La Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) anticipó que la semana próxima anunciará “un plan de lucha escalonado” ante el incumplimiento de funcionarios del área de transporte del acuerdo de derogar el decreto 870/18. “Nos vienen dilatando con lo acordado. Nuestra respuesta de protestas es acorde a los incumplimientos del gobierno”, sostuvo su titular, Juan Carlos Schmid, que se mostró sorprendido por la falta de cumplimiento de este reclamo.
El mencionado decreto ordena la utilización de una única terminal operativa en el Puerto de Buenos Aires y fue firmado durante el gobierno de Mauricio Macri. El pasado 6 de marzo ya habían lanzado desde la federación un comunicado titulado “los acuerdos se cumplen” donde manifestaban su pedido de derogación debido a que implica “prácticamente el desguace de dicho enclave portuario y por tanto la pérdida de capacidad de manejo en el comercio exterior para el país”.
De mantenerse, alertaron, significa “la puesta en riesgo de miles de fuentes de trabajo”, afirmaron. “El decreto sigue consagrando el esquema macrista instaurado para el Puerto Federal de la Nación”, habían agregado en su momento.
Notoria diferencia
En aquel documento, la FeMPINRA ya había anunciado que “se ejerce una notoria discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace” y que “en este escenario no se puede impedir que retomemos medidas de fuerza a raíz del lamentable incumplimiento de las autoridades”.
Además, anticiparon su malestar la semana pasada tras una reunión en la que participaron los diferentes gremios integrantes de la federación donde analizaron las acciones a llevar a cabo ante la nula respuesta de las autoridades.
En ese sentido, el texto de inicios de mes había fundamentado que el 21 de abril y el 4 de noviembre llevaron a cabo medidas de fuerza para “exigir que se conforme una mesa de trabajo y ejecución política que abarque los ejes centrales que atañen a la navegación interior, el desarrollo de la industria naval y la ley de Marina Mercante nacional e impuesto a las ganancias”. En ambos casos, el resultado habían sido actas, una en junio que establecía un plazo máximo de 120 días para la derogación y otra el 28 de noviembre con la firma de Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, y Raquel “Kelly” Olmos, ministra de Trabajo Nacional. Ambas fueron incumplidas por las autoridades.
Integración
“Creemos firmemente en la integración latinoamericana”, había agregado también Schmid en aquel texto, pero había advertido que “esta no podrá alcanzarse si sostenemos la matriz asimétrica que promueve una integración vertical y dispar en términos de relación política y comercial”.
“Hemos llegado a un punto donde, como los dirigentes sindicales, no queremos ya firmar ningún acta” sino “que se cumpla lo firmado”, habían manifestado en aquel comunicado. Según lo informado por la federación, la continuación de ese punto ahora es el citado plan de lucha que se difundirá en los próximos días.