Durante esta semana, varios dirigentes sindicales de la provincia de Buenos Aires recibieron mensajes del ministro de Trabajo provincial Walter Correa. El texto decía específicamente que “los compañeros de la CGT junto con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores configuran la columna vertebral del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), conducido por nuestro gobernador Axel Kicillof, donde necesitamos el consentimiento donde se manifiesta que el que gana conduce y el que pierde acompaña”. Además, se les pedía a los referentes que se realicen plenarios para discutir “la agenda del trabajador” para lograr la unidad.
Al final se insistía con la misma idea: “Que el movimiento obrero sea la columna vertebral en apoyo al gobernador y al MDF”. El mensaje cristaliza la idea que hay en el entorno del gobernador de sumar a los gremios como parte de su armado, para lo cual antes tuvo que cerrar una paritaria estatal compleja. Más allá de la tensión por el paro de una organización docente, la relación se mantiene firme, y tendrá este jueves un primer capítulo de acción conjunta, con una protesta frente al Ministerio de Economía nacional contra el ajuste en el giro de recursos. Los gremios alertan que además del impacto en las arcas públicas, la motosierra libertaria “afecta también al sector privado”.
La jornada de protesta protagonizada por los gremios comenzará a las 11 horas en la esquina de Diagonal Norte y Esmeralda, frente a la cartera de hacienda. Allí, todo el arco sindical protestará contra el ajuste del gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires en particular y al reto de las jurisdicciones en general. La medida fue convocada por la gestión de Kicillof en el marco de la pelea que lleva adelante contra el modelo libertario, a quien acusa de haber dejado de enviar 7,2 billones de pesos.
“Hay una movilización de los gremios de la provincia de Buenos Aires, porque el ajuste que está realizando el gobierno nacional sobre las cuentas bonaerenses termina generando una situación gravísima, con respecto a su capacidad de cumplir con sus obligaciones de obra pública, y de atender todas las demás necesidades de salud, educación y seguridad”, sostuvo Pedro Wasiejko, líder de FeTIA e integrante de la conducción de la CTA de los Trabajadores, que serán parte del reclamo. Además de integrantes de las tres centrales obreras bonaerenses, se sumarán a la jornada conducciones nacionales, como la de ATE, y movimientos sociales.
Ante esto, Wasiejko le dijo a Data Gremial que “los gremios tienen conciencia clara de esta cuestión, porque entendemos que concientizar e informar a la opinión pública de este tema es clave, está claro que el gobierno está ajustando brutalmente, impidiendo que el gobierno provincial cumpla con sus obligaciones”. Esta idea se viene construyendo desde hace un tiempo, cuando el gobierno decidió que antes de negociar salarios o mejoras laborales con los estatales se pone en conocimiento el estado de las cuentas, y el impacto del ajuste libertario, para saber los recursos disponibles. En la jornada de lucha se manifestará además que este modelo no sólo afecta l empleo público.
“El ajuste también impacta en el sector privado, todos los días cierras empresas, se pierden muchos puestos de trabajo, en el sector neumático por ejemplo se perdió casi un 40 por ciento el empleo, en el metalmecánico está muy golpeado, lo mismo que las pequeñas y medianas empresas”, recordó Wasiejlo. También esta realidad “golpean sectores que están a la vanguardia de los avances tecnológicos, como el área electrónica o petroquímico”. “Afecta mucho la apertura indiscriminada de las importaciones, sin proteger la industria nacional”, dijo el referente de la CTA de los Trabajadores.
Documento
En la previa, las centrales obreras consensuaron un documento donde expresaron su postura contra “el modelo de ajuste y saqueo impulsado por el gobierno de Javier Milei”, a quien lo acusan de “traslada el peso de la crisis a las provincias, forzándolas a asumir recortes que profundizan la desigualdad territorial”. “Los salarios se desploman mes a mes por la intervención del gobierno nacional en las paritarias, que bloquea aumentos necesarios para sostener el poder adquisitivo. Lejos de reforzar los programas sociales, el Estado avanza con recortes que impactan directamente sobre los sectores más vulnerables”, explicaron. “Esta delicada situación se agrava con los despidos masivos y el cierre de organismos nacionales, configurando un escenario de creciente exclusión y deterioro social”, agregaron. Ante esto, afirmaron, “las provincias enfrentan el ajuste fiscal inducido por Milei y Caputo a través de la eliminación casi total de las transferencias no automáticas y de una política económica recesiva. Esta situación ha reducido significativamente los ingresos provinciales, tanto por menor coparticipación como por caída de la recaudación propia”.
