La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza (AEyFPJ) protagonizan asambleas en toda la provincia con el objetivo de avanzar hacia la organización de un paro general, votado por unanimidad tras conocerse una nueva de persecución contra los trabajadores organizados, entre ellos, el secretario general Ricardo Babillon, a quienes los acusaron en una causa por protestar en la calle
La medida fue adoptada en un encuentro en el Palacio de Justicia en solidaridad con los dirigentes sindicales, a quienes señalaron de cometer el supuesto delito de “entorpecimiento de la vía pública”. Dicha situación, hizo que tomara más fuerza el reclamo por salarios dignos y la exigencia de implementar el Convenio Colectivo de Trabajo por parte de la Suprema Corte de esa provincia.
Las comparaciones
Desde la organización sindical señalaron que “las asambleas diarias se llevarán a cabo en los lugares de trabajo hasta definir la fecha del paro, que se anunciará próximamente”. También, recordaron que “el conflicto salarial se agravó luego de que el gobernador Alfredo Cornejo se aumentara $2.000.000 el sueldo”.
Al respecto, el secretario general de AEyFPJ de Mendoza comparó que “ese aumento equivale al salario de dos empleados judiciales”, al tiempo que estableció una diferenciación entre un funcionario de carrera y un empleado que recién comienza su carrera: “El procurador cobra $15.000.000 y un ingresante menos de $1.000.000”.
“Nuestro gremio se sostiene con la fuerza de cada judicial: vamos a realizar asambleas en todas las jurisdicciones para refrendar la medida y darle legitimidad y contundencia”, adelantó el dirigente sindical de la entidad que está adherida a la Federación Judicial Argentina, encabezada por Matías Fachal.
¿Por qué exigen la reactivación del Convenio Colectivo?
Según trascendió, la provincia aún se rige por una ley que data de hace ocho décadas. A propósito, puntualizaron que “este marco normativo, anacrónico por definición, resulta completamente inadecuado para la realidad actual”, ya que sostuvieron que “sus alcances no contemplan una gran parte de las tareas y acciones que se ejecutan a diario, las cuales se han ido complejizando y modificando drásticamente con el avance de la tecnología, la digitalización de procesos y los protocolos burocráticos modernos”.
En este contexto, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, se mantiene en una posición de silencio y hermetismo, no brinda indicios que permitan vislumbrar una salida negociada o un acercamiento.
Ante esa pasividad, el gremio también denunció ser ser víctima de una persecución política y judicial en la que apuntan directamente al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo.
De tal manera que aseguran que el actual mandatario actúa como el jefe político del presidente Garay, a quien le habría impartido la orden directa de paralizar la discusión del CCT.
Desde la conducción sindical mencionaron que la finalidad última que se esconde detrás de esta acción atribuida a Cornejo es obtener la libre disponibilidad de cargos judiciales. La razón que lo empujaría es la de lograr la potestad de operar "a dedo" los nombramientos dentro del Poder Judicial, sin prestar atención los mecanismos transparentes y de carrera que un CCT podría establecer.