El dirigente sindical y presidente del Club Camioneros, Pablo Moyano, fue finalmente sobreseído en la causa en la que se lo acusaba de liderar una presunta asociación ilícita destinada a defraudar al Club Atlético Independiente. La sentencia marca el cierre de una persecución judicial y mediática que se extendió por más de ocho años, y que el propio Moyano definió como un ejemplo paradigmático del lawfare impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Se terminó la persecución macrista”
En un comunicado difundido este viernes, Moyano celebró el fallo y apuntó directamente contra los responsables políticos y judiciales del armado de la causa.
“Se terminó la persecución macrista, la sentencia demostró que todo fue falso”, expresó el secretario adjunto de Camioneros, quien recordó que la investigación incluyó “100 meses de causa ilegal, 28 allanamientos y testigos comprados”.
El texto señala de forma explícita a figuras de la gestión de Juntos por el Cambio: la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exjefe de Gabinete Gerardo Milman, la asesora Florencia Arietto, el exfiscal general Julio Conte Grand, el fiscal Sebastián Scalera y la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre otros.
Para Moyano, todos formaron parte de un entramado de persecución judicial y mediática que tuvo como objetivo “desprestigiar a los dirigentes sindicales combativos”.
El rol de la mesa judicial y la Gestapo antisindical contra los gremios
Desde el primer momento, la defensa del referente camionero denunció que la llamada “causa Independiente” fue un intento deliberado de criminalizar la actividad sindical.
La investigación, abierta en 2017, sostenía que Moyano lideraba una red de reventa de entradas y negocios vinculados a la barra brava del club. Sin embargo, la Justicia determinó que no existían pruebas ni elementos objetivos que vincularan al dirigente con ningún hecho delictivo.
El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, fue contundente en redes sociales al conocerse la sentencia: “PABLO MOYANO – Final de la persecución macrista: Bullrich, Milman, Arieto, Servicios de Inteligencia, gabinete de Vidal, Scalera, Conte Grand – 100 meses de causa ilegal y 28 allanamientos y testigos comprados. La sentencia demostró que todo lo de Independiente fue falso”, escribió en X (ex Twitter).
Llermanos también recordó el contexto de violencia institucional en el que se gestó el expediente: “Echaron al juez Carzoglio por denunciar que amenazaron de muerte a su esposa, obligándolo a condenar a Pablo Moyano”, señaló, y agregó que incluso se había montado “un estudio ilegal de cámaras y micrófonos en la celda 13 destinada a Pablo”.
“Una trama de violencia institucional”
El abogado apuntó también contra periodistas y operadores judiciales que, según afirmó, formaron parte del mismo engranaje persecutorio: “Luis Majul y algunos colegas de LN+ formaron parte de un entramado de violencia institucional de enormes proporciones”, escribió.
“Mientras el fiscal Scalera indagaba a Pablo Moyano, Conte Grand, contrariando la prohibición legal, decía desde TN que Pablo tenía que quedar preso”, añadió.
Llermanos calificó la investigación como “un expediente judicial repugnante” y denunció que fue objeto de amenazas y presiones constantes para abandonar la defensa. “La llamada causa Independiente fue un fraude urdido para lograr el máximo desprestigio de líderes sindicales”, concluyó.
Un fallo que reivindica
La sentencia que sobreseyó a Moyano fue recibida con satisfacción por el entorno del camionero y amplios sectores del movimiento obrero organizado. Desde la CGT, dirigentes de distintas ramas destacaron que el fallo no solo reivindica al líder camionero, sino que confirma la existencia de una persecución política y judicial contra quienes se opusieron a las políticas del macrismo.
Para Moyano, el cierre del expediente no significa olvido, sino memoria: “Durante años intentaron ensuciar a los trabajadores y a sus dirigentes. Pero la verdad siempre sale a la luz”, afirmó.
La sentencia, según su entorno, sella el final de uno de los armados judiciales más burdos de los últimos tiempos y deja al descubierto el funcionamiento de una “mesa judicial” que operó para encarcelar y desacreditar a los referentes sindicales durante la gestión de Cambiemos.