Trabajadores de la compañía ILVA de Pilar profundizaron su plan de lucha para resistir a los 300 despidos y comenzaron una campaña de escraches contra las autoridades de la firma para denunciar también la intención de abonar tan solo en el 50% de las indemnizaciones bajo el pretexto de atravesar una situación de crisis.
Con carteles y banderas que incluían la leyenda "ILVA pagá" e imágenes de los propietarios, se acercaron hasta los barrios privados donde residen y prendieron fuego neumáticos en los ingresos para manifestarse.
Al inicio del envío de los telegramas, también se le sumó la abrupta caída de los salarios durante la última quincena, período en el que tuvo vigencia la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Ambas situaciones fueron el caldo de cultivo que empujó a los empleados a tomar acciones directas contra los directivos de la planta ubicada en el partido de Pilar.
En tanto, apenas comenzó con el proceso cesantías, ILVA publicó en los principales sitios especializados búsquedas laborales para cubrir todos los puestos de trabajo
Los apuntados para los actos de desagravio fueron el presidente de ILVA, Franco Bocci y Patricio Colombo, accionista y representante ante la cámaras empresariales de Pilar y la provincia. Además, este último, se desempeñó como funcionario municipal tanto en gobierno peronistas como macristas y es, actualmente, miembro de la comisión directiva del club Boca Juniors.
Los escraches
En ese marco, los operarios se dirigieron al barrio cerrado El Encuentro, en Benavidez, partido de Tigre, donde reside Bocci y a quién lo responsabilizan como la persona que firma los telegramas de despido, en los cuáles argumenta la decisión basada en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, el que permite reducir al 50% las indemnizaciones en caso de crisis por motivos ajenos a la empresa.
Los trabajadores aseguran que la crisis que aduce la empresa es falsa. Para eso, argumentan que la empresa presentó en dos oportunidades un recurso preventivo de crisis frente al Ministerio de Trabajo bonaerense para poder acogerse a las flexibilizaciones previstas en la ley para casos excepcionales, pero en ambas oportunidades fue rechazado.
A la vez, a mediados de este año ILVA efectivizó una importante inversión en la compra de maquinaria para renovar las líneas de producción, que ya fueron instaladas y calibradas por los trabajadores ahora despedidos.
¿Quiénes son Colombo y Bocci?
Patricio Colombo Mosetti es vicepresidente 6.º de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y preside la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) y el consorcio del complejo fabril.
En su carrera política local, fue candidato a concejal de Pilar suplente por el Frente Renovador en 2013, acompañando al entonces intendente Humberto Zúccaro. En 2015, se incorporó al gabinete como nexo entre el Municipio y las empresas. Tras el cambio de gobierno, volvió a ocupar luego el mismo cargo durante la gestión del macrista Nicolás Ducoté, en 2019.Dentro del conflicto actual, los delegados lo señalan como responsable directo: lo acusan de actuar desde el consorcio para aislar a los trabajadores y no asumir la interlocución a pesar de ser el director del consorcio del Parque Industrial de Pilar y responsable de mantener comunicación con los empleados del parque.
Asimismo, trascendió que tiene un vínculo público y documentado con el mundo del fútbol: figura en la nómina de la Comisión Directiva de Boca Juniors (apareciendo como vocal suplente / integrante de la dirigencia según los listados oficiales del club) y viene desempeñándose desde hace años en roles dirigenciales e institucionales que lo acercan al club y a su estructura de gobierno.
Por su parte, Bocci ocupa un rol clave como presidente y miembro del directorio de ILVA Porcellanato, y también aparece vinculado como socio mayoritario de la sociedad LVNOR S.R.L., creada en 2022 junto con otros inversores, incluyendo a miembros de la familia Zanon.
En el contexto del conflicto con los trabajadores, los operarios lo reprenden por su doble discurso: mientras invoca “crisis” para justificar descuentos indemnizatorios, el plantel exige pruebas del difícil estado financiero, especialmente frente a la confirmación de inversiones recientes y nuevas búsquedas laborales.