Para las dos CTA, el ajuste del gasto provincial “afectó principalmente la obra pública y los salarios estatales, lo que agrava la recesión en cada distrito”. Ante esta crítica situación económica que atraviesa el país, los gremios “alzamos la voz para reclamar la devolución de los recursos que son del pueblo, del trabajo y de la producción de nuestra tierra”. “Exigimos al gobierno nacional la transferencia urgente de los fondos para asegurar el pago de salarios por encima de la línea de la pobreza, sostener la obra pública, restituir el FONID y cuidar el entramado productivo que da vida a nuestras economías regionales, entre otros aportes federales que se han dejado de cumplir. No se trata de privilegios, requerimos lo que corresponde por ley y lo que garantiza la Constitución Nacional”, recalcaron.
Y denunciaron que “cada peso que no llega a las provincias es una escuela que no se construye, una ruta que no se termina, una pyme que cierra, un hospital que no se levanta, una familia que se queda sin ingresos. Es un golpe directo a los trabajadores, a los productores, a las cooperativas y a quienes día a día sostienen nuestras comunidades con esfuerzo y dignidad”. “Gobernar es defender la producción, el trabajo y la justicia social. Por un federalismo más justo, real, equitativo y solidario”, concluyeron.
Impacto del ajuste
Según los datos del Ministerio de Hacienda bonaerense, el ajuste del Gobierno nacional impacta en las finanzas provinciales por el recorte de transferencias no automáticas del 80 por ciento real, lo que significa “una fuerte caída de la recaudación del 10 por ciento; y mayor presión sobre los gastos por el retiro de la Nación de sus funciones”. Los datos coinciden con un informe sobre los datos del ajuste, sobre Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones, elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, que estableció que “la pérdida de recursos más potente se produjo por la casi total eliminación de transferencias corrientes y de capital de la Nación a las provincias”.
Las transferencias no automáticas “cayeron en términos reales en 2024 el 79 por ciento (sin contabilizar el aumento de transferencias a CABA que significó el pre acuerdo por los recursos coparticipados)”. Esta partida incluye “el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios”, entre otros recortes.
En todo el documento, al que tuvo acceso Data Gremial, los datos corresponden a 22 provincias. No hay datos de 2024 para Santiago del Estero y La Pampa. El ajuste del gasto “se concentró fundamentalmente en el gasto de capital que cayó, para el promedio de los 22 distritos, 33 por ciento real”.
Sin embargo, por la estructura de gastos de las provincias, “concentrada en el gasto en personal, fueron los salarios públicos provinciales quienes más aportaron al ajuste total, marcando una pérdida real interanual del 15 por ciento, en promedio”. Se trata de un recorte en dos de los motores claves de la actividad económica de las provincias: “por un lado el de la obra pública y el efecto dinamizador que tiene en el empleo; y por otro lado el poder de compra de los agentes públicos, clave en la estructura y el nivel de demanda interna de cada provincia”.
La política de ahogo fiscal del gobierno nacional (eliminación de transferencias y recesión del nivel de actividad), más la decisión de buena parte de los gobernadores de acompañar estas políticas por vía de un ajuste del gasto aún mayor que la caída de los ingresos, “han construido un cuadro de supuesta fortaleza fiscal provincial, expresado en el hecho de que en 2024 sólo cuatro provincias cerraron el año con déficits significativos, mientras que en el 2023 esta situación abarcaba a 13 de las provincias”. “Las cuentas ordenadas, al precio de ajustar al máximo las prestaciones sociales del Estado, la obra pública y el salario, e inducir a un ajuste en el nivel de vida de las provincias, tal el efecto de las políticas del gobierno nacional y de buena parte de los gobernadores provinciales”, recalcó el reporte del IEF.