La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) profundizó su plan de lucha con un paro de 38 horas que comenzó el lunes con el objetivo de obtener una recomposición salarial a través de la equiparación con la justicia federal, tal como tienen, desde hace más de 10 años, los magistrados y funcionarios de la provincia.
Además, la entidad adherida a la Federación Judicial Argentina denunció que el Tribunal Superior de Justicia emitió una acordada “ilegítima”, que busca amedrentar a los judiciales que se plieguen al Plan de Lucha.
Los judiciales cordobeses revelaron que quienes ingresan a trabajar en el sector perciben salarios casi a la mitad de lo que, según el INDEC, necesita una familia tipo para cubrir sus necesidades básicas y no ser considerada pobre.
El plan de lucha comenzó con distintas medidas de visibilización, con un paro de 24 horas realizado el 30 de abril con un alto acatamiento en toda la provincia y varias movilizaciones masivas a la Casa de Gobierno y luego al edificio de Tribunales I.
Como respuesta, el TSJ emitió una acordada donde “infringe el derecho constitucional a huelga, niega sistemáticamente el acceso a una instancia de negociación colectiva y, a cambio, anuncia descuentos a quienes participen del reclamo”.
Al respecto, el secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti, expresó que “exigimos al Tribunal Superior de Justicia abrir de manera urgente una instancia de negociación colectiva que permita abordar la crítica pérdida salarial que atraviesa el sector”.
En el mismo sentido, manifestó: “Entendemos que la equiparación de las empleadas y empleados judiciales a la justicia Federal es una vía para recomponer salarios y constituye un derecho garantizado en nuestra constitución nacional: A igual tarea, igual remuneración”.
Críticas a la actitud anti sindical
La actitud del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba fue criticada por la entidad gremial mediante un comunicado subido a su página de internet.
Al respecto, entendió que “las acordadas reseñadas por la Administración General del Poder Judicial son ilegítimas por ser dispuestas de forma unilateral violando la exigencia de negociación colectiva” y consideró que “no pueden cercenar de forma unilateral derechos constitucionales como lo son el derecho a huelga en todas sus expresiones (paros, abandono de tareas y asambleas)".
“La amenaza de sanción disciplinaria por el ejercicio del derecho a huelga, constituye una práctica desleal por parte del TSJ, pasible de sanción”, arremetió. Luego, puntualizó que “las asociaciones sindicales tienen derecho a formular su programa de acción adoptando todas las medidas legítimas de su acción sindical y a promover reuniones o asambleas sin autorización previa en el ejercicio de su rol sindical, es decir, respecto de las asambleas en los lugares de trabajo”.
Luego, mencionó que “todas las medidas de fuerza son debidamente comunicadas a la Secretaria de Trabajo de la Nación y públicamente por los canales de comunicación oficiales de AGEPJ al empleador, al no existir canales formales de negociación colectiva ante conflictos con el TSJ”.