La Justicia Federal de Mendoza dictó una medida cautelar que suspende los efectos de la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, que habilitaba pases a disponibilidad, traslados y cesantías en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El fallo, conocido este lunes 9 de septiembre, constituye un nuevo triunfo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) frente a la avanzada del Ejecutivo sobre los organismos públicos autárquicos.
Un amparo sindical con efecto inmediato
El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, en el marco de la causa “ATE c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo sindical”, hizo lugar al planteo del sindicato y ordenó suspender la aplicación de la resolución ministerial mientras dure el proceso judicial. La decisión alcanza no solo al INV sino también a toda medida derivada de la normativa cuestionada.
En concreto, la Justicia ordenó al Estado Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que implique reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o la supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Aguiar: “En la Justicia les estamos ganando por goleada”
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión con un mensaje contundente en redes sociales.
“La Justicia suspendió los pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Otro triunfo de ATE. Milei, me parece que en la Justicia te estamos ganando por goleada, siguen en picada. ¿Qué pasó con tu ministro, ‘el coloso’? Al final, dilapidó las facultades delegadas”.
Aguiar también apuntó contra el titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, al señalar que la insistencia del Gobierno en aplicar medidas de ajuste por fuera del Congreso quedó una vez más frustrada.
“No te sirvió de nada hacerte el pícaro después de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación e insistir con los pases a disponibilidad. Aunque ya te van a notificar, te lo adelanto yo: quedaron sin efecto”, disparó el dirigente estatal.
Un patrón de derrotas judiciales para el Gobierno
El fallo en favor de los trabajadores del INV no es un hecho aislado. Forma parte de una seguidilla de reveses judiciales que viene sufriendo el Ejecutivo frente a los amparos sindicales.
- El caso del INTA: en agosto, la Justicia frenó el despido de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y dispuso una multa de 10 millones de pesos por día en caso de incumplimiento. La medida judicial expuso el “capricho” de Caputo, que buscaba avanzar con los cesanteos ignorando la protección laboral vigente.
- Otros organismos en la mira: previamente, el Gobierno había intentado aplicar los pases a disponibilidad en organismos de control clave y entes autárquicos, en una jugada interpretada como revancha tras la derrota en el Senado, cuando se rechazaron los decretos de desregulación. El plan oficial contemplaba el cierre o vaciamiento de oficinas, con cientos de trabajadores afectados en áreas estratégicas del Estado.
- Una estrategia repetida: en todos los casos, la Casa Rosada buscó apoyarse en la resolución 1240/2025 y en facultades delegadas para imponer las cesantías, pero los tribunales dieron lugar a los amparos de ATE y frenaron los efectos de la norma.
El valor simbólico del INV
La suspensión de los pases a disponibilidad en el INV tiene además un fuerte valor político en Mendoza, provincia clave para la industria vitivinícola y con gran peso electoral. El instituto cumple funciones estratégicas en la fiscalización, promoción y regulación de la producción de vinos, un sector emblema de la economía regional.
El fallo no solo resguarda la estabilidad laboral de decenas de trabajadores, sino que también preserva la continuidad de un organismo con más de 65 años de trayectoria.
Una pulseada abierta
El triunfo judicial refuerza la posición de ATE en la defensa de los organismos públicos frente al ajuste del Ejecutivo. Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse: la Casa Rosada insiste en que los pases a disponibilidad forman parte de un plan integral de reducción del gasto público y evalúa nuevas estrategias legales para sostenerlos.
Por lo pronto, la Justicia volvió a marcarle un límite al Gobierno. Y en ese terreno, los sindicatos ya reconocen una tendencia: cada intento de avanzar con recortes laborales en organismos autárquicos encuentra un freno en los tribunales.