En abril pasado, la subsecretaría de Transporte anunció el despido de 117 trabajadores de Corredores Viales, en el marco del proceso de privatización que inició el gobierno nacional en esta entidad estatal. Esto generó el inicio de un plan de lucha del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), que incluyó la vía judicial. Esta semana, el gremio logró una importante victoria, ya que la justicia ordenó la reincorporación de todos los cesanteados. Así lo definió un fallo de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que ordenó dar marcha atrás con la decisión. “La justicia y el tiempo confirman que teníamos la verdad”, dijo el SUTPA, mediante un comunicado.
El fallo, respaldado por las juezas Graciela Craig y Gabriela Vázquez, mientras que Carlos Pose votó en disidencia, dio lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato encabezado por Florencia Cañabate y Facundo Moyano, quienes pidieron la nulidad de los despidos, considerándolos una “represalia por la participación en una huelga”, y ordenó la reinstalación de los despedidos en sus puestos, manteniendo las condiciones anteriores a las cesantías, hasta que se emita una sentencia definitiva.
El SUTPA denunció que “más de 100 trabajadores y trabajadoras de la empresa Corredores Viales fueron despedidos por ejercer su derecho a huelga” y advirtió que “estos despidos, absolutamente violatorios de la Constitución Nacional y de normas de derecho laboral nacionales e internacionales, evidencian la intención de la empresa de desarticular la lucha de los trabajadores representados por el SUTPA”. Además, señalaron: “Desde enero no solo reclamamos por la apertura de negociaciones paritarias, sino también por condiciones dignas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo”.
Fundamentos del fallo
De los tres camaristas que conforman la Sala VI, Pose argumentó que la medida cautelar solicitada (reinstalación provisoria) era” inadmisible” por tres razones. En contraposición, la jueza Craig consideró que la decisión de primera instancia, que rechazó la medida cautelar, resultaba arbitraria y no evaluó de manera adecuada los hechos denunciados ni la prueba documental presentada por el sindicato. Citó jurisprudencia de la Corte para afirmar que la reinstalación cautelar de despedidos es admisible cuando se constata una motivación que vulnera derechos fundamentales, aunque la medida coincida con el objeto de la cuestión de fondo.
Al fundamentar su posición, afirmó que “la documentación proporcionada por el sindicato acredita, de manera indiciaria, que los despidos se motivaron en la adhesión a la huelga, lo que afecta derechos derivados de la libertad sindical, que están protegidos constitucional y supralegalmente”. Asimismo, alertó que “el peligro en la demora se manifiesta por el carácter alimentario del crédito y el menoscabo a la garantía gremial, así como por el riesgo de que el derecho invocado se torne ilusorio durante el proceso”. Vázquez, por su parte, adhirió al voto de Craig, coincidiendo con la revocación de la decisión apelada y la procedencia de la medida cautelar de reinstalación.
Cronología de los despidos
El conflicto se originó en abril pasado, cuando el decreto 244 del Poder Ejecutivo estableció la intervención y privatización de Corredores Viales, otorgándole a la interventora facultades para auditar, reestructurar y remover personal. Ante los rumores de despidos masivos, el Sindicato de Peajes denunció un conflicto colectivo ante la Secretaría de Trabajo, lo que llevó a una medida de fuerza que consistió en el levantamiento de las barreras de peaje.
La protesta impactó en varios carriles de la Autopista Riccheri, provocando un caos de tránsito. Ante esto, la empresa intimó el 9 de abril a los trabajadores a desistir de la medida mediante correos electrónicos y, 48 horas después, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia a la que Corredores Viales no asistió. Ese mismo día, 117 trabajadores recibieron telegramas de despido sin causa.
Por esta razón, el sindicato presentó una acción de amparo contra Corredores Viales, solicitando la declaración de nulidad de los despidos por considerarlos una represalia por la adhesión de los trabajadores a la huelga. Además, pidieron la reinstalación provisoria de los trabajadores afectados mientras se tramita la acción sumarísima, argumentando que los despidos “son una violación de derechos sindicales y laborales protegidos constitucionalmente”. Ahora la justicia le dio la razón a la entidad sindical.