria textil y los propietarios de las empresas del sector recurren también a las autoridades de la oposición, las cuales son más receptivas. En la “Capital de la Empanada”, Famaillá, provincia de Tucumán, un intendente peronista salió al rescate de la firma Santista- ex Grafa.
Se trata del jefe comunal Enrique Orellana, a quien los industriales le comentaron “la situación difícil del sector textil y de la empresa”, según afirmaron fuentes cercanas a la empresa y en el propio Municipio.
A propósito, Orellana anunció que “antes de que la crisis apriete más, llegamos a un acuerdo que establece una reducción impositiva para que pague un poco menos y así tengamos la tranquilidad de que Santista (ex Grafa) siga funcionando, produciendo y de que la gente que está dentro continúe trabajando”.
El beneficio
Con la misión de mantener a flote a la compañía, la Municipalidad habilitará una reducción del Tributo Económico Municipal (TEM) establecida para la actividad textil, que en la actualidad tiene un alícuota de un 0,8%.
El intendente mencionó que la reducción de esa alícuota será de entre un 30% y un 50%, aunque aún debe oficializarse, y tendrá una duración de seis meses.
Asimismo, el dirigente político deslizó una crítica sútil contra la administración de Javier Milei e indicó: “Esperamos que el Gobierno nacional revierta el ingreso de tantos productos, lo que está destruyendo la industria nacional”, expresó Orellana.
Efecto contagio
Ante este caso testigo, otras textiles podrían, en la misma línea, acudir a las intendencias -donde están radicadas-, con el fin de buscar alternativas enfocadas en la base imponible de los códigos tributarios municipales. Pero la preocupación crece en el arco industrial de la provincia debido al panorama económico.
De hecho, en una reunión que mantuvieron a fines el ministro de Economía, Daniel Abad, y las autoridades de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) se plantearon opciones como paliativos: reducir la presión fiscal provincial; la administración transitoria del comercio exterior para proteger la producción local frente a la competencia desleal; líneas de financiamiento productivo, con tasas subsidiadas y garantías provinciales para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME); e incentivos a la exportación y a la importación de bienes de capital, promoviendo la modernización industrial.
El caso de Santista se sumó a los de Scania -que suspendió la producción hasta el 20 de julio-, a la planta de Topper -que aplicó una reducción de la producción y una baja en los salarios-, y a los problemas en Papelera Tucumán, entre otras situaciones
En ese difícil escenario, las compañías han replicado en las distintas plantas radicadas en la provincia una reducción de la producción o están a punto de implementarla.
Los síntomas de esta baja actividad, como el aumento de las importaciones y la caída del consumo, han presionado a las firmas, que salieron a gestionar alternativas para evitar -por ahora- medidas más duras, como la finalización de contratos o más despidos.