Apenas dos meses después de asumir como interventor de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), Marcelo Petroni firmó un convenio que hoy quedó en el ojo de la tormenta. El 23 de enero, estampó su rúbrica en un acta con la droguería Suizo Argentina, con el objetivo de regularizar cuatro meses de deuda y garantizar la provisión de medicamentos, incluidos los tratamientos oncológicos de alto costo.
El contrato no era menor: se trataba de una operación millonaria que, lejos de aliviar la crisis financiera de la obra social, abrió la puerta a una investigación judicial. La fiscalía federal a cargo de Guillermo Marijuan analiza más de 100 facturas diarias emitidas en ese período, que suman un total de 7.700 millones de pesos entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.
En ese lapso, OSPRERA realizó 101 giros solo en enero, un récord absoluto frente a meses anteriores. Sin embargo, la deuda reconocida con Suizo Argentina aún supera los 3.000 millones, lo que obligó a renegociaciones y planes de pago constantes.
Un interventor con conexiones políticas
El caso adquirió un cariz político cuando aparecieron como prueba mensajes de WhatsApp del propio Petroni, en los que se definía como parte del círculo de poder oficialista. “Nosotros somos Lule (Menem) y Karina (Milei)”, escribió en un chat, sugiriendo que su designación y las decisiones adoptadas en OSPRERA respondían a la influencia directa de la Casa Rosada.
Para el fiscal Marijuan, esos vínculos son determinantes para comprender cómo una de las mayores cajas sindicales del país (se trata de la segunda obra social más grande del país) terminó bajo control de la mesa chica libertaria. Documentos del expediente también conectan directamente a la droguería con Lule Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Contratos polémicos y nuevos negocios
El convenio con Suizo Argentina no es el único que genera suspicacias. La investigación judicial también apunta a un contrato con HTech Innovation SA, una empresa creada en 2024 por Sergio Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La firma debutó en el mercado con facturas millonarias emitidas exclusivamente a OSPRERA, reforzando la sospecha de que la intervención habilitó negocios ligados al oficialismo bajo la excusa de la crisis.
En este esquema, la Justicia ve un patrón: la utilización de la obra social de los peones rurales como plataforma para garantizar contratos a empresas cercanas al poder político.
El trasfondo sindical
Más allá de los números, el expediente apunta a un objetivo político más amplio: el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el sindicato de OSPRERA. Según la hipótesis de Marijuan, la intervención no respondió a motivos técnicos, sino a un plan del Gobierno para apropiarse de la estructura sindical y sus recursos.
Con ese enfoque, el fiscal solicitó al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria al secretario de Trabajo, Julio Cordero; al diputado libertario Pablo Ansaloni; al propio interventor Marcelo Petroni; y a otros tres dirigentes vinculados.
Los afiliados, los grandes perjudicados
Mientras en los despachos oficiales se negocian contratos multimillonarios, abajo, en la vida cotidiana de los trabajadores rurales, la situación es mucho más cruda. Más de 700 mil afiliados esperan que la obra social garantice lo básico: que la medicación llegue a tiempo y que las prestaciones no se interrumpan.
El escándalo de las coimas, las facturas sospechosas y los vínculos políticos exponen cómo los negocios alrededor de OSPRERA terminan afectando de manera directa a quienes menos tienen, los peones rurales que sostienen con su trabajo uno de los sectores más sacrificados de la economía argentina.