La renuncia del titular del INDEC generó una fuerte polémica por la sospecha que el gobierno nacional intentará mantener la vieja metodología para medir la inflación, para evitar un nuevo repunte de los valores. Si bien en su carta de despedida Marcos Lavagna no hizo mención al tema, desde distintos sectores apuntan al retraso de la actualización de la canasta que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como la razón de su alejamiento. Ante esto, se renovaron las críticas sindicales al manejo de las estadísticas por parte de la gestión libertaria. Desde la Junta Interna de ATE‑INDEC fijaron postura, y expresaron su “más enérgico rechazo” a la decisión de suspender la actualización de las ponderaciones del IPC con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), cuya aplicación “había sido comprometida para la publicación del dato de enero el próximo 10 de febrero”.
En conferencia de prensa, los trabajadores de INDEC marcaron que “a pocos días de una difusión estadística clave para la vida económica del país, se producen movimientos institucionales y decisiones que alteran el normal desarrollo de procesos estrictamente técnicos”. Estos hechos, agregaron, no pueden interpretarse como aislados: “Constituyen una señal de intromisión política en decisiones metodológicas que deben ser exclusivamente profesionales y científicas”. Otros sectores gremiales criticaron la salida de Lavagna y la postergación de la actualización del IPC, como la Mesa Sindical, que renovó sus críticas al manejo de los datos por parte del ejecutivo. “Defender la independencia del INDEC no es una consigna sectorial ni gremial”, dijeron desde ATE.
Para sus trabajadores, el INDEC “no puede ni debe subordinar sus definiciones técnicas a la conveniencia del gobierno de turno”. “Las estadísticas públicas son un bien social estratégico: de ellas dependen salarios, jubilaciones, convenios colectivos, políticas sociales, presupuestos y decisiones productivas. Manipular, demorar o condicionar su actualización deteriora la credibilidad del organismo y lesiona el derecho de la sociedad a contar con información confiable”, insistieron.
Argumentos
El Ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios argumentaron que la decisión de tomó para mantener la línea de mediciones, una supuesta comparabilidad de las estimaciones. Este argumento, dijeron desde ATE-INDEC, “es insostenible”. “La comparabilidad se puede garantizar sencillamente expandiendo la serie con los nuevos ponderadores hacia el pasado o incluso publicando ambas metodologías en paralelo. Lo único que se logra con esta medida es debilitar la confiabilidad del instituto y sus publicaciones, utilizando patrones de consumo desactualizados para esconder el costo real del ajuste”, recalcaron.
Para los trabajadores, la actualización del IPC con las ponderaciones de la ENGHo 2017/18 “no es opcional ni coyuntural: es una obligación técnica elemental”. Las canastas deben reflejar los consumos reales de la población. “Postergar o frenar esa actualización implica medir la inflación con parámetros desactualizados, afectando la calidad del indicador y la confianza pública”, recalcaron. “La Argentina ya vivió episodios en los que la intervención política dañó gravemente la credibilidad del sistema estadístico. No vamos a aceptar que se repita esa historia”, afirmaron.
Independencia
Además, desde la Junta Interna subrayaron que su preocupación se agrava porque “esta vulnerabilidad no es nueva”. Desde el decreto 927/2009, el INDEC funciona “como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Economía, es decir, bajo dependencia jerárquica directa del Poder Ejecutivo”. Esta estructura institucional “contradice el principio básico de autonomía que todo instituto estadístico moderno requiere y facilita presiones e interferencias sobre decisiones técnicas”. Asimismo, los mecanismos creados para el seguimiento externo, como el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), “no han logrado garantizar un control efectivo ni una transparencia plena de los procesos metodológicos, dejando al organismo sin resguardos institucionales suficientes frente a coyunturas políticas”.
Ante esta coyuntura, desde ATE-INDEC exigieron a las nuevas autoridades del organismo “la publicación inmediata del IPC con las nuevas ponderaciones, tal como estaba previsto; el respeto irrestricto a la autonomía técnica del INDEC, sin injerencias del Poder Ejecutivo en definiciones metodológicas; la revisión urgente del marco institucional vigente, avanzando hacia una nueva ley orgánica que garantice independencia funcional y autarquía, superando la obsolescencia de la Ley 17.622, sancionada en 1968; mientras se debate esa reforma estructural, la implementación de protocolos técnicos permanentes y de rápida aplicación que automaticen actualizaciones metodológicas, cambios de base y revisiones de ponderaciones, evitando que decisiones técnicas queden sujetas a autorizaciones políticas; y la transparencia total de procesos, metodologías y documentación para la comunidad académica, trabajadores y organismos de control”.