Matías Tagliani

Una sentencia de primera instancia condenó a la empresa y a los productores Martín y Hernán Kweller a indemnizar a la periodista y conductora por no haber registrado la relación laboral, ni encuadrarla en la correspondiente categoría profesional y porque utilizó “maliciosamente” un comentario suyo en Twitter para difamarla públicamente y, por ende, despedirla con una causa inventada.

Con el 90 por ciento de las prestaciones suspendidas, demoras de hasta cuatro meses para turnos de atención básica y protestas callejeras que se multiplican, el Jefe de Gobierno porteño analiza nombrar como vicepresidente al funcionario que tenía OSDE pero se hizo aprobar una cirugía cataratas y presbicia por un total de $ 1.331.000 que pagó ObSBA.
 

El juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo N° 20 falló a favor de Alejandro Ocampo. Sostuvo que "se encuentra acreditado que fue perseguido, hostigado y discriminado" desde el momento que decidió formar parte de la APPyJC para defender a sus compañeros y buscó inventarle causas para despedirlo. La empresa había entorpecido su reinstalación con apelaciones, pero ya se agotaron todas las instancias. Fuerte precedente que le pone freno a la actitud antisindical de la firma.

Así lo resolvió esta tarde el dirigente en un encuentro con los referentes de los gremios que integran su espacio, el Frente Sindical.

Será el primer evento público que los encontrará juntos después que el titular de la seccional Campana-Zárate desplazara al metalúrgico porteño de la conducción nacional del gremio. Fuentes consultadas por Data Gremial, sin embargo, aclararon que la “tregua” será solo por esta fecha conmemorativa.  La cita tendrá lugar este lunes a las 11, en el Cementerio de la Chacarita, donde descansan los restos del mítico líder de la CGT asesinado en los 70.

Mediante una cédula de notificación, el Ministerio de Trabajo citó a una audiencia para el próximo viernes. Según lo que pudo averiguar Data Gremial, el Gobierno propondría adelantar los 20 puntos firmados a mitad de año y que estaban previstos cobrarse entre enero y marzo de 2023.

En 2020, un empleado falleció por coronavirus luego de ser obligado a trabajar sin las medidas sanitarias “a punta de pistola” por uno de los dueños de la firma. Un grupo de miembros de ATILRA fue hasta la sede para reclamar y fueron recibidos por el mismo empresario, que también los amenazó con un arma. Intervino la policía, que secuestró el artefacto. Otros episodios